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elestimulo.com
Comunicados de organismos del Estado que
ordenan la suspensión de las diálisis peritoneales y los trasplantes renales
demuestran que la crisis de salud es innegable. La Coalición de Organizaciones
por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) alerta que la situación pone en
riesgo a 6.500 enfermos que dependen de una máquina para que sus riñones
funcionen.
El 2016 fue el año en el que el gobierno
nacional negó, de forma tozuda, la crisis humanitaria en Venezuela. Las
advertencias de académicos, gremios médicos, asociaciones de pacientes y hasta
la elaboración de una ley en la Asamblea Nacional fueron ignoradas y
descalificadas por funcionarios públicos.
Las alarmas tenían asidero. Esta semana,
se conocieron dos comunicados con medidas que ponen en peligro a 6.500 enfermos
renales pues establecen la suspensión de diálisis peritoneal y la paralización
de trasplantes en todo el país. Ambas limitan la calidad de vida de los
pacientes y comprometen su tratamiento.
La diálisis peritoneal desintoxica la
sangre a través de un catéter instalado en el abdomen y da a los enfermos
renales más independencia pues les permite tratarse en casa con ayuda de algún
cuidador.
Esa posibilidad ya no existe en el país.
La empresa Dialysis Care de Venezuela envió el 12 de mayo un comunicado que
advierte la falta de material para la realización de diálisis peritoneal en
toda Venezuela.
Dialisis Care
“Nos encontramos en situación crítica
debido a que no hemos podido dar respuesta a los pacientes en su entrega de
material mensual como lo hemos hecho durante más de 18 años. Hemos agotado
todos los recursos”, dice el documento.
Dialysis Care explica que recolectaron
los materiales sobrantes de pacientes egresados, los repartieron
equitativamente entre el resto de los enfermos y ya agotaron su inventario.
La recomendación de la empresa es que se
una a estas personas a programas de hemodiálisis del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, pero estos también atraviesan episodios de crisis con
recurrentes fallas en el abastecimiento de los insumos necesarios.
Además, la Fundación Venezolana de
Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), anunció
en otro comunicado la suspensión de los trasplantes renales a partir de
donantes cadavéricos –que se habían reanudado en agosto de 2016- como la
“estrategia más responsable a tomar ante la situación actual que atraviesa la
salud pública tanto a nivel de infraestructura, recursos humanos, así como
suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el
trasplante de órganos”. Comunicado de Fundavene sobre suspensión de trasplantes
renales by El Estímulo on Scribd
El resultado es que 6.500 venezolanos
están desamparados, de acuerdo con la Coalición de Organizaciones por el
Derecho a la Salud y la Vida. “Esto es solo una muestra del colapso del sistema
de la salud en Venezuela”, afirma Francisco Valencia, presidente de Codevida.
La ONG asegura que 750 de los 1.500
pacientes que reciben diálisis peritoneal no tienen otra opción de tratamiento
–como la hemodiálisis- pues tienen
obstruidos todos los accesos a los conductos por los que circula la sangre.
Además, los 14 pacientes pediátricos
distribuidos en otros estados del país están obligados a trasladarse a Caracas,
pues la unidad de diálisis del Hospital J. M. de los Ríos es la única que trata
a personas con menos de 30 kilogramos de peso.
El Hospital de Niños no está preparado
para asumir esa demanda. El Servicio de Nefrología ha sufrido en los últimos
dos meses un desborde de aguas negras y la muerte de tres pacientes que se
infectaron con bacterias cuando eran dializados.
A Belén Arteaga, jefe de la unidad, le
preocupa que no solo no hay material para diálisis peritoneal sino que tampoco
saben hasta cuándo tendrán las condiciones para realizar hemodiálisis y que con
la suspensión de los trasplantes es imposible liberar cupos para asumir a
nuevos pacientes.
“El futuro es negro. ¿Estamos condenando
a esta gente a la muerte? Si las cosas siguen así, no tenemos ninguna luz al
final del túnel”. Ante la situación, Codevida hizo llegar un comunicado urgente
a la relatoría de salud de las Naciones Unidas para informar sobre las medidas
del gobierno nacional que afectan a los enfermos renales. 6.500 pacientes
esperarán por la respuesta.