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A través de la Resolución 50/2016, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno
venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad
personal del señor Vladimir Aranque Hainal. El director ejecutivo del Foro Penal
Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que este domingo subió a 114 el número de
presos políticos en Venezuela. Familiares de varios presos políticos acudieron
el jueves a la sede la Nunciatura Apostólica de Caracas para solicitar la
liberación de los presos políticos.
María del Pilar Simonovis, esposa del
comisario Iván Simonovis, indicó que los presos políticos están enfermos. “Se
están muriendo lentamente ante la mirada de las autoridades competentes, es por
eso que no podemos permanecer callados ante esta crisis”, aseguró. El pasado 12 de octubre, la subcomisión
de Derechos Humanos del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que “pase a
la acción” para que “ayude” a los presos políticos europeos que permanecen
detenidos en el país.
La eurodiputada del grupo liberal ALDE
Beatriz Becerra, vicepresidenta de esta subcomisión, denunció que el gobierno
de Nicolás Maduro lleva a cabo “detenciones arbitrarias” y “se niega a
reconocer una crisis humanitaria que impide la llegada de ayuda desde el
exterior”.
Medida cautelar de la CIDH
A través de la Resolución 50/2016 , la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno
venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad
personal del señor Vladimir Aranque Hainal, en particular, que proporcione
atención médica adecuada de acuerdo a sus patologías. El solicitante indicó que, durante los
años 2015 y 2016, ha sido diagnosticado con “estrés postraumático”, “depresión
grave con ideas suicidas” y un tumor cerebral, patologías que aparentemente se
originaron una vez que el señor Aranque fuera apresado.
La CIDH precisó que la información
contenida en los reportes médicos señaló
que éste requería de una serie de exámenes y tratamientos específicos, con el
propósito de atender y determinar con mayor precisión sus necesidades actuales
de salud. Sin embargo, el solicitante ha
denunciado que varias de las medidas indicadas por los especialistas no habrían
sido implementadas de forma adecuada por parte de las autoridades competentes. El organismo de derechos humanos
solicitó al Gobierno de Venezuela informar, en un plazo de 20 días contados a
partir del 21 de octubre, sobre la adopción de las medidas cautelares
requeridas.
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