Prensa. elestimulo.com
La
Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) emitió un comunicado
en el que muestra su preocupación ante la poca capacidad de producción
industrial en el país y considera innecesaria la discusión de una Asamblea
Nacional Constituyente, por lo que exigió al gobierno que cumpla con la
Constitución vigente.
El
gremio precisó que el modelo económico que se viene aplicando desde 2003
provocó una caída de 32% en la producción industrial entre 2012 y 2016, así
como una inflación de 700% en 2016 y de 6.925% entre 2012 y 2016, según
análisis y proyecciones de expertos en materia económica.
“Este
proceso de destrucción de la industria venezolana hizo que pasáramos de 12.000
empresas en 2008 a unas 4.000 en la actualidad, lo que generó que nuestra
economía dependiera casi exclusivamente de los ingresos por concepto de la
renta petrolera y que el abastecimiento de bienes se materializara a través de
importaciones masivas que, hoy en día con los actuales precios del petróleo, no
son posibles”, señala el comunicado.
Conindustria
atribuye la actual situación a la imposición de un modelo económico equivocado
y del desconocimiento de los principios establecidos en la Carta Magna, por lo
que exigen que el gobierno cumpla cabalmente con lo establecido en la
Constitución nacional vigente y no intente reemplazarla.
“La
sola e innecesaria discusión pública de una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) desvía el foco de los problemas reales que enfrenta el país, que son la
falta de producción, la inseguridad personal y jurídica, así como la
obstrucción de los mecanismos para la sustitución de los funcionarios públicos
y la vigencia plena de la democracia”.
Conindustria
aplaude la manifestación pública de la Fiscalía General de la Republica en
contra de la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que
condenan la represión de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional
Bolivariana.
Además,
los industriales exigen que se abran los mecanismos para la celebración
inmediata de elecciones para los cargos de: presidente de la República,
gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y que éstos, a su vez, procedan a la
designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal Supremo de
Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General,
Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela.