Prensa.
Espacio Público.
Espacio Público y el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), presentaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación del derecho a
la libertad de expresión en el país. Entre enero y octubre de 2016 Espacio
Público registró un total de 309 denuncias de violaciones a este derecho, lo
que representa un aumento del 41,74% en las violaciones denunciadas respecto al
mismo período del año anterior. de las 309, la intimidación (111), la agresión
(49), la censura (43) y las amenazas (33) constituyeron los principales patrones
de violaciones denunciados.
Las organizaciones venezolanas acudieron
ante el organismo regional en ocasión de celebrarse el 159° periodo de sesiones
de audiencias públicas en Panamá. “Las personas que viven en Venezuela sufren
una grave crisis política, económica y social. El deterioro requiere de los
mecanismos de participación política a los fines de establecer mecanismos
institucionales que permitan solventar estos desafíos. Esta coyuntura demanda espacios para la
deliberación de los diagnósticos y las soluciones. El papel de los periodistas
y los medios es imprescindible. Actualmente están amenazados y con una
reducción sustantiva de sus posibilidades”, dijeron las organizaciones en el
159° periodo de sesiones de audiencias públicas de la CIDH en Panamá.
Sobre el acceso a la información
pública, las organizaciones informaron a la Comisión que “el gobierno mantiene
una política de opacidad y falta de información en diferentes ámbitos”. “Ante
la deficiencia en la prestación de servicios públicos de agua potable, salud,
alimentación y medicinas, el Estado se mantiene en silencio ante los numerosos
reclamos y exigencias de información de la ciudadanía”, dijeron.
En lo que va de año, Espacio Público
realizó 43 peticiones de información sobre cumplimiento de obligaciones
relativas a solución de problemas comunitarios y derechos humanos a diversas
instituciones públicas. Sólo en 2 casos se obtuvo respuesta adecuada. Esto
representa una tasa de respuesta del 4,65%.
La no pluralidad de los medios públicos
también fue expuesta. “Los medios estatales no están al servicio del universo
de la sociedad venezolana. Son aparatos de propaganda política permanente a
favor del gobierno, y se dedican a descalificar a personas, periodistas,
defensores y líderes sociales y políticos abiertamente”, informaron.
Además destacaron el “sector importante
de los medios privados cambiaron de propietarios y en consecuencia modificaron
su línea editorial para reducir la crítica y aumentar la propaganda a la
gestión gubernamental”, que ocurrió con medios impresos nacionales y
regionales, estaciones de radio y televisión y portales web. También dijeron a
la CIDH que “los periodistas independientes carecen de fuero profesional en
medios públicos y privados al ser despedidos de sus trabajos y retirados sus
programas de radio luego de críticas hechas contra el gobierno nacional”.
Sobre los ataques a la prensa en el
contexto de manifestaciones públicas, Espacio Público informó a la CIDH que en
especial en las actividades de carácter político en el marco de la exigencia
del referendo revocatorio, se registraron 86 casos de violaciones a la libertad
de expresión.
16 periodistas de prensa extranjera que
venían a Venezuela, entre agosto y septiembre del 2016, enfrentaron obstáculos
para el ingreso y desenvolvimiento de sus labores en el país. El Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizó
deportaciones y expulsiones de cinco periodistas extranjeros que llegaron a
Venezuela. A otros le retuvieron equipos y los sometieron a largas horas de
espera en los aeropuertos.
El hostigamiento judicial también
resaltó entre los principales tópicos en la audiencia. Uno de los casos
presentados es el de discriminación en la venta de papel al diario El
Carabobeño, hoy fuera de circulación, donde el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) se abstiene de admitir y tramitar una demanda interpuesta por miembros de
la sociedad civil en reclamo de su derecho a la información.
El TSJ también dictaminó prohibiciones
de difundir determinados temas de interés nacional. Entre ellos se incluye la
prohibición de difusión de videos de linchamientos, en aras de una pretendida
salvaguarda de la seguridad ciudadana. También se le prohibió a un grupo de
diputados de la Asamblea Nacional publicar, declarar y difundir “noticias y
mensajes vilipendiosos que atenten contra el honor, decoro y reputación” del
Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio.
El hostigamiento judicial también se
registra en los casos de David Natera, director del diario Correo del Caroní,
que fue condenado a 4 años de prisión por la realización de cobertura
informativa por denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco y el
caso de Braulio Jatar, director del portal informativo Reporte Confidencial,
quien fue detenido arbitrariamente luego de divulgar videos del cacerolazo
contra el presidente Nicolás Maduro en Villa Rosa.
Sobre las violaciones a la libertad de
expresión asociadas a Internet, se informó a la CIDH de siete ataques de
cuentas personales y sitios web de periodistas, un medio de comunicación y una
institución pública, tres prohibiciones de difusión de información por redes,
tres amenazas y hostigamiento por coberturas. Además, 2 personas han sido
detenidas por información y opiniones difundidas a través de twitter.
La discriminación por el pensamiento
político y su expresión también fue presentada a la CIDH en esta audiencia. “El
gobierno venezolano tiene una política de discriminación contra personas que
manifiestan opiniones políticas contrarias a su línea partidista”, informaron.
Se han documentado en Venezuela casos de
discriminación con la asignación de las bolsas de comida a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). Quienes firmaron en el
proceso del revocatorio o expresaron de alguna manera su posición política
contraria al gobierno son discriminados en la asignación de alimentos o
amenazados con dejar de entregarles comida.
La respuesta del Estado
William Castillo, ex director de
Conatel, dijo en la audiencia que el Estado estaba dispuesto a dar toda la
información que fuera necesaria para atender a las recomendaciones de la CIDH
en materia de libertad de expresión, sin embargo sobre las peticiones de
información sin respuesta dijo que se habla de eso “como si fuese una cifra
significativa”. hay que recordar que Castillo, a la cabeza de Conatel, ignoró
una petición de información sobre los más de 3000 sitios bloqueados por ese
organismo.
William Castillo, ex presidente de
Conatel, representó al Estado en la CIDH. Captura.
Sobre la grave crisis de papel que
afecta a los medios impresos en Venezuela se limitó a decir que “en ocasiones
anteriores” ha hecho aclaraciones sobre ese tema”. También dijo que en
Venezuela se han “impulsado avances para aumentar la velocidad de acceso y
navegación”.
Castillo además durante su intervención
defendió la gestión gubernamental pero sin aportar datos que permitan
contrastar con la información pormenorizada que aportaron las organizaciones.
Aunque dijo que el Estado reconoce “el derecho a la libertad de expresión como
esencial para la democracia”.
Peticiones de las organizaciones a la
Comisión:
La Comisión debe priorizar acciones que
indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos
mediante el trámite urgente de medidas cautelares y casos; realizar a la
brevedad un informe país; y que se
incluya en el próximo periodo de sesiones, audiencias con los temas urgentes de
la situación venezolana.
Haga un seguimiento de sus
recomendaciones en materia de libertad de expresión han sido formuladas por la
Comisión Interamericana al Estado venezolano en sus informes anuales e informes
país; así como a las reparaciones que le han sido requeridas al Estado por las
sentencias de la Corte Interamericana en esta materia.
Recomiende al Estado el
cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el acceso a la
información pública y ofrezca su asistencia técnica a la Asamblea Nacional para impulsar una Ley de
Acceso a la Información Pública conforme a los estándares internacionales.
Recomiende al Estado el desarrollo de
una política pública que garantice el pluralismo y la diversidad.
Incluyendo el impulso de medios
estatales de servicio público a toda la sociedad venezolana; la eliminación de
prácticas discriminatorias en la distribución del papel prensa, el acceso a las
divisas y la administración de espectro radioeléctrico.
Reitere al Estado su obligación de
respetar el derecho de reunión y asamblea pública y que se abstenga de dictar
medidas administrativas o judiciales que restrinjan indebidamente este derecho,
incluida la represión y detención de personas que participan manifestaciones
pacíficas.
Solicite al Estado información sobre las
garantías que tienen medios y periodistas extranjeros o internacionales para
ingresar al país y cumplir con su labor libremente y sin restricciones ni
trabas.
Analice las preocupantes decisiones del
Poder Judicial venezolano relativas a libertad de expresión e información que
incluyen censura, obstrucción del acceso a la información pública, sanciones
por desacato y vilipendio.
Proponga políticas públicas, basadas en
buenas prácticas existentes, que garanticen condiciones que hagan posible el
acceso al Internet de calidad en todo el territorio nacional, libre de
restricciones y discriminaciones políticas.
Fortalezca el seguimiento de casos
de discriminación de personas por parte del Estado por sus opiniones
políticas, protegiendo sus derechos a quienes han sido despedidos en virtud de
tal discriminación, y garantizando el acceso a alimentos, becas, servicios y
bienes.
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