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El secretario general de la Organización
de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, entregó a la presidencia del Consejo
Permanente, un informe “actualizado” sobre la situación de Venezuela. El secretario
general de la OEA anunció en varios mensajes en su cuenta de Twitter, la
entrega del documento y aseguró que en el país suramericano se rompió el orden
constitucional.
En el documento, Almagro recomienda un
referéndum revocatorio, como la única solución política de Venezuela dado el
polarizado sistema político del país; la liberación de todos los detenidos por
razones políticas; resolver conjuntamente entre el poder ejecutivo y el
legislativo, la situación de vulneración de los derechos básicos de la
población como el acceso a alimentos y servicios de salud.
Almagro pide también a ambos poderes del
estado venezolano trabajar unidos para satisfacer la obligación del gobierno de
brindar estándares suficientes de seguridad a los ciudadanos. Al poder ejecutivo
exhorta a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos
constitucionales y políticos respecto al equilibrio de poderes del estado.
Se pide también una nueva integración
del Tribunal Supremo de Justicia, trabajando conjuntamente con la Asamblea
Nacional, dado que la actual integración está completamente viciada tanto en el
procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente
de todos sus integrantes.
Se invita a la creación de un mecanismo
de combate a la corrupción integrado por expertos internacionales
independientes apoyados en el sistema de las Naciones Unidas (características
de la CICIG) y/o OEA, y a la incorporación de una Comisión de la Verdad.
Para sustentar su petición de suspender
a Venezuela si no da estos pasos, Almagro recuerda que el artículo 20 de la
Carta, que él invocó el pasado mayo, estipula que, si fracasan las gestiones
diplomáticas o ante un caso de urgencia, el Consejo Permanente puede convocar
de inmediato una Asamblea General extraordinaria.
Y el artículo 21 indica que si la
Asamblea, el máximo órgano de la OEA con los cancilleres de los 34 países,
constata que se ha producido "la ruptura del orden democrático en un
Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas",
puede suspender a ese Estado de su participación en la OEA.
Para ello se necesitan dos tercios de
los 34 países que conforman la OEA y la suspensión entraría en vigor de
inmediato.
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