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Prensa. elestimulo.com
Comunicados de organismos del Estado que ordenan la suspensión de las diálisis peritoneales y los trasplantes renales demuestran que la crisis de salud es innegable. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) alerta que la situación pone en riesgo a 6.500 enfermos que dependen de una máquina para que sus riñones funcionen.

El 2016 fue el año en el que el gobierno nacional negó, de forma tozuda, la crisis humanitaria en Venezuela. Las advertencias de académicos, gremios médicos, asociaciones de pacientes y hasta la elaboración de una ley en la Asamblea Nacional fueron ignoradas y descalificadas por funcionarios públicos.

Las alarmas tenían asidero. Esta semana, se conocieron dos comunicados con medidas que ponen en peligro a 6.500 enfermos renales pues establecen la suspensión de diálisis peritoneal y la paralización de trasplantes en todo el país. Ambas limitan la calidad de vida de los pacientes y comprometen su tratamiento.

La diálisis peritoneal desintoxica la sangre a través de un catéter instalado en el abdomen y da a los enfermos renales más independencia pues les permite tratarse en casa con ayuda de algún cuidador.

Esa posibilidad ya no existe en el país. La empresa Dialysis Care de Venezuela envió el 12 de mayo un comunicado que advierte la falta de material para la realización de diálisis peritoneal en toda Venezuela.

Dialisis Care
“Nos encontramos en situación crítica debido a que no hemos podido dar respuesta a los pacientes en su entrega de material mensual como lo hemos hecho durante más de 18 años. Hemos agotado todos los recursos”, dice el documento.

Dialysis Care explica que recolectaron los materiales sobrantes de pacientes egresados, los repartieron equitativamente entre el resto de los enfermos y ya agotaron su inventario.

La recomendación de la empresa es que se una a estas personas a programas de hemodiálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero estos también atraviesan episodios de crisis con recurrentes fallas en el abastecimiento de los insumos necesarios.

Además, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene),  anunció  en otro comunicado la suspensión de los trasplantes renales a partir de donantes cadavéricos –que se habían reanudado en agosto de 2016- como la “estrategia más responsable a tomar ante la situación actual que atraviesa la salud pública tanto a nivel de infraestructura, recursos humanos, así como suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el trasplante de órganos”. Comunicado de Fundavene sobre suspensión de trasplantes renales by El Estímulo on Scribd


El resultado es que 6.500 venezolanos están desamparados, de acuerdo con la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida. “Esto es solo una muestra del colapso del sistema de la salud en Venezuela”, afirma Francisco Valencia, presidente de Codevida.

La ONG asegura que 750 de los 1.500 pacientes que reciben diálisis peritoneal no tienen otra opción de tratamiento –como la hemodiálisis-  pues tienen obstruidos todos los accesos a los conductos por los que circula la sangre.

Además, los 14 pacientes pediátricos distribuidos en otros estados del país están obligados a trasladarse a Caracas, pues la unidad de diálisis del Hospital J. M. de los Ríos es la única que trata a personas con menos de 30 kilogramos de peso.

El Hospital de Niños no está preparado para asumir esa demanda. El Servicio de Nefrología ha sufrido en los últimos dos meses un desborde de aguas negras y la muerte de tres pacientes que se infectaron con bacterias cuando eran dializados.

A Belén Arteaga, jefe de la unidad, le preocupa que no solo no hay material para diálisis peritoneal sino que tampoco saben hasta cuándo tendrán las condiciones para realizar hemodiálisis y que con la suspensión de los trasplantes es imposible liberar cupos para asumir a nuevos pacientes.

“El futuro es negro. ¿Estamos condenando a esta gente a la muerte? Si las cosas siguen así, no tenemos ninguna luz al final del túnel”. Ante la situación, Codevida hizo llegar un comunicado urgente a la relatoría de salud de las Naciones Unidas para informar sobre las medidas del gobierno nacional que afectan a los enfermos renales. 6.500 pacientes esperarán por la respuesta.

 
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