Opinión. Wirmelis Villalobos.
Venezuela
se ha convertido en el país de las marchas, de la represión y de los “sin
derechos”. Es decir; de los ciudadanos de a pie que cada vez nos vemos más
atrapados ante una violación sistemática de la gran mayoría de nuestros
derechos.
El
derecho a la protesta, al libre tránsito y hasta a estudiar. La oposición
venezolana, agrupada en la llamada MUD, se ha dado a la tarea de convocar
acciones de protestas -que vienen realizando las últimas semanas-, y a su vez,
el gobierno convoca a acciones simultáneas en apoyo al Presidente, a la
“constitución” y por cualquier motivo
que se les ocurra.
Como
periodista, no recuerdo la última vez que pude disfrutar de un fin de semana
completo de descanso. Como venezolana, tengo que vivir casi todos los días la
lamentable situación de sortear obstáculos para llegar al trabajo. Las acciones
de calle convocadas por gobierno y oposición afectan el servicio de transporte
público. En el caso de Caracas, el sistema metro, -por el que diariamente se
trasladan millones de personas- deja de funcionar. Esta medida, que además de
irracional, solo logra acrecentar el malestar general que reina en nuestra
población.
Debido
a esto, una gran cantidad de trabajadores termina volviendo a su casa entrada
la noche. Todo se complica en la rutina de una familia: poder buscar a los
chamos a la escuela o ir a centros de estudio son tareas cada vez más
complejas.
Este
26 de abril, la oposición intentó por séptima vez llegar a la Defensoría del
Pueblo pero, la represión dijo presente. Igual que en otras oportunidades, las
bombas lacrimógenas fueron lanzadas a diestra y siniestra sin medir
consecuencias.
Hace
poco menos de 8 días, 54 niños fueron desalojados del Hospital Materno Infantil
“Hugo Chávez”, ubicado en la zona de El Valle, en Caracas, producto de los
gases lacrimógenos que lanzaron en la zona. Ahora le tocó a los niños del
Colegio San Pedro, ubicado en Los Chaguaramos, también en la capital del país,
ser desalojados. La razón: las bombas lacrimógenas que lanzó la Guardia
Nacional para impedir el paso de los manifestantes hacia Santa Mónica.
¿Alguien
se detuvo a pensar en los niños que estaban en esa escuela?, ¿Alguien pensó en
la desesperación de los padres por ir a buscar a sus hijos ante una situación
como esa?, ¿Será que la situación país nos está convirtiendo en personas
indolentes? prefiero pensar que no, pero cuando recuerdo lo que sentí al estar
expuesta a los gases lacrimógenos, -no podía respirar- y me imagino está
sensación en unos pequeños seres indefensos, solo puedo sentir que el riesgo de
perder la sensibilidad es grande.
No
sé cuántas bombas lacrimógenas se han lanzado este mes de protestas en todo el
territorio nacional, pero si sabemos de las trágicas consecuencias que nos
están dejando a todos los venezolanos. Un enfrentamiento que a la vez genera
dudas sobre cuantos, de 30 millones de habitantes que somos, se sienten
identificados políticamente con los bandos en cuestión. Según el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, hasta la madrugada de este martes se
contabilizaban 30 personas fallecidas, 437 heridos -muchos de los cuales se
encuentran en estado delicado-. Los detenidos suman 1.289 -la mayoría sin causa
concreta-.
¿Cuántas
personas más tienen que perder la vida?, ¿Cuántas bombas faltan por lanzar?,
¿Será que no se puede encontrar la manera de buscar una salida pacífica a los
problemas que tenemos en el país? una salida que no implique desalojo de
hospitales, de escuelas. Una que no implique la destrucción.
No
creo que a corto plazo la represión logre acabar con las manifestaciones. La
gran mayoría de quienes marchan, desearían que se normalice sus vidas. Aunque
sea un poquito.
Wirmelis
Villalobos
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