Los altos cargos
del Gobierno se han pronunciado para rechazar que la oposición presente la
muerte de Luis Manuel Díaz como un homicidio político, e insisten en la tesis
del hampa común
Prensa. elpais.com.
Alfredo Mesa.
La
campaña electoral venezolana se ha convertido en un contrapunteo de versiones
sobre el asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz, ocurrido la tarde
del miércoles en un acto político celebrado en una pequeña ciudad de los llanos
centrales. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la
Unidad Democrática, las dos fuerzas mayoritarias que se enfrentarán dentro de
poco más de una semana en los comicios parlamentarios, se acusan mutuamente de
fomentar el caos y el desorden contratando delincuentes para intimidar a sus
adversarios.
El
jueves el chavismo pasó a la ofensiva para tratar de liquidar la reputación de
Díaz, a quien asocian con la violenta dirigencia sindical surgida
paradójicamente al amparo de la llamada revolución bolivariana. Fue una
respuesta a la extendida condena que ha recibido la violencia política surgida
en quince días de campaña electoral. La primera advertencia correspondió al
presidente Nicolás Maduro. En medio de un acto con campesinos y pescadores el
jefe del Estado hizo una digresión para revelar que las primeras
investigaciones sugerían que la muerte de Díaz era la consecuencia de un ajuste
de cuentas entre grupos rivales.
Un
poco más tarde el jefe del comando de campaña Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez,
amplió esa versión y dijo que Díaz, secretario general municipal del partido
Acción Democrática, era parte de la banda “Los Plateados”, y que su muerte
significaba la desaparición de la supuesta organización criminal. Y después el
gobernador del estado Guárico, el oficialista Ramón Rodríguez Chacín, ha dado
detalles sobre las supuestas andanzas de Díaz. Lo llamó por su apodo, alias “La
Crema”, mencionó su estadía en una peligrosa cárcel estatal, la Penitenciaría
General de Venezuela, y su relación con un alcalde opositor perteneciente a
Voluntad Popular, el partido político que lidera desde la cárcel Leopoldo
López.
Las
tres intervenciones sugieren que el Gobierno intenta atajar la idea que lo
relaciona con la promoción de la violencia política a través de los llamados
colectivos, las organizaciones de base chavista que, tras la fachada de trabajo
social en los sectores pobres, también actúan como grupos de choque en vísperas
de elecciones o protestas opositoras. Es una idea más o menos extendida entre
la comunidad internacional y la opinión pública local, que el chavismo intenta
matizar recordando las supuestas relaciones entre los líderes de la oposición y
algunos criminales convictos y confesos por homicidio.
Washington
ha tomado nota de lo ocurrido y le ha pedido a Caracas que proteja a todos los
candidatos y garantice sus derechos políticos. La canciller Delcy Rodríguez ha
criticado esta declaración por “injerencista, insolente y falsa”.
A
través de las redes sociales el Gobierno ha comenzado a difundir el nombre del
presunto asesino de Díaz, llamado Oscar Noguera Hernández, junto a fotografías
de los supuestos autores intelectuales. Rodríguez ha prometido demandar al
secretario general de AD, Henry Ramos Allup, por acusar al partido socialista
del homicidio. Mientras esto ocurre continúan los percances sufridos por los
candidatos de la oposición. La MUD asegura que hasta este viernes sus
aspirantes han sido atacados en ocho ocasiones. Aún restan nueve días para las
votaciones y la temperatura sigue incrementándose.