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venezuelaawareness.com
El
informe que presentó el gobierno venezolano con motivo del segundo Examen
Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU está lleno de cifras de 2013
y 2014, y omite dar números sobre homicidios
El
Gobierno de Nicolás Maduro aseguró en Naciones Unidas que la pobreza en Venezuela
continúa reduciéndose, a pesar de que los precios han crecido más de 300% y la
escasez de alimentos y medicinas ya supera el 80%, lo que obliga a la población
a buscar esos productos en el mercado negro, donde sus precios son hasta 10
veces superiores.
“Se
logró disminuir sustancialmente la pobreza extrema hasta ubicarla en 4,7% para
el 2015”, aseguró el mandatario venezolano y añadió que “la desigualdad se
disminuyó considerablemente, al ubicarse el índice de Gini en 0,38 para el
2014, siendo el más bajo de América Latina”, aseveró el Ejecutivo en el informe
enviado al Consejo de Derechos Humanos, con motivo del II Examen Periódico
Universal de Derechos Humanos (EPU) al que será sometido Venezuela el próximo
1° de noviembre.
Lo
afirmado por el reporte contrasta con los estudios que las universidades
Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés de Caracas han realizado,
el último de los cuales arrojó que el número de pobres creció en 53% en menos
de un año, al pasar del 48% en 2014 a 73% en 2015. Asimismo difiere de las
imágenes de ciudadanos que buscan en la basura algo que comer, cada día más
comunes en las ciudades del país.
También
es radicalmente opuesto a lo que contiene el informe que la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos presentó y el cual recordó que “las
mediciones oficiales mostraban un incremento en la pobreza extrema entre 2011 y
2013 (del 9% al 13%)”.
Las
estadísticas que el Ejecutivo utilizó para elaborar el reporte son el origen de
las discrepancias, pues el mismo se sustentó en cifras correspondientes a los
años 2013 y 2014. Asimismo, las autoridades no ofrecieron algunos datos, por
ejemplo cuando aseguraron que para 2013 la inversión en educación se incrementó
39 veces, en salud 59 veces, en vivienda 43, en seguridad 99, pero jamás
precisaron el monto y contra qué se hizo la comparación.
Información
selectiva
Aunque
Maduro tocó el tema de la inseguridad y criminalidad, lo hizo de puntillas y
por ejemplo no suministró al Consejo cifras relacionadas con los homicidios,
pese a que este es uno de los problemas más graves que sufre el país ya que en
los últimos años instancias como el Comité de Derechos Humanos el año pasado
recomendaron al Estado que redoblara sus esfuerzos con miras a prevenir y
combatir las muertes violentas, y que velara por que los autores fueran
llevados ante la justicia.
Las
autoridades se limitaron a informar que gastaron más de un millón de dólares en
la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en varias ciudades y que pusieron
en marcha iniciativas como el Plan Patria Segura, en el cual participan más de
30.000 militares.
El
Alto Comisionado de Derechos Humanos, en su reporte, criticó la participación
de los uniformados en labores de seguridad ciudadana y control del orden
público y tras recordar que esto “debía ser excepcional y temporal” pidió que
los devuelvan a los cuarteles.
La
crisis carcelaria fue otro asunto donde el Gobierno pasó por encima, pese a que
este fue uno de los que más se tocó en el primer Examen en 2011 y donde los
funcionarios asumieron algunos compromisos. Sin embargo, un lustro después se
limitó a informar que en estos cinco años inauguró 26 obras en este sector, en
las cuales invirtió 164 millones de dólares.
No
obstante, en ninguna parte del informe el Ejecutivo precisó cómo dichas obras
han impactado en el hacinamiento carcelario y en la mejora de las condiciones
de vida de los reclusos. Tampoco explicó por qué hoy en las comisarías
policiales hay más de 30.000 personas detenidas, aparte de las cerca de 50.000
que están en las prisiones.
Donde
el Gobierno venezolano sí aportó números actualizados fue en materia de
vivienda y reportó que hasta junio pasado se habían construido más de un millón
de casas y que entre 2011 y 2015 en este sector se gastaron 73 millardos de
dólares.
Culpa
de otros
Las
autoridades no ocultaron que el país padece serios problemas de escasez, de
alimentos y medicinas y de inflación. Sin embargo, los atribuyeron a una
“guerra no convencional” que la oposición y las potencias extranjeras han
puesto en marcha en su contra para “agudizar las dificultades y hacer
retroceder las conquistas sociales” conseguidas en estos años, todo ello “en
una estrategia de desestabilización mediante la construcción del malestar
social y la manipulación mediática”.
Ya
durante las evaluaciones a las que el año pasado se sometió ante los comités de
Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno esgrimió este
argumento y desde allí lo rechazaron. Habrá que esperar si el próximo 1 de
noviembre obtiene una respuesta similar.
¿Qué
es el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU)?
Es
una evaluación de los expedientes de Derechos Humanos de todos los Estados de
las Naciones Unidas, el cual es dirigido por el Consejo de Derechos Humanos.
Este examen fue creado en marzo de 2006 y ofrece a cada Estado la oportunidad
de declarar, cada cinco años, qué medidas ha adoptado para mejorar la situación
de las garantías fundamentales en su territorio.
¿Cómo
se da el EPU?
El
EPU es una evaluación que tiene varios momentos y se inicia con la recepción de
los informes que el Estado, las organizaciones no gubernamentales de Derechos
Humanos del país y del extranjero; así como la Oficina del Alto Comisionado
sobre los Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente en Ginebra (Suiza) las
autoridades comparecerán ante el Consejo de Derechos Humanos en una sesión
donde expondrán, durante 70 minutos, su visión sobre la situación de las
garantías fundamentales en el país e informarán las medidas que han tomado o
piensan tomar para solventar los problemas existentes.
Luego
se abrirá un espacio de poco más de dos horas durante el cual los miembros del
Consejo y los otros de la ONU interesados formularán preguntas a los
representantes oficiales, las cuales serán respondidas hasta que el tiempo se
agote. Finalmente, un grupo de trabajo conformado por el presidente del Consejo
y algunos representantes de los países que integran el organismo elaborará un
informe con una serie de recomendaciones y las autoridades revisarán esas
recomendaciones para decidir cuáles se comprometen a atender en los próximos
cinco años y cuáles no.