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Prensa. efectococuyo.com
En la sesión ordinaria de este 25 de octubre, la Asamblea Nacional emitió el acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política del presidente Nicolás Maduro. La primera decisión tomada en el acuerdo fue la fecha: el próximo 1 de noviembre, exactamente en una semana a partir de hoy, a las 3:00 pm, el Jefe de Estado deberá asistir al Hemiciclo a exponer sus alegatos frente a las graves violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la democracia que se le endosan.

“… Y por haber consolidado un modelo político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos”., dice el documento.

La segunda decisión reflejada en el acuerdo es que el Parlamento se declara en sesión permanente “para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República”. Esto amparado por los artículos 187, numeral 4 de la Constitución y 127 y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

La tercera medida adoptada es encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario, designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016, evaluar la posibilidad de que la AN declare el abandono del cargo del Presidente. La cuarta decisión es “ratificar el compromiso con la restitución del orden constitucional”.

En ésta, señalan al artículo 333 de la Constitución, que dice que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

“La inobservancia de ésta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su autoridad civil y militar para socavar la Constitución”, dice el documento.

La quinta decisión es ratificar su anuncio de acudir a las instancias internacionales competentes “para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel protagónico“. La sexta y última, darle publicidad al acuerdo.

El documento expone 16 motivos para llegar a estas decisiones, entre los que destacan motivos de carácter social, como el índice de inflación (proyectado en 700% para 2016) y el incremento de la canasta básica familiar; de carácter político, como el que “el presidente de la República se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la Constitución“.
Puede leer el Acuerdo completo aquí:


 
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