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Con la aplicación del Plan Zamora por
parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se está violando el
artículo 3 común a los convenios de Ginebra, sobre derecho internacional
humanitario.
La información la suministró este
martes, 30 de mayo, la asociación civil Control Ciudadano, a través de un
comunicado de prensa, después de analizar los patrones que revela la aplicación
del referido Plan Zamora, puesto en marcha el pasado 18 de abril, por el
presidente de la república, Nicolás Maduro.
Rocío San Miguel, presidenta de Control
Ciudadano, considera que “la aplicación del Plan, exento de todo mecanismo de
control democrático hasta el presente, constituye un marco propicio para la
comisión de crímenes atroces y violaciones graves a los Derechos Humanos”.
El artículo 3 contempla los siguientes
aspectos:
1) los atentados contra la vida y la
integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos
crueles, la tortura y los suplicios;
2) la toma de rehenes;
3) los atentados contra la dignidad
personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
4) las condenas dictadas y las
ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados”.
La organización considera estos patrones
muy peligrosos, especialmente en un país donde es inexistente la subordinación
del poder militar al poder civil. “La FANB y los cuerpos de seguridad del
Estado operan permanentemente bajo un estado de excepción declarado por el
Presidente de la República desde hace más de dieciocho meses”.
Según el comunicado, los elementos que
preocupan a la asociación civil son:
– El aumento significativo de
“circunstancias propicias alegadas por el gobierno”, para reprimir masivamente
a la población.
– El historial de violencia e impunidad,
en medio del cual el gobierno ha consolidado un discurso político de
identidades excluyentes entre “ellos y nosotros”, que está permitiendo
abiertamente identificar a quienes protestan o son opositores como enemigos del
Estado.
– La configuración territorial de
espacios donde la población identificada como opositora no puede expresar sus
derechos civiles y políticos, por medio de manifestaciones y protestas, pues
son reprimidos brutalmente.
– La permisividad de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) con los “saqueos” y actuación de colectivos armados contra
personas y bienes civiles.
– La utilización de mecanismos de
“represalias” por parte de cuerpos de seguridad del Estado y la GNB para atacar
indiscriminadamente viviendas y comercios, afectando incluso centros educativos
y sanitaros, sin tomar precauciones en el uso de la fuerza.
– El empleo del discurso de odio.
– El alto porcentaje de armas y
municiones ilegales en manos de la población civil.
Finalmente, Control Ciudadano hace un
llamado a la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, creada en
diciembre de 2015, (Gaceta Oficial Extraordinaria 6.207), para que exija a los
cuerpos de seguridad del Estado y a la GNB el cumplimiento del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra.
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