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Eulimar Durán, analista y servidora judicial, acotó que dentro de este nuevo marco de relaciones figura la necesidad de establecer el control social en todas las instancias del poder constituido.
Prensa DAR Apure.-
La Oficina de Atención y Participación Ciudadana realizó un taller sobre Contraloría Social, dictado por el servidor judicial Antonio Franco, dirigido a los aspirantes al cargo de jueces y juezas de paz, dirigentes comunales y público en general, interesado en conocer la aplicación de recursos y operación de programas de desarrollo social, para garantizar que sus beneficios lleguen íntegramente a la población y evitar su utilización en favor de intereses ajenos al beneficio común.

La actividad, organizada por la mencionada oficina, busca promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y procedimientos de operación e impulsar actitudes de corresponsabilidad gobierno-ciudadanía, invitando a los miembros de la comunidad a la reflexión colectiva acerca de los problemas de desarrollo social de su localidad, barrio, comuna, municipio o estado y a proponer soluciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Así lo explicó el ponente, Antonio Franco, quien destacó el papel fundamental que juega el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Oficina de Atención y Participación Ciudadana, en la formación jurídica de los ciudadanos. Por su parte, Eulimar Durán, analista y servidora judicial adscrita a la OAPC, acotó que dentro de este nuevo marco de relaciones figura la necesidad de establecer el control social en todas las instancias del poder constituido, como una forma de abrir los espacios de la participación en la función de control de la gestión pública.

Hay que destacar que la Oficina de Atención y Participación Ciudadana, adscrita al Poder Judicial de la entidad llanera y que dirige Ingrid Quintana, también ejecuta durante todo el año diversos talleres y conversatorios, entre otras actividades de apoyo, con diversas instituciones del Estado, como la Defensa Pública; el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; la Contraloría General del Estado, entre otras, para la capacitación de los facilitadores de Justicia de Paz.
 
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