Prensa. elestimulo.com
“Eran
muchos funcionarios, creo que del Cicpc, vestidos en su mayoría de negro, con
chalecos antibalas. Golpeaban muy fuertemente la puertas y afuera se escuchaban
tiros y gritos”, narró una vecina de los edificios Teresa en Palma Real,
Mañongo, sobre lo ocurrido el lunes pasado en la tarde cuando hubo un
procedimiento de organismos de seguridad.
Los
funcionarios rastreaban la zona en busca del presunto francotirador, denunciado
en su cuenta de la red social Twitter por el gobernador de Carabobo, Francisco
Ameliach, que habría herido a dos policías de Carabobo, uno de ellos de
gravedad, en las cercanías de la tienda Daka.
Pero
los habitantes de los edificios Teresa B1, Teresa B2 y Teresa B3, relataron a
El Estímulo que fue una acción desproporcionada, violatoria de sus derechos, un
verdadero episodio de horror por el que ahora muchos de ellos se encuentran
atemorizados ante la posibilidad de que se repita.
Con
lágrimas en los ojos algunos de ellos contaron lo que vivieron. Silvia Navea,
dijo que ella estaba en su apartamento con su esposo y su hijo de 14 años. “Mi
esposo estaba en short y nos obligaron a que salieran los hombres de la casa.
Bajaron a mi hijo de 14 años también, lo requisaron allá abajo, y a mi esposo
se lo llevaron detenido. Simple y llanamente estaba en su casa. No dieron
razón. Él bajó haciéndoles caso y al final nos encontramos que se lo llevaron
detenido. Tiene 52 años de edad”.
La
mujer indicó que no les dieron razón de por qué debía irse en el grupo de
detenidos su marido. Tampoco les mostraron orden de allanamiento. “Dijeron que
el que no abriera la puerta se la iban a tumbar (…) Esto parecía una guerra,
disparos, le dispararon a los carros, a las ventanas, nosotros estábamos
asustados dentro del apartamento”. Al esposo de Navea lo liberaron, luego de
haberlo llevado al Cicpc Las Acacias, al norte de Valencia.
Gresehn
Gómez, no corrió con la misma suerte. Su esposo que es médico, de avanzada
edad, padece de un problema cardíaco importante. También le tocaron muy fuerte
la puerta, ella estaba a punto de bañarse y salió en franela. “Cuando veo es
que entraron con un arma como si hubiesen estado buscando malandros en mi
apartamento, mi esposo estaba en el cuarto, y les grité que bajaran esa arma
porque mi esposo sufre del corazón (…) el apartamento de mis hijos me lo
destrozaron por completo”.
El
hombre fue otro de los que integró la fila de detenidos en Palma Real, ahora
espera la audiencia en el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la
Guardia Nacional, ubicado en Ciudad Chávez, al sur de la ciudad.
A
otros les destrozaron los cilindros de sus puertas y rejas. Buscaban
evidencias, “pero de una forma desmedida; ojalá actuaran así con los malandros
y ladrones”, refirió un vecino que reparaba sus puertas este miércoles en la
mañana y que lamentaba lo ocurrido con una mezcla de sentimientos entre rabia,
tristeza y decepción, según comentó.
Nicda
Sánchez, que es una persona de la tercera edad, vive junto a su hermana de 61
años. “Nos tocaron muy duro la puerta y nos asustamos mucho porque estábamos
las dos solas. Yo abrí y pregunté qué pasaba y uno dijo que venían a revisar el
apartamento. Mi hermana les preguntó si tenían una orden –de allanamiento- pero
le respondieron que no era necesaria esa orden. Le abrimos, pasaron y revisaron
todas las habitaciones, una por una, y después se fueron. Ahora tememos,
estamos asustadas”.
Angeltsy
Pinto, de 28 años de edad, ha vivido desde que nació en las residencias de
Palma Real. “Fue terrible. Primero el susto del poco de balas que se escuchaban
desde mi apartamento, la gente gritando, desesperados (…) de repente llegó la
Guardia Nacional, la policía, el Sebin, la comisión anti secuestros, eran
camiones negros, personas vestidas de negro con armas largas, horrible.
Destrozaron primero los carros, empezaron a disparar y luego entraron a todos
los apartamentos”.
Pinto
que es estudiante universitaria refirió que desde ese episodio no ha querido
volver a salir a clases, al supermercado, “a ningún lugar”, igual que su
hermana que sufrió una crisis nerviosa, luego de lo sucedido. Aún en algunas
áreas del conjunto residencial hay rastros de las bombas que quedaron en el
suelo, también se ven las ventanas quebradas y los impactos de los disparos.
Los
vecinos consignarán ante la Fiscalía del Ministerio Público en Carabobo, un
documento donde exigen que se investigue lo ocurrido y se castigue a los
responsables.
La
otra realidad. En el Desur de la GN en
Ciudad Chávez muchos familiares de los detenidos el pasado lunes 15 de mayo en
El Trigal y en Palma Real, llevaban comida al mediodía del miércoles. Unos con
otros se dan una mano en medio de la angustia y la preocupación. Se informan
entre sí, buscan a los abogados que asisten a sus parientes. Intercambian
números de teléfonos.
La
audiencia prevista para 19 de los aprehendidos el lunes en El Trigal, y que
debía realizarse el martes 16, fue suspendida por una falla eléctrica que fue
subsanada el miércoles. “Esto es horroroso. A mi familiar se lo llevaron de
Palma Real. Estaba remodelando un apartamento, pero cuando entraron casi
tumbando puertas, se lo llevaron (…) a partir de allí no he sabido nada de él.
El Foro Penal lo está defendiendo. Me preocupa lo que pueda pasar. Él es
comerciante, un trabajador. Tenemos dos días aquí y no sabemos nada”, comentó
un padre conmovido afuera del Desur.
110
privados de libertad por justicia militar en Carabobo
Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro
Penal en Carabobo, señaló que hasta el martes 16 de mayo, contabilizaban al
menos 110 civiles privados de libertad por la justicia militar, dentro del Plan
Zamora, en la entidad federal. Casi todos han sido ya trasladados a la cárcel
26 de julio en el estado Guárico.
“Tenemos
registradas unas 192 personas que han sido arrestadas hasta la semana pasada y
si le sumamos los 63 –de las detenidas el lunes 15- la cuenta sube a más de 250
personas arrestadas que serán presentadas ante la jurisdicción militar”,
puntualizó.
Por
su parte, el abogado Eliécer Jiménez, de la Organización No Gubernamental
Defensa y Justicia Carabobo, dijo que es evidente, público y notorio, que los
detenidos de El Trigal, cuya audiencia se realiza la noche de este miércoles,
no estaban cometiendo delitos. “Eran personas que estaban en una actitud
absolutamente pacífica y fueron brutal y cobardemente detenidos”.
“No
hay ninguna circunstancia, ninguna, bajo la cual civiles puedan ser presentados
ante la jurisdicción militar, es una vulneración y un quebrantamiento absoluto
de todas las garantías constitucionales y de todos los derechos humanos”,
puntualizó Jiménez.