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Prensa. venezuelaawareness.com
El informe que presentó el gobierno venezolano con motivo del segundo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU está lleno de cifras de 2013 y 2014, y omite dar números sobre homicidios

El Gobierno de Nicolás Maduro aseguró en Naciones Unidas que la pobreza en Venezuela continúa reduciéndose, a pesar de que los precios han crecido más de 300% y la escasez de alimentos y medicinas ya supera el 80%, lo que obliga a la población a buscar esos productos en el mercado negro, donde sus precios son hasta 10 veces superiores.

“Se logró disminuir sustancialmente la pobreza extrema hasta ubicarla en 4,7% para el 2015”, aseguró el mandatario venezolano y añadió que “la desigualdad se disminuyó considerablemente, al ubicarse el índice de Gini en 0,38 para el 2014, siendo el más bajo de América Latina”, aseveró el Ejecutivo en el informe enviado al Consejo de Derechos Humanos, con motivo del II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) al que será sometido Venezuela el próximo 1° de noviembre.

Lo afirmado por el reporte contrasta con los estudios que las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés de Caracas han realizado, el último de los cuales arrojó que el número de pobres creció en 53% en menos de un año, al pasar del 48% en 2014 a 73% en 2015. Asimismo difiere de las imágenes de ciudadanos que buscan en la basura algo que comer, cada día más comunes en las ciudades del país.

También es radicalmente opuesto a lo que contiene el informe que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó y el cual recordó que “las mediciones oficiales mostraban un incremento en la pobreza extrema entre 2011 y 2013 (del 9% al 13%)”.

Las estadísticas que el Ejecutivo utilizó para elaborar el reporte son el origen de las discrepancias, pues el mismo se sustentó en cifras correspondientes a los años 2013 y 2014. Asimismo, las autoridades no ofrecieron algunos datos, por ejemplo cuando aseguraron que para 2013 la inversión en educación se incrementó 39 veces, en salud 59 veces, en vivienda 43, en seguridad 99, pero jamás precisaron el monto y contra qué se hizo la comparación.

Información selectiva
Aunque Maduro tocó el tema de la inseguridad y criminalidad, lo hizo de puntillas y por ejemplo no suministró al Consejo cifras relacionadas con los homicidios, pese a que este es uno de los problemas más graves que sufre el país ya que en los últimos años instancias como el Comité de Derechos Humanos el año pasado recomendaron al Estado que redoblara sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, y que velara por que los autores fueran llevados ante la justicia.

Las autoridades se limitaron a informar que gastaron más de un millón de dólares en la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en varias ciudades y que pusieron en marcha iniciativas como el Plan Patria Segura, en el cual participan más de 30.000 militares.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, en su reporte, criticó la participación de los uniformados en labores de seguridad ciudadana y control del orden público y tras recordar que esto “debía ser excepcional y temporal” pidió que los devuelvan a los cuarteles.

La crisis carcelaria fue otro asunto donde el Gobierno pasó por encima, pese a que este fue uno de los que más se tocó en el primer Examen en 2011 y donde los funcionarios asumieron algunos compromisos. Sin embargo, un lustro después se limitó a informar que en estos cinco años inauguró 26 obras en este sector, en las cuales invirtió 164 millones de dólares.

No obstante, en ninguna parte del informe el Ejecutivo precisó cómo dichas obras han impactado en el hacinamiento carcelario y en la mejora de las condiciones de vida de los reclusos. Tampoco explicó por qué hoy en las comisarías policiales hay más de 30.000 personas detenidas, aparte de las cerca de 50.000 que están en las prisiones.

Donde el Gobierno venezolano sí aportó números actualizados fue en materia de vivienda y reportó que hasta junio pasado se habían construido más de un millón de casas y que entre 2011 y 2015 en este sector se gastaron 73 millardos de dólares.

Culpa de otros
Las autoridades no ocultaron que el país padece serios problemas de escasez, de alimentos y medicinas y de inflación. Sin embargo, los atribuyeron a una “guerra no convencional” que la oposición y las potencias extranjeras han puesto en marcha en su contra para “agudizar las dificultades y hacer retroceder las conquistas sociales” conseguidas en estos años, todo ello “en una estrategia de desestabilización mediante la construcción del malestar social y la manipulación mediática”.

Ya durante las evaluaciones a las que el año pasado se sometió ante los comités de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno esgrimió este argumento y desde allí lo rechazaron. Habrá que esperar si el próximo 1 de noviembre obtiene una respuesta similar.

¿Qué es el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU)?
Es una evaluación de los expedientes de Derechos Humanos de todos los Estados de las Naciones Unidas, el cual es dirigido por el Consejo de Derechos Humanos. Este examen fue creado en marzo de 2006 y ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar, cada cinco años, qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de las garantías fundamentales en su territorio.

¿Cómo se da el EPU?
El EPU es una evaluación que tiene varios momentos y se inicia con la recepción de los informes que el Estado, las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos del país y del extranjero; así como la Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente en Ginebra (Suiza) las autoridades comparecerán ante el Consejo de Derechos Humanos en una sesión donde expondrán, durante 70 minutos, su visión sobre la situación de las garantías fundamentales en el país e informarán las medidas que han tomado o piensan tomar para solventar los problemas existentes.

Luego se abrirá un espacio de poco más de dos horas durante el cual los miembros del Consejo y los otros de la ONU interesados formularán preguntas a los representantes oficiales, las cuales serán respondidas hasta que el tiempo se agote. Finalmente, un grupo de trabajo conformado por el presidente del Consejo y algunos representantes de los países que integran el organismo elaborará un informe con una serie de recomendaciones y las autoridades revisarán esas recomendaciones para decidir cuáles se comprometen a atender en los próximos cinco años y cuáles no.

 
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