Eulimar Durán, analista
y servidora judicial, acotó que dentro de este nuevo marco de relaciones figura
la necesidad de establecer el control social en todas las instancias del poder
constituido.
Prensa DAR Apure.-
La
Oficina de Atención y Participación Ciudadana realizó un taller sobre
Contraloría Social, dictado por el servidor judicial Antonio Franco, dirigido a
los aspirantes al cargo de jueces y juezas de paz, dirigentes comunales y
público en general, interesado en conocer la aplicación de recursos y operación
de programas de desarrollo social, para garantizar que sus beneficios lleguen
íntegramente a la población y evitar su utilización en favor de intereses
ajenos al beneficio común.
La
actividad, organizada por la mencionada oficina, busca promover que se
proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y
accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas
y procedimientos de operación e impulsar actitudes de corresponsabilidad
gobierno-ciudadanía, invitando a los miembros de la comunidad a la reflexión
colectiva acerca de los problemas de desarrollo social de su localidad, barrio,
comuna, municipio o estado y a proponer soluciones para el mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Así
lo explicó el ponente, Antonio Franco, quien destacó el papel fundamental que
juega el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Oficina de Atención
y Participación Ciudadana, en la formación jurídica de los ciudadanos. Por su
parte, Eulimar Durán, analista y servidora judicial adscrita a la OAPC, acotó
que dentro de este nuevo marco de relaciones figura la necesidad de establecer
el control social en todas las instancias del poder constituido, como una forma
de abrir los espacios de la participación en la función de control de la
gestión pública.
Hay
que destacar que la Oficina de Atención y Participación Ciudadana, adscrita al
Poder Judicial de la entidad llanera y que dirige Ingrid Quintana, también
ejecuta durante todo el año diversos talleres y conversatorios, entre otras
actividades de apoyo, con diversas instituciones del Estado, como la Defensa
Pública; el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales; la Contraloría General del Estado, entre otras, para la capacitación
de los facilitadores de Justicia de Paz.
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