GuidePedia

Prensa. CNP Caracas.
Edgar Cárdenas, Secretario de Organización del Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, dijo que el gobierno incrementó la persecución y agresión contra los profesionales de la comunicación en Venezuela. “No es posible que se atente contra la obligación que tenemos de informar a la ciudadanía”. Asimismo señaló que el gobierno quiere evitar fluya la información necesaria para que el ciudadano descubra la realidad nacional y por ello agrede a la prensa.

“Es evidente que el gobierno no quiere que se transmita la realidad de las calles de Venezuela y adoptó la agresión a periodistas como política de Estado”.
Los periodistas no somos los protagonistas del hecho noticioso, nos corresponde buscar, analizar, transmitir la información y el gobierno nacional hace su mayor esfuerzo para evitarlo.

No existe libertad en un país donde no se permite la información que permita al ciudadano descubrir la mentira. Es nuestro deber apuntar hacia el progreso, somos por naturaleza defensores de la Democracia y sus valores. La Constitución Nacional y la Ley del Ejercicio del periodista establecen el derecho a la libre opinión e información, pero es evidente que son letra muerta para el gobierno venezolano. La GNB Y PNB son los verdugos de la prensa, ya que no desaprovechan oportunidad para las agresiones físicas y verbales.

El gobierno ha desarrollado una estrategia que pretende silenciar a los medios a través de acciones directas e indirectas que evitan un periodismo libre y plural. Restricciones de papel periódico para los impresos, la no renovación de las concesiones radioléctricas, decisiones administrativas de Conatel y las agresiones a periodistas dan cuenta de ello.

Hoy 24 de abril en las manifestaciones ocurridas en Caracas hubo 5 periodistas lesionados: Gregory Jaimes de Caraota Digital , Mildred Manrique de 0800 noticias , Ayatolah Núñez de El Nacional, Eduardo Ríos y Régulo Gómez de La Patilla.com; todos por impacto directo de las bombas lacrimógenas.

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, están en la obligación de actuar en función de restituir los derechos de los periodistas a informar y de los ciudadanos a estar informados.

 
Top