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Prensa. lanacionweb.com
El contrabando es un ingrediente relevante en la dinámica social y económica del Táchira. Aunque parezca invisible entre la población, como toda práctica ilegal, una parte importante de los bienes comercializados en el estado proviene del contrabando, al igual que una parte de la población tiene un conocido dedicado a esto. “Las políticas económicas y de represión contribuyen a estimular esa práctica, ya que no dejan alternativas confiables para el abastecimiento de productos y servicios en el Táchira”.

El razonamiento está contenido en “Impactos económicos, sociales y culturales del contrabando en el estado Táchira según la percepción de sus habitantes”, el título del más reciente documento de investigación del Observatorio Social del estado Táchira (OSET) de la Universidad Católica del Táchira. En 150 páginas distribuidas en seis capítulos, un total de 11 autores analizan el fenómeno a partir de datos objetivos y encuestas propias.

El 5,4 % de encuestados admitió haber comercializado alguna vez con productos venezolanos. De estos, 36,8 % lo ha hecho en el territorio colombiano sin pago de aranceles, 39,5 % en territorio tachirense y 23,7 % en ambos lugares. “Estas cifras, aunque en términos absolutos son pequeñas, son un reflejo de la fuerza del contrabando y de su carácter dinámico en ambos lados de la frontera”, se interpreta en el documento.

Sorprende que más de 85 % de quienes participan en el negocio del contrabando lo hacen sin coacción. “Este dato es sumamente interesante porque señala una cierta naturalización de esta forma de comercio ilegal que se justifica como necesidad y que no recibe ningún cuestionamiento moral por parte de quien lo realiza ni tampoco de la comunidad”, analizan.

Entre los productos que más se compran y venden están, de mayor a menor, los de la canasta familiar, limpieza del hogar, higiene personal, gasolina y medicamentos. La razón que da 96,1 % de los consultados para vender estos productos es la de “ganar dinero fácil”.

Lo anterior ratifica que, ciertamente, hay un énfasis en la dimensión económica del contrabando, como determinan los investigadores: “Es percibido como una actividad colateral al trabajo normal, es decir, es un complemento de las ocupaciones formales proveyendo una fuente alterna de recurso para el sustento familiar”.

Salir de este círculo no es tan fácil. Si la mayoría de encuestados dice que las causas del contrabando residen en el diferencial cambiario y en la falta de oportunidades laborales, siendo sus consecuencias económicas el desempleo, el aumento de la pobreza y la pérdida de ingresos económicos, el resultado no puede ser otro que la profundización de las condiciones que impulsan a la población a dedicarse al contrabando.

Aunque se trata de una actividad comercial ilícita, el documento recuerda que en la práctica del contrabando confluyen gran cantidad de aparatos institucionales: “En primer lugar, el desarrollo del contrabando se ve propiciado por la adopción de políticas nacionales, como el control de cambio y la política de subsidios, las cuales han generado un diferencial de precios entre Venezuela y Colombia que hace muy atractiva a la actividad del contrabandista”.

La investigación también resalta esta otra contradicción: el contrabando es concebido como una estrategia de supervivencia “criminalizada” por leyes centrales que desconocen la realidad local, pero lo singular es que el Estado adopta leyes y medidas destinadas a frenar el contrabando, cuya consecuencia, en la frontera, es, justamente la contraria: estimular el comercio ilegal, haciéndolo ver como una estrategia legítima, ya que los grupos que lo practican tienen acceso a bienes esenciales para su sobrevivencia.

El bachaqueo, en todo caso, es signo de una sociedad enferma, como refiere el documento, que está disponible en su totalidad en el sitio web de la UCAT. ¿Soluciones? Siempre habrá. El documento enumera estas cuatro: acordar medidas económicas que no estimulen el contrabando, reconstruir el tejido institucional de ambos lados de la frontera, articular un plan de combate contra las bandas y tomar en cuenta a las comunidades organizadas.

 
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