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Prensa. Estimulo.com
A través de la Resolución 50/2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Vladimir Aranque Hainal. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que este domingo subió a 114 el número de presos políticos en Venezuela. Familiares de varios presos políticos acudieron el jueves a la sede la Nunciatura Apostólica de Caracas para solicitar la liberación de los presos políticos.

María del Pilar Simonovis, esposa del comisario Iván Simonovis, indicó que los presos políticos están enfermos. “Se están muriendo lentamente ante la mirada de las autoridades competentes, es por eso que no podemos permanecer callados ante esta crisis”, aseguró. El pasado 12 de octubre, la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que “pase a la acción” para que “ayude” a los presos políticos europeos que permanecen detenidos en el país.

La eurodiputada del grupo liberal ALDE Beatriz Becerra, vicepresidenta de esta subcomisión, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo “detenciones arbitrarias” y “se niega a reconocer una crisis humanitaria que impide la llegada de ayuda desde el exterior”.

Medida cautelar de la CIDH
A través de la Resolución 50/2016 , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Vladimir Aranque Hainal, en particular, que proporcione atención médica adecuada de acuerdo a sus patologías. El solicitante indicó que, durante los años 2015 y 2016, ha sido diagnosticado con “estrés postraumático”, “depresión grave con ideas suicidas” y un tumor cerebral, patologías que aparentemente se originaron una vez que el señor Aranque fuera apresado.

La CIDH precisó que la información contenida en los reportes médicos  señaló que éste requería de una serie de exámenes y tratamientos específicos, con el propósito de atender y determinar con mayor precisión sus necesidades actuales de salud. Sin embargo, el solicitante ha denunciado que varias de las medidas indicadas por los especialistas no habrían sido implementadas de forma adecuada por parte de las autoridades competentes. El organismo de derechos humanos solicitó al Gobierno de Venezuela informar, en un plazo de 20 días contados a partir del 21 de octubre, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas.

 
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