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Prensa. elestimulo.com
Las protestas son escenario de atropellos y violaciones a los Derechos Humanos. La Policía y Guardia Nacional vieron en ellas la oportunidad de hacer negocios. Por venalidad, también ponen los grilletes a quienes se alzan en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Algunas víctimas, amén de sortear los abusos por disentir, deben pagar las extorsiones monetarias que aseguran la pronta libertad

Salir a manifestar puede significar no volver. “Prefiero que me maten a que me metan preso”, expresó un estudiante en la movilización del lunes primero de mayo de 2017. El temor a los barrotes por parte de los organismos de seguridad del Estado acecha a quienes protestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En muchos casos, los apresados han de arrostrar a la justicia venezolana por crímenes no cometidos. ¿Qué vale la libertad? Antes de verse en confinamiento, hay ciudadanos que se valen de cualquier tipo de mecanismos, fraudulentos o no. Incluso hay quienes aguantan torturas y maltratos para evitar conflictos. Se trata de un “sálvese quien pueda”. Las reglas no están escritas. Solo valen las jugadas de policías, fiscales y jueces. Extorsiones, maltratos, negociaciones y contactos se entretejen en un sistema corrompido luego de poner las esposas.

El papá de Pedro* lo vivió. Su hijo, estudiante universitario, fue detenido en medio de las manifestaciones del día 20 de abril. Iba con un amigo y un primo. Mientras buscaban esquivar el piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la Avenida Libertador, uno de ellos los paró. Les pidió sus documentos y revisó sus bolsos. Pedro guardaba una máscara de gas —precaución por las bombas lacrimógenas. Fue motivo suficiente para empujarlos con: “Nos llevamos a estos”.

Pasaron dos horas y el padre no sabía del paradero de Pedro. Decidió llamarlo y se encontró con la sorpresa: “Su hijo está preso”. No supo el porqué. Le recomendaron manejar el caso como un secuestro; no dar información a ninguna organización y comenzar a recolectar dinero. “No quería que pasara por régimen de presentación. Él no había hecho nada malo”. El padre no volvió hablar con su vástago ni se comunicó con los guardias —le habían robado el celular. Además, militares de cierta importancia comenzaron a fungir de negociadores. Por no haber cometido delito, las vías regulares no parecían prometedoras. “Yo estaba hasta dispuesto a pagar”, afirma. Claro que no hay ayuda desinteresada: “No me exigieron una cantidad, pero sí algunos ‘favores’. Quien me asistió en el proceso me pidió el dinero para arreglar su carro”.

Por la dura represión, el saldo de heridos, muertos y detenciones crece con alarmante rapidez. Este último sobre todo. Tras las primeras protestas de abril, en menos de 30 días, hubo 400 personas “privadas de libertad”. De acuerdo con las declaraciones de Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, el mes cerró con 1664 arrestos por protestas, 556 detenidos y 183 presos políticos —es decir,  por orden judicial. Muchos de estos casos no poseen validez punible. Protestar es un derecho admitido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela siempre que no se desenvaine violencia. Ninguna autoridad puede retener. No obstante, en los últimos 18 años, abundan historias contrarias a lo consagrado en la carta magna.

“El sistema judicial no está cumpliendo su labor, no existe el debido proceso. Está muy comprometido dentro de un sistema de gobierno que no protege las leyes”, indicó Tamara Bechar, abogado y docente de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembro del equipo de Asistencia —una brigada de apoyo jurídico que atiende a personas apresadas en las protestas. “Las detenciones son legítimas y constitucionales siempre y cuando se haya cometido un delito en fragancia o exista una orden judicial. Sin embargo, tanto en las protestas del año 2014 como las de ahora, no sucede así”, explica la abogada.

No sorprende. El Índice del Estado de Derecho 2016 del World Justice Project ubicó al país en el último puesto, señalando que Venezuela posee el sistema judicial más débil de una lista de 113 países. La corrupción roe los procesos, haciendo que los cuerpos de seguridad promuevan conductas ilegales. Según Bechar: “Estamos frente a violaciones graves de derechos humanos. Casos de torturas físicas y psicológicas abundan. También arrestos arbitrarios, tanto a líderes opositores como a ciudadanos de a pie”. Explica, sobre todo, que los procesos judiciales son violados conforme lo que decidan las cabecillas que generan los apresamientos.

A los “realazos”
Existen personas que sí han entregado dinero para asegurar la libertad de los suyos. De acuerdo con el grupo de asistencia jurídica de la Universidad Metropolitana (UNIMET), ocurrió un caso en 2016: era estudiante de la universidad y protestaba por la suspensión del referendo revocatorio convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El muchacho, cuya identidad revista Clímax protege, estaba en la Avenida Río de Janeiro, muy cerca de donde reprimía la Guardia Nacional.

No tuvo opción de huir. Unos agentes lo agarron acusándolo de incitar acciones violentas. El grupo de Apoyo UNIMET recibió la información y abrió el protocolo correspondiente para impulsar el proceso de liberación. No obstante, un giro inesperado rompió las maneras de los abogados. Luego de dos horas de la aprehensión, una llamada desconcertó a familiares. Una voz anónima no solo pedía aplacar ruidos, sino también un monto a cambio de la liberación. La madre del muchacho hizo mutis y aceptó el trato que la Guardia establecía. El costo de la bicoca fue de mil dólares. El temor a no verlo libre pudo más que la conciencia o el control de cambio.

Aunque no siempre pagan, la amenaza de intercambiar dinero por la liberación es una realidad. Tal es el caso de Reinaldo Bouquett, un estudiante de 22 años de la Universidad Metropolitana. El sábado 22 de abril de 2017 no participó en la protesta, tampoco era su turno de trabajo para el grupo de Apoyo UNIMET. Con su carro fue hasta Terrazas del Ávila para hacerle una visita rápida a su novia. Sus planes trocaron mientras se adentraba en la Autopista Francisco Fajardo. Una tropa de la GNB en motos se hizo paso, arbitrariamente, entre los vehículos. El joven trató de evadirlos, no obstante, la maniobra finalizó en un choque.

Lo emboscaron y le pidieron los papeles. Mientras él aseguraba que se haría responsable del accidente, los milicos respondieron: “Tú nos jodiste así que te vamos a joder también”. Esposas en mano, se lo llevaron a trompicones sin abandonar su camioneta. Los depositaron en un destacamento de la GNB. Una vez adentro comenzó la tortura: patadas, golpes secos, insultos. No le permitieron comunicarse con su familia. Lo llamaron ‘terrorista’. “Yo aguanté mi paliza, porque si no es peor para uno”, afirma Bouquett.

Un sargento se acercó y mientras le explicaba la razón de su suplicio, regurgitó: “Espero que tengas pedigrí para salirte de esta”. Para completar la befa convertida en dictamen, como si no hubiera quedado claro, expelió: “Más vale tengas plata para pagar tu salida”. Reinaldo pasó 48 horas en el calabozo. No hizo falta abrir las billeteras, no cedió a la propuesta. Permitió la continuación del proceso. “Como el Ministerio Público ya estaba involucrado no me tocó pagar nada”.

Datos oficiales sobre este tipo de irregularidades no existen. En cambios rumores y chismes de pasillo sí. “Para nosotros es imposible afirmar con certeza porque los agraviados no denuncian. Quienes ofrezcan dinero admitirían haber cometido un delito”, explica la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.

Gonzalo Himiob, abogado y director del Foro Penal Venezolano, concuerda: “En efecto hemos recibido reportes sobre esa situación. Sin embargo, la gente no las denuncia formalmente porque, en primer término, el Foro Penal Venezolano no avala este tipo de conductas y, en segundo lugar, porque al prestarse a eso están a la vez confirmando que participan en un acto de corrupción”. En referencia a las detenciones del mes de abril y la posibilidad de que existan casos similares, arguye: “Eso explicaría en parte la elevada cifra de personas que, a las pocas horas de ser arrestadas, son liberadas sin orden presentación”. O sea: sin ser reseñadas ni remitidas a Fiscalía o tribunales. Desde el 4 de abril hasta el 24 ya suma 465 personas.

Elenis Rodríguez hace uso del argumento de fiadores o “caución personal”. El Código Orgánico Penal Procesal establece en el artículo 244 la posibilidad de realizar “la prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales”. La figura del fiador deberá ser una persona con historial de buena conducta, responsable, debe tener capacidad económica para atender las obligaciones que contrae y estar domiciliado en el territorio nacional. El pago, que cubre los gastos de captura y los gastos procesales, se realiza por vía de multa.

La abogada Tamara Bechar expresó que la constatación de fiadores podría ser considerada “un gran avance” en materia jurídica de ser realmente aplicada en la práctica. “Si se tratara de un procedimiento normal, esto no significaría gran cosa. Sin embargo, es una artimaña que utilizan para dejar a los muchachos más tiempo en los calabozos. Los castigan, en definitiva”, explicó. Esto supone delito: “Retrasar el proceso de las fianzas, no aceptar las boletas de excarcelación, todo esto implica mantener en privativa de libertad a personas inocentes. Se podría considerar incluso como secuestro”.

Elenis Rodríguez lleva el caso de 12 detenidos desde el martes 4 de abril de 2017. Para el día lunes 10, cada uno de sus representados contaba con dos figuras de fiadores. No obstante, no permitieron la medida sino a seis. “A pesar de que existe una boleta de excarcelación emitida por el Alguacil, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)  no la recibe. Buscan entorpecer el proceso. No puede ser que el director del SEBIN decida quién se queda y quién se va”, añadió.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en recientes declaraciones, reconoció irregularidades en la detención de personas durante las protestas. No se sabrá si aludía a estos pagos por libertad. Queda en duda si lo que se denuncia se hará acción en la práctica.

 
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