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Prensa. venezuelaawareness.com
Seis jóvenes fueron detenidos el pasado 6 de abril durante las protestas en Caracas. Dos días después se realizó su audiencia de presentación, y la decisión fue libertad con fiadores. Pero se atravesó la Semana Santa. La semana siguiente, la jueza del Tribunal 23 de Control de Caracas, encargada de los casos, fue removida de su puesto. Tras 22 días, los muchachos aún permanecen en celdas calurosas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la avenida Urdaneta, y el tribunal sigue sin juez.

Cuatro de estos seis jóvenes son estudiantes universitarios y sus casos son llevados por abogados del Foro Penal Venezolano (FPV). Los otros dos tienen defensas privadas. Todos forman parte de ese grupo de 434 personas que —según cifras de la organización— fueron arrestadas en manifestaciones, obtuvieron libertad bajo fianza y aún están detenidas.

Uno de estos casos es el de Matthew Jorel Rubio Hernández, de 23 años, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (Unefa), apresado en una protesta en Altamira. Sus padres viven fuera del país. Otros familiares tuvieron que viajar desde Turmero para atenderlo. Buscaron fiadores, los encontraron y entregaron todos los requisitos. Sin embargo, ahora el tribunal está acéfalo y no hay quien tramite. “Queremos que nombren un juez para que verifique todos los documentos”, dijo Isabel Rubio, tía de Matthew.

Junto a Rubio Hernández está Ricardo David Padilla Landaeta, estudiante de 23 años de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue detenido en las mismas circunstancias que Rubio. “¡Ellos están libres! ¡Libres desde hace más de 15 días! Tenemos sus fiadores, pero no han asignado un juez nuevo”, contó visiblemente afectada y con la voz entrecortada María Padilla, su tía.

La señora teme por la salud mental de su sobrino: “A mí me da miedo mi muchacho, que le pueda pasar algo. Tiene tres semanas encerrado”. “Estamos desesperados. En este país uno está solo”, agregó sin poder contener las lágrimas.

El tercer universitario que continúa preso en el Cicpc es Fernando Caballero Gálvez, de 29 años, estudiante del último año de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue detenido a la altura del Centro Comercial El Recreo. Sara Gálvez, su madre, relató que su hijo fue víctima de torturas y tratos crueles horas después de ser arrestado: lo robaron, golpearon, desnudaron, le cubrieron el rostro y le aplicaron descargas eléctricas.

Ahora está en una celda, durmiendo en una colchoneta, y ha perdido exámenes y hasta su trabajo. Han podido visitarlo y llevarle comida. “Fernando está bien. Ha tratado de ser fuerte, pero a veces se quiebra. Lloró mucho hace unos días”, expresó Gálvez. Preocupado —añadió— el joven les pidió perdón tanto a ella como a su padre por los momentos de angustia que están viviendo. Aunque aseguró que están “en el limbo”, le dijo a su hijo que no tiene por qué pedir disculpas por querer algo mejor.

Un estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) en Zaraza, estado Guárico, también espera por la designación de un juez en el Tribunal 23 de Control de Caracas. Se trata de José Vicente Figueroa. Según su madre, Carmen Echenique, el joven estaba haciendo una diligencia en las inmediaciones de una estación del Metro en Caracas cuando fue detenido por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte, los abogados del Foro Penal Venezolano interpondrán una acción de amparo por la situación del tribunal. Además, acudirán a grupo internacionales que defiendan los derechos humanos ante casos de detenciones arbitrarias. “Lo que nos queda es denunciar”, dijo a los familiares Gonzalo Himiob, director de la organización no gubernamental.

 
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