Prensa. elestimulo.com
Las
protestas son escenario de atropellos y violaciones a los Derechos Humanos. La
Policía y Guardia Nacional vieron en ellas la oportunidad de hacer negocios.
Por venalidad, también ponen los grilletes a quienes se alzan en contra del
gobierno de Nicolás Maduro. Algunas víctimas, amén de sortear los abusos por
disentir, deben pagar las extorsiones monetarias que aseguran la pronta
libertad
Salir
a manifestar puede significar no volver. “Prefiero que me maten a que me metan
preso”, expresó un estudiante en la movilización del lunes primero de mayo de
2017. El temor a los barrotes por parte de los organismos de seguridad del
Estado acecha a quienes protestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En
muchos casos, los apresados han de arrostrar a la justicia venezolana por
crímenes no cometidos. ¿Qué vale la libertad? Antes de verse en confinamiento,
hay ciudadanos que se valen de cualquier tipo de mecanismos, fraudulentos o no.
Incluso hay quienes aguantan torturas y maltratos para evitar conflictos. Se
trata de un “sálvese quien pueda”. Las reglas no están escritas. Solo valen las
jugadas de policías, fiscales y jueces. Extorsiones, maltratos, negociaciones y
contactos se entretejen en un sistema corrompido luego de poner las esposas.
El
papá de Pedro* lo vivió. Su hijo, estudiante universitario, fue detenido en
medio de las manifestaciones del día 20 de abril. Iba con un amigo y un primo.
Mientras buscaban esquivar el piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
en la Avenida Libertador, uno de ellos los paró. Les pidió sus documentos y
revisó sus bolsos. Pedro guardaba una máscara de gas —precaución por las bombas
lacrimógenas. Fue motivo suficiente para empujarlos con: “Nos llevamos a
estos”.
Pasaron
dos horas y el padre no sabía del paradero de Pedro. Decidió llamarlo y se
encontró con la sorpresa: “Su hijo está preso”. No supo el porqué. Le
recomendaron manejar el caso como un secuestro; no dar información a ninguna
organización y comenzar a recolectar dinero. “No quería que pasara por régimen
de presentación. Él no había hecho nada malo”. El padre no volvió hablar con su
vástago ni se comunicó con los guardias —le habían robado el celular. Además,
militares de cierta importancia comenzaron a fungir de negociadores. Por no
haber cometido delito, las vías regulares no parecían prometedoras. “Yo estaba
hasta dispuesto a pagar”, afirma. Claro que no hay ayuda desinteresada: “No me
exigieron una cantidad, pero sí algunos ‘favores’. Quien me asistió en el
proceso me pidió el dinero para arreglar su carro”.
Por
la dura represión, el saldo de heridos, muertos y detenciones crece con
alarmante rapidez. Este último sobre todo. Tras las primeras protestas de
abril, en menos de 30 días, hubo 400 personas “privadas de libertad”. De
acuerdo con las declaraciones de Alfredo Romero, director de la organización no
gubernamental Foro Penal Venezolano, el mes cerró con 1664 arrestos por
protestas, 556 detenidos y 183 presos políticos —es decir, por orden judicial. Muchos de estos casos no
poseen validez punible. Protestar es un derecho admitido por la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela siempre que no se desenvaine violencia.
Ninguna autoridad puede retener. No obstante, en los últimos 18 años, abundan
historias contrarias a lo consagrado en la carta magna.
“El
sistema judicial no está cumpliendo su labor, no existe el debido proceso. Está
muy comprometido dentro de un sistema de gobierno que no protege las leyes”,
indicó Tamara Bechar, abogado y docente de derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) y miembro del equipo de Asistencia —una brigada de apoyo
jurídico que atiende a personas apresadas en las protestas. “Las detenciones
son legítimas y constitucionales siempre y cuando se haya cometido un delito en
fragancia o exista una orden judicial. Sin embargo, tanto en las protestas del
año 2014 como las de ahora, no sucede así”, explica la abogada.
No
sorprende. El Índice del Estado de Derecho 2016 del World Justice Project ubicó
al país en el último puesto, señalando que Venezuela posee el sistema judicial
más débil de una lista de 113 países. La corrupción roe los procesos, haciendo
que los cuerpos de seguridad promuevan conductas ilegales. Según Bechar:
“Estamos frente a violaciones graves de derechos humanos. Casos de torturas
físicas y psicológicas abundan. También arrestos arbitrarios, tanto a líderes
opositores como a ciudadanos de a pie”. Explica, sobre todo, que los procesos
judiciales son violados conforme lo que decidan las cabecillas que generan los
apresamientos.
A
los “realazos”
Existen
personas que sí han entregado dinero para asegurar la libertad de los suyos. De
acuerdo con el grupo de asistencia jurídica de la Universidad Metropolitana
(UNIMET), ocurrió un caso en 2016: era estudiante de la universidad y
protestaba por la suspensión del referendo revocatorio convocado por la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD). El muchacho, cuya identidad revista Clímax
protege, estaba en la Avenida Río de Janeiro, muy cerca de donde reprimía la
Guardia Nacional.
No
tuvo opción de huir. Unos agentes lo agarron acusándolo de incitar acciones
violentas. El grupo de Apoyo UNIMET recibió la información y abrió el protocolo
correspondiente para impulsar el proceso de liberación. No obstante, un giro
inesperado rompió las maneras de los abogados. Luego de dos horas de la
aprehensión, una llamada desconcertó a familiares. Una voz anónima no solo
pedía aplacar ruidos, sino también un monto a cambio de la liberación. La madre
del muchacho hizo mutis y aceptó el trato que la Guardia establecía. El costo
de la bicoca fue de mil dólares. El temor a no verlo libre pudo más que la
conciencia o el control de cambio.
Aunque
no siempre pagan, la amenaza de intercambiar dinero por la liberación es una
realidad. Tal es el caso de Reinaldo Bouquett, un estudiante de 22 años de la
Universidad Metropolitana. El sábado 22 de abril de 2017 no participó en la
protesta, tampoco era su turno de trabajo para el grupo de Apoyo UNIMET. Con su
carro fue hasta Terrazas del Ávila para hacerle una visita rápida a su novia.
Sus planes trocaron mientras se adentraba en la Autopista Francisco Fajardo.
Una tropa de la GNB en motos se hizo paso, arbitrariamente, entre los
vehículos. El joven trató de evadirlos, no obstante, la maniobra finalizó en un
choque.
Lo
emboscaron y le pidieron los papeles. Mientras él aseguraba que se haría
responsable del accidente, los milicos respondieron: “Tú nos jodiste así que te
vamos a joder también”. Esposas en mano, se lo llevaron a trompicones sin
abandonar su camioneta. Los depositaron en un destacamento de la GNB. Una vez
adentro comenzó la tortura: patadas, golpes secos, insultos. No le permitieron
comunicarse con su familia. Lo llamaron ‘terrorista’. “Yo aguanté mi paliza,
porque si no es peor para uno”, afirma Bouquett.
Un
sargento se acercó y mientras le explicaba la razón de su suplicio, regurgitó:
“Espero que tengas pedigrí para salirte de esta”. Para completar la befa
convertida en dictamen, como si no hubiera quedado claro, expelió: “Más vale
tengas plata para pagar tu salida”. Reinaldo pasó 48 horas en el calabozo. No
hizo falta abrir las billeteras, no cedió a la propuesta. Permitió la
continuación del proceso. “Como el Ministerio Público ya estaba involucrado no
me tocó pagar nada”.
Datos
oficiales sobre este tipo de irregularidades no existen. En cambios rumores y
chismes de pasillo sí. “Para nosotros es imposible afirmar con certeza porque
los agraviados no denuncian. Quienes ofrezcan dinero admitirían haber cometido
un delito”, explica la directora del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.
Gonzalo
Himiob, abogado y director del Foro Penal Venezolano, concuerda: “En efecto
hemos recibido reportes sobre esa situación. Sin embargo, la gente no las
denuncia formalmente porque, en primer término, el Foro Penal Venezolano no
avala este tipo de conductas y, en segundo lugar, porque al prestarse a eso
están a la vez confirmando que participan en un acto de corrupción”. En
referencia a las detenciones del mes de abril y la posibilidad de que existan
casos similares, arguye: “Eso explicaría en parte la elevada cifra de personas
que, a las pocas horas de ser arrestadas, son liberadas sin orden
presentación”. O sea: sin ser reseñadas ni remitidas a Fiscalía o tribunales.
Desde el 4 de abril hasta el 24 ya suma 465 personas.
Elenis
Rodríguez hace uso del argumento de fiadores o “caución personal”. El Código
Orgánico Penal Procesal establece en el artículo 244 la posibilidad de realizar
“la prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por
el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de
proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más
personas idóneas, o garantías reales”. La figura del fiador deberá ser una
persona con historial de buena conducta, responsable, debe tener capacidad
económica para atender las obligaciones que contrae y estar domiciliado en el
territorio nacional. El pago, que cubre los gastos de captura y los gastos
procesales, se realiza por vía de multa.
La
abogada Tamara Bechar expresó que la constatación de fiadores podría ser
considerada “un gran avance” en materia jurídica de ser realmente aplicada en
la práctica. “Si se tratara de un procedimiento normal, esto no significaría
gran cosa. Sin embargo, es una artimaña que utilizan para dejar a los muchachos
más tiempo en los calabozos. Los castigan, en definitiva”, explicó. Esto supone
delito: “Retrasar el proceso de las fianzas, no aceptar las boletas de
excarcelación, todo esto implica mantener en privativa de libertad a personas
inocentes. Se podría considerar incluso como secuestro”.
Elenis
Rodríguez lleva el caso de 12 detenidos desde el martes 4 de abril de 2017.
Para el día lunes 10, cada uno de sus representados contaba con dos figuras de
fiadores. No obstante, no permitieron la medida sino a seis. “A pesar de que
existe una boleta de excarcelación emitida por el Alguacil, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
no la recibe. Buscan entorpecer el proceso. No puede ser que el director
del SEBIN decida quién se queda y quién se va”, añadió.
La
fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en recientes declaraciones, reconoció
irregularidades en la detención de personas durante las protestas. No se sabrá
si aludía a estos pagos por libertad. Queda en duda si lo que se denuncia se
hará acción en la práctica.