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Prensa. elestimulo.com
“Eran muchos funcionarios, creo que del Cicpc, vestidos en su mayoría de negro, con chalecos antibalas. Golpeaban muy fuertemente la puertas y afuera se escuchaban tiros y gritos”, narró una vecina de los edificios Teresa en Palma Real, Mañongo, sobre lo ocurrido el lunes pasado en la tarde cuando hubo un procedimiento de organismos de seguridad.

Los funcionarios rastreaban la zona en busca del presunto francotirador, denunciado en su cuenta de la red social Twitter por el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, que habría herido a dos policías de Carabobo, uno de ellos de gravedad, en las cercanías de la tienda Daka.

Pero los habitantes de los edificios Teresa B1, Teresa B2 y Teresa B3, relataron a El Estímulo que fue una acción desproporcionada, violatoria de sus derechos, un verdadero episodio de horror por el que ahora muchos de ellos se encuentran atemorizados ante la posibilidad de que se repita.

Con lágrimas en los ojos algunos de ellos contaron lo que vivieron. Silvia Navea, dijo que ella estaba en su apartamento con su esposo y su hijo de 14 años. “Mi esposo estaba en short y nos obligaron a que salieran los hombres de la casa. Bajaron a mi hijo de 14 años también, lo requisaron allá abajo, y a mi esposo se lo llevaron detenido. Simple y llanamente estaba en su casa. No dieron razón. Él bajó haciéndoles caso y al final nos encontramos que se lo llevaron detenido. Tiene 52 años de edad”.

La mujer indicó que no les dieron razón de por qué debía irse en el grupo de detenidos su marido. Tampoco les mostraron orden de allanamiento. “Dijeron que el que no abriera la puerta se la iban a tumbar (…) Esto parecía una guerra, disparos, le dispararon a los carros, a las ventanas, nosotros estábamos asustados dentro del apartamento”. Al esposo de Navea lo liberaron, luego de haberlo llevado al Cicpc Las Acacias, al norte de Valencia.

Gresehn Gómez, no corrió con la misma suerte. Su esposo que es médico, de avanzada edad, padece de un problema cardíaco importante. También le tocaron muy fuerte la puerta, ella estaba a punto de bañarse y salió en franela. “Cuando veo es que entraron con un arma como si hubiesen estado buscando malandros en mi apartamento, mi esposo estaba en el cuarto, y les grité que bajaran esa arma porque mi esposo sufre del corazón (…) el apartamento de mis hijos me lo destrozaron por completo”.

El hombre fue otro de los que integró la fila de detenidos en Palma Real, ahora espera la audiencia en el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional, ubicado en Ciudad Chávez, al sur de la ciudad.

A otros les destrozaron los cilindros de sus puertas y rejas. Buscaban evidencias, “pero de una forma desmedida; ojalá actuaran así con los malandros y ladrones”, refirió un vecino que reparaba sus puertas este miércoles en la mañana y que lamentaba lo ocurrido con una mezcla de sentimientos entre rabia, tristeza y decepción, según comentó.

Nicda Sánchez, que es una persona de la tercera edad, vive junto a su hermana de 61 años. “Nos tocaron muy duro la puerta y nos asustamos mucho porque estábamos las dos solas. Yo abrí y pregunté qué pasaba y uno dijo que venían a revisar el apartamento. Mi hermana les preguntó si tenían una orden –de allanamiento- pero le respondieron que no era necesaria esa orden. Le abrimos, pasaron y revisaron todas las habitaciones, una por una, y después se fueron. Ahora tememos, estamos asustadas”.

Angeltsy Pinto, de 28 años de edad, ha vivido desde que nació en las residencias de Palma Real. “Fue terrible. Primero el susto del poco de balas que se escuchaban desde mi apartamento, la gente gritando, desesperados (…) de repente llegó la Guardia Nacional, la policía, el Sebin, la comisión anti secuestros, eran camiones negros, personas vestidas de negro con armas largas, horrible. Destrozaron primero los carros, empezaron a disparar y luego entraron a todos los apartamentos”.

Pinto que es estudiante universitaria refirió que desde ese episodio no ha querido volver a salir a clases, al supermercado, “a ningún lugar”, igual que su hermana que sufrió una crisis nerviosa, luego de lo sucedido. Aún en algunas áreas del conjunto residencial hay rastros de las bombas que quedaron en el suelo, también se ven las ventanas quebradas y los impactos de los disparos.

Los vecinos consignarán ante la Fiscalía del Ministerio Público en Carabobo, un documento donde exigen que se investigue lo ocurrido y se castigue a los responsables.
La otra realidad.  En el Desur de la GN en Ciudad Chávez muchos familiares de los detenidos el pasado lunes 15 de mayo en El Trigal y en Palma Real, llevaban comida al mediodía del miércoles. Unos con otros se dan una mano en medio de la angustia y la preocupación. Se informan entre sí, buscan a los abogados que asisten a sus parientes. Intercambian números de teléfonos.

La audiencia prevista para 19 de los aprehendidos el lunes en El Trigal, y que debía realizarse el martes 16, fue suspendida por una falla eléctrica que fue subsanada el miércoles. “Esto es horroroso. A mi familiar se lo llevaron de Palma Real. Estaba remodelando un apartamento, pero cuando entraron casi tumbando puertas, se lo llevaron (…) a partir de allí no he sabido nada de él. El Foro Penal lo está defendiendo. Me preocupa lo que pueda pasar. Él es comerciante, un trabajador. Tenemos dos días aquí y no sabemos nada”, comentó un padre conmovido afuera del Desur.

110 privados de libertad por justicia militar en Carabobo
 Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, señaló que hasta el martes 16 de mayo, contabilizaban al menos 110 civiles privados de libertad por la justicia militar, dentro del Plan Zamora, en la entidad federal. Casi todos han sido ya trasladados a la cárcel 26 de julio en el estado Guárico.

“Tenemos registradas unas 192 personas que han sido arrestadas hasta la semana pasada y si le sumamos los 63 –de las detenidas el lunes 15- la cuenta sube a más de 250 personas arrestadas que serán presentadas ante la jurisdicción militar”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Eliécer Jiménez, de la Organización No Gubernamental Defensa y Justicia Carabobo, dijo que es evidente, público y notorio, que los detenidos de El Trigal, cuya audiencia se realiza la noche de este miércoles, no estaban cometiendo delitos. “Eran personas que estaban en una actitud absolutamente pacífica y fueron brutal y cobardemente detenidos”.

“No hay ninguna circunstancia, ninguna, bajo la cual civiles puedan ser presentados ante la jurisdicción militar, es una vulneración y un quebrantamiento absoluto de todas las garantías constitucionales y de todos los derechos humanos”, puntualizó Jiménez.

 
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