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lapatilla.com
“Mi mamá vive en un barrio donde hay
muchos problemas. Están matando a mucha gente, por eso yo salgo todos los días
a la calle para alejarme de eso. Muchos de los que conozco tienen que vivir en
las calles, piden, buscan comida en la basura y así se pasan el día”, esa es
parte de la historia de José, un adolescente de 15 años, quien viene de un hogar
disfuncional donde no se le garantiza su derecho al estudio o a la
alimentación.
Él no es un caso aislado como otros
tantos que deben recurrir a casas de acogida para intentar salir de esa
realidad. José asiste diariamente al Programa
Patio Abierto de la Casa Don Bosco, en Sarria, Caracas, donde su principal
motivación es tener garantizado al menos un plato de comida.
El director general de la Red de Casas
Don Bosco, Leonardo Rodríguez, señala que desde mediados de 2015, la cantidad
de jóvenes que acuden al centro buscando refugio ha aumentado.
“Diariamente estamos capacitados para
recibir a 10 ya que, no contamos con mayores recursos en el centro, pero ya se
está haciendo común que el número aumente a diario. Para nadie es un secreto
que la situación económica en Venezuela está afectando este tipo de iniciativas
sociales”.
Rodríguez explica que muchos de los
jóvenes que se acercan tienen la intención de buscar alimentos, no con la idea
de salir de la calle. “Observamos con preocupación que la
conducta de estos adolescentes es más violenta. Detrás de su situación hay
hambre, consumo de drogas como la heroína, redes de prostitución y
delincuencia”.
Asegura que se ha reunido en múltiples
ocasiones con la viceministra para la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, y la
gerente del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (Idena), Luisaura Ravicini, autoridades en materia de protección a
la infancia, para exponerles las serias dificultades por que atraviesan unas 86
casas de organizaciones no gubernamentales que están en peligro de cierre,
donde se atiende a una población de 4 mil 077 niños y que no pueden cubrir la
cuota de alimentos y hasta medicinas básicas, las cuales son necesarias para
continuar con su funcionamiento.
“La respuesta ha sido la misma: negar el
problema, trasladar culpas a la llamada guerra económica y no ofrecer una
salida. Al solicitar la intermediación de la Defensoría del Pueblo la respuesta
no ha sido positiva. El estado se ha venido desentendiendo de la situación”,
advierte.
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