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Prensa. sun-sentinel.com.
Era como un viaje directo al paredón. Solo un suicida tendría la osadía de volver a un país donde lo esperaban para torturarlo y encarcelarlo. Y si corría con suerte, asesinarlo. Juan Correa-Villalonga, sin embargo, no tenía otra alternativa. A pesar de que tanto el como su familia, todos residentes en Miami, figuraban en la lista negra del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el opositor de 21 años volaba de vuelta a Caracas... ¡deportado!.

Corría mes de octubre de 2009 y Correa-Villalonga había tropezado con la mala fortuna de un hueco en el sistema migratorio estadounidense. Sin dinero, ni esperanzas volvía a la boca del lobo. "Durante dos años estuve escondiéndome de casa en casa", recuerda el activista que regresaría a Estados Unidos en 2011 en calidad de refugiado político.

"Fue algo traumático. Un día me encontraron [los chavistas] y me golpearon la cabeza. Me abrieron una herida y me tomaron ocho puntos de sutura. Me advirtieron: "dile a tu madre que regrese y se estregue. De lo contrario, la próxima vez te vamos a matar"".

Carol Quintero apoya la causa venezolana (Megan O'Matz / El Sentinel)
En un esfuerzo por evitar que se repitan historias como éstas, cuatro legisladores de Florida, dos de cada partido, presentaron recientemente un proyecto de ley que busca conceder la residencia permanente a venezolanos que emigraron a Estados Unidos antes de 2012 y que no pueden volver a su país de origen por razones políticas.

La medida —patrocinada por los republicanos Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen y los demócratas Alan Grayson y Debbie Wasserman Schultz— excluiría del beneficio migratorio a quienes presenten antecedentes criminales y a quienes hayan participado en el enjuiciamiento de terceros.

Juan Villalonga, Carlos Curbelo, Helene Villalonga (Cortesia)
“No podemos tranquilamente obligar a los venezolanos a volver a un país donde enfrentan arresto, torturas y ejecuciones solo porque se oponen al gobierno”, dijo Grayson en un comunicado. “Darles la residencia permanente es la forma más lógica de garantizar su seguridad”.

El proyecto, conocido como Ley H.R. 3744 de Asistencia al Refugiado Venezolano (Venezuelan Refugee Assistance Act.), fue cabildeado originalmente por una coalición de grupos políticos de venezolanos en el sur de Florida y luego fue presentada a los políticos bipartidistas.

Protección
Curbelo, congresista republicano por Kendall, ha sido uno de los principales propulsores de las leyes de protección y apoyo a inmigrantes desplazados por motivos políticos o desastres naturales.

"Tan solo en los últimos meses hemos visto incontables ejemplos de compartiendo deshonesto y despliegue de tácticas propias de matones y el uso de fuerza letal de parte del régimen [venezolano], señaló Curbelo, durante una reciente conferencia de prensa en Miami en la que también condenó la detención de los principales líderes de la oposición y de más de 3,000 manifestantes. "El motín dejó decenas de muertos".

Curbelo también figura entre los 10 congresistas que pidieron ante el secretario de seguridad nacional de EEUU, Jeh Johnson otorgar a inmigrantes guatemaltecos el Estatus de Protección Temporal (TPS), en junio pasado. El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.

"Durante las últimas décadas hemos visto a cientos de miles de personas que llegan a nuestra comunidad buscando libertad y democracia y huyendo de las persecuciones políticas", indicó Curbelo. "Así que hoy proponemos continuar con esa maravillosa tradición estadounidense reconociendo que los últimos años decenas de miles de hermanas y hermanos venezolanos han llegado a nuestra tierras buscando libertad y escapando del régimen de [Hugo] Chávez y [Nicolás] Maduro.

Mientras los inmigrantes procedentes de Cuba gozan de la Ley de Ajuste Cubano que, entre otros considerables beneficios sociales y económicos, proporciona a los cubanos y sus parientes inmediatos (hijos y esposos) la oportunidad de aplicar para la residencia permanente un año después de entrar en EEUU; y miles de centroamericanos (principalmente salvadoreños, hondureños y nicaragüenses), así como haitianos se amparan en el TPS, los venezolanos que han huido del chavismo se encuentran en un limbo migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo a cifras del censo, unos 80,000 venezolanos o personas con parentesco de este país residen actualmente en los condados de Broward, Palm Beach y Miami-Dade, lo que representa un crecimiento del 250 por ciento entre el 2000 a 2013, cuando se ha experimentado lo peor de la crisis políticas y social en Venezuela.

Muchos de ésos individuos son ciudadanos estadounidense y otros figuran como inmigrantes legales. Otros, sin embargo, viven en el país indocumentados y corren el peligro de ser deportados como Villalonga.

Política
Helene Villalonga, madre de Juan Correa-Villalonga y principal propulsora de la Ley H.R. 3744, ve con optimismo al apoyo de representantes de ambos partidos al proyecto, pero advierte que solo la participación masiva popular lograra que se apruebe la iniciativa en Washington.

"A nivel del Senado no debemos tener problemas pues contamos con un respaldo fuerte de demócratas muy influyentes en su partido. Es la cámara de representantes que nos preocupa un poco", sostuvo la Presidenta y CEO de la fundación AMAVEX (Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior).

"El proyecto de ley ya es un gran avance y nos da mucha esperanza, pero ahora depende de la comunidad. Necesitamos que los venezolanos escriban a sus representantes de distrito en busca de apoyo al proyecto. Necesitamos muchas voces".

El proyecto necesita el visto bueno del Senado y de la Cámara, de mayoría republicana y tradicionalmente de mano dura frente a los asuntos migratorios.

Carlos Pereira, Presidente del Club de Venezolanos Demócratas en Miami y cuyo cabildeo fue clave para lograr el soporte de la propuesta en su partido, coincide con Villolonga al señalar que el ala del GOP podría representar un óbice para el avance del proyecto en la Cámara.

"Eventualmente este proyecto tiene que ser aprobado. Se necesita. Es un hecho que los venezolanos repatriados pueden correr peligro de sufrir persecuciones, encarcelamientos, tortura. De ser asesinados... Es un asunto de seguridad personal, de derechos humanos", dijo Pereira.

"El único peligro que le veo es la mayoría republicana en la Cámara de representantes que no es muy afecta al tema de inmigración. Pero vamos a ver si logran entender el mensaje y lo aprueban. Hay que hacer la fuerza", agregó.

Reacciones
Amparo Silva Peña, abogada; y Carol Quintero, activista independiente, asistieron el pasado 13 de octubre a la conferencia de prensa de Curbelo en la que se presentó la Ley HR-3744. Ambas venezolanas, residentes legales en EEUU, ven la iniciativa con buenos ojos, pero al igual que los anteriores insisten en la importancia de la participación ciudadana.

"La propuesta de Ley HR-3744 no es un instrumento perfecto. No obstante, es necesario reconocer que ofrece la posibilidad a miles de venezolanos que, por ciertas circunstancias se encuentran en un "limbo migratorio por un extenso período de tiempo", de extender o ajustar definitivamente su estatus migratorio, otorgándoles la legalidad a su presencia en Estados Unidos", apunta Silva Peña.

"Pero los venezolanos radicados en Estados Unidos, históricamente dispersos y poco inclinados a actuar como "grupo", tienen que unirse. Es imperativo que actúen en su condición de "constituyentes" y les recomendamos contactar y acudir a sus representantes estatales, comisionados, senadores o cualquier oficial electo en el estado que residan, y soliciten apoyo unánime para la aprobación del proyecto" , añadió.

"Lamentablemente los venezolanos suelen ser apáticos cuando se trata de cosas políticas, aunque se trata de asuntos que les conviene como esta ley", reconoció Quintero.

"Para que este proyecto se apruebe se necesita que la gente saque tiempo y le pida a sus congresistas el apoyo necesario. Entre más personas firmen esta petición, más posibilidades hay de que sea aprobado.

Drama
La familia Villalonga (padre, madre y dos hermanos) arribaron el sur de Florida en el año 2000 en calidad de turistas y tras el asesinato de un familiar en Venezuela decidieron permanecer en EEUU.

Mientras buscaban el estatus de refugiados políticos, Juan terminaba sus estudios secundarios, pero sin papeles legales le fue imposible continuar su carrera universitaria. Fue entonces cuando decidió emigrar a Canadá.

"Fui detenido a pocas millas de la frontera en Vermont. Luego me trasladaron a New Hampshire y después a Boston. Estuve unos dos meses detenido hasta que finalmente me llevaron Nueva York de donde me deportaron a Caracas".

Tras aquellos dos años de pesadillas, el activista finalmente reingresó a Estados Unidos gracias a las gestiones de su madre que lo reclamó como refugiado político. "Nadie debe sufrir lo que sufrí yo. Por eso estamos peleando por esta ley", puntualizó Juan Correa-Villalonga.

La periodista Megan O'Matz, del Sun-Sentinel colaboró con este artículo.
Esta nota se complementó con información de la agencia de noticias AP
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