Dilma
Rousseff recibe la banda presidencial el 1 de enero de 2015, de la que ahora ha
sido despojada mientras se celebra un juicio político en su contra, que salvo
sorpresas acabará con su salida definitiva del poder en un plazo máximo de 180
días. Crédito: FotosPúblicas
Prensa.
(IPS) –
Brasil tuvo hasta ahora dos economistas
en la Presidencia del país y los dos son los únicos alejados del poder por
procesos de inhabilitación, cuyo trasfondo, paradójicamente, fueron sus
fracasos económicos. Dilma Rousseff, en el poder desde enero de 2011, fue
suspendida de sus funciones de presidenta después que el Senado decidió la
mañana de este jueves 12, por 55 votos contra 22, someterla a un juicio
político que podrá prolongarse por hasta 180 días, durante una interminable
sesión de casi 21 horas.
Durante ese periodo su mandato lo
ejercerá el vicepresidente Michel Temer, quien asumirá definitivamente la
jefatura del gobierno hasta el primer día de 2019 si Rousseff resulta
destituida al final del proceso, para lo que se requerirá una mayoría de dos
tercios de los 81 senadores, convertidos ahora en jueces, es decir, 54 votos. Los
analistas coinciden en que es muy improbable que la suspendida mandataria del
izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) recupere el poder, después de
sufrir derrotas abrumadoras en los trámites de aprobación del juicio por la
Cámara de Diputados, donde 71,5 por ciento votó en su contra, y por el Senado.
Probablemente se repita el caso
anterior, de Fernando Collor de Mello, elegido presidente en 1989, con 40 años,
e inhabilitado en 1992, tras un proceso de solo cuatro meses, basado en
denuncias de corrupción. Pero hay muchas diferencias entre estos dos casos de
“impeachment” (impedimento), el término del derecho anglosajón utilizado en la
legislación brasileña para definir el proceso de destitución contra altos
cargos públicos elegidos popularmente.
Rousseff no es acusada de corrupción
sino de fraudes fiscales para ocultar en los presupuestos la gravedad del
déficit público en los últimos años y cuenta con un apoyo minoritario pero
aguerrido, de algunos partidos de izquierda y movimientos sociales capaces de
movilizar protestas multitudinarias.
Collor cayó totalmente aislado, con
pocos votos de diputados y senadores, apoyado por un micropartido creado para
formalizar su candidatura. Su impeachment resultó prácticamente de un consenso.
Pero hay también coincidencias. Ambos economistas perdieron su piso político
por la gestión temeraria de la economía. Collor inauguró su gobierno con una
brutal medida para contener la superinflación, bloqueó todas las cuentas
bancarias e inversiones, liberando pequeñas sumas para gastos familiares
esenciales.
El producto interno bruto (PIB) de 1990
cayó 4,3 por ciento y se multiplicaron el desempleo y la quiebra de empresas.
El más joven presidente elegido en Brasil perdió de golpe casi toda la
popularidad. Así se cimentaron las condiciones para su inhabilitación al
estallar un escándalo de corrupción dos años después.
Con Rousseff el deterioro económico
llevó más tiempo. Se evidenció al final de su primer mandato (2011-2014) y se
transformó en depresión con la caída de 3,8 por ciento del PIB en 2015, que se
repetiría en 2016, antes de una aún incierta recuperación. Subsidios al
consumo, reducción de impuestos para “estimular” ciertos sectores, contención
artificial de precios de combustibles y de la electricidad están entre las
medidas antiinflacionarias o pro crecimiento que condujeron al desastre,
especialmente en el área fiscal.
La pantalla del Senado de Brasil refleja
el resultado de la votación a favor de abrir un juicio político contra la
presidenta Dilma Rousseff, que se produjo este jueves 12, tras una sesión de
casi 21 horas. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado. Collor y Rousseff
también incubaron sus posteriores defenestraciones desde los comicios, donde
cometieron el llamado “estelionato electoral”, el fraude en las ofertas durante
la campaña.
El primero se eligió en 1989 acusando a
su oponente, el líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, que solo llegaría al
poder en 2003 de la mano del PT, de preparar el bloqueo de los depósitos
bancarios, justamente la medida fatal que él, Collor, adoptó en su primer día
como presidente. Rousseff descalificó a sus contrincantes, durante la campaña
de su reelección en 2014, como
promotores de un ajuste fiscal que luego ella misma trató de impulsar al
iniciar su segundo mandato. Ocultó dificultades de su gobierno y anunció la
ampliación de programas sociales inviables por la falta de recursos.
Fue un error que ayudó a engendrar el
proceso de inhabilitación, admitió el mismo alcalde de São Paulo, Fernando
Haddad, dirigente del PT, en una entrevista el 6 de mayo. La crisis económica
ganó dimensiones de tragedia al sumarse el escándalo de corrupción en los
negocios petroleros del grupo estatal Petrobras, que ya involucra más de 200
empresarios y políticos, incluyendo al expresidente Lula y otros dirigentes del
PT, contaminando así la imagen del gobierno, aunque la presidenta esté exenta.
Ese cuadro hace más eficaz la acusación
de que Rousseff violó leyes de responsabilidad fiscal y del presupuesto, al
firmar decretos ampliando gastos gubernamentales sin autorización y al obtener
créditos de bancos estatales, vedados al gobierno central. Las dos medidas
constituirían “delitos de responsabilidad” que justifican la inhabilitación,
según la Constitución, y habrían agravado el déficit fiscal, el factor clave de
la crisis económica.
El defensor de la presidenta, el abogado
general de la Unión, José Eduardo Cardozo, y parlamentarios oficialistas
rechazaron las acusaciones, arguyendo que los decretos solo redistribuyen
recursos por otros rubros y el gobierno solo atrasó pagos a los bancos
estatales, no configurando las operaciones de crédito legalmente prohibidas.
Un grupo de fatigados senadores aplaude
al final de la maratónica sesión que decidió la separación inmediata de la
presidenta Dilma Rousseff de sus funciones, mientras el Senado, convertido en
tribunal, establece en un juicio político si hay razones para su casi segura
destitución. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado. Decenas de alcaldes y
gobernadores, además de presidentes anteriores, adoptaron medidas idénticas
durante sus gestiones y no sufrieron ningún proceso de inhabilitación, acotó el
senador Otto Alencar, del Partido Socialdemócrata, cuya mayoría votó en contra
de Rousseff.
De todas maneras, el juicio es político,
la presidenta será destituida e inhabilitada si dos tercios de los senadores
juzgan que existen motivos para ese fallo, con independencia de argumentos
estrictamente jurídicos. La batalla por la “admisión” del juicio, primer paso
del proceso en el Senado, obligó a los 78 senadores presentes a trasnochar,
escuchando a 73 oradores que pudieron hablar por hasta 15 minutos, antes de la
votación. Solo tres senadores estuvieron ausentes.
El resultado, que ya se sabía
desfavorable a Rousseff, contempla una indicación crucial para los opositores.
Alcanzar más de 54 votos afianzó la mayoría de dos tercios necesaria para
condenar a la presidenta. Pero no es seguro que los senadores que aprobaron el
proceso mantengan sus votos en el
desenlace de ese proceso.Por lo menos tres senadores matizaron sus votos,
aclarando que solo estaban aprobando la realización del juicio, para que se
profundicen las investigaciones y las discusiones sobre las responsabilidades
presidenciales, antes de decidir su voto sobre la destitución.
Entre esos senadores están el
exfutbolista Romario Faria, senador por Río de Janeiro, y Cristovam Buarque,
exgobernador de Brasilia, ambos de partidos socialistas diferentes. “Habrá lucha” y movilizaciones para
impedir la “injusta” inhabilitación, afirmaron tanto senadores del PT como la
misma Rousseff que ha reiterado su disposición de resistir “hasta el último
día”, lo que califica como un golpe institucional a la democracia. Con el
acenso del vicepresidente, habrá fuerte concentración de poder en manos del
centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que tiene la mayor
cantidad de alcaldes, muchos gobernadores estaduales y ahora la Presidencia,
por ahora interina, además de la jefatura del Senado.
Un grupo de seis senadores de varios
partidos defendieron una alternativa a la “traumática” inhabilitación, la
convocación de elecciones extraordinarias para que “el pueblo elija sus gobernantes”.
Muchos senadores, como Tasso Jereissati, del opositor Partido de la
Socialdemocracia Brasileña, y Collor, el primer inhabilitado, defendieron una
reforma política, ya que el “presidencialismo de coalición” actual demostró ser
fuente de crisis e inestabilidad. El juicio de Rousseff es también una
oportunidad para debatir reformas en el sistema político.
por Estrella Gutiérrez