Prensa. elestimulo.com
La
decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar a una asamblea para
modificar la constitución desató el martes nuevas manifestaciones contra el
gobierno, en varias zonas de Caracas y en muchas ciudades del interior de
Venezuela, mientras la oposición llamó a desobedecer el proceso por
considerarlo írrito e ilegal.
Centenares
de opositores bloquearon algunas vías del este y oeste de Caracas, así como de
varias otras ciudades, con barricadas de basura, árboles, escombros, metales
retorcidos y hasta banderas venezolanas de varios metros de largo que fueron
colgadas entre los postes de luz. La protesta se extendió a otras ciudades
donde los manifestantes cerraron algunas vías por varias horas.
“Estaremos
en las calles hasta que el Estado entienda la inconformidad con la Asamblea
Constituyente”, dijo Jorge Luis Olivares, un economista de 55 años, mientras
caminaba frente a una barricada levantada por un grupo de vecinos en medio de
una avenida que comunica el este de la capital con la localidad de El Hatillo,
citado por la agencia AP.
“La
gente desea un cambio más rápido”, agregó Olivares al asegurar que el proceso
constituyente podría extenderse por 25 meses y que los “venezolanos no estamos
dispuestos a esperar tanto tiempo”.
En
algunas barriadas de clase media y popular del este de la ciudad decenas de
guardias nacionales lanzaron gases lacrimógenos hacia los edificios y casas
para dispersar a los manifestantes, lo que generó problemas de asfixia entre
los habitantes de esas zonas.
En
La Urbina, El Llanito, Santa Fe, El Hatillo, Las Mercedes, Altamira, Terrazas
del Ávila, Macaracuay y Caricuao, en el este y oeste de Caracas, se reportaron
manifestaciones pacíficas con cierres de vías, así como posteriores disturbios.
En la Urbina y El Llanito hubo fuerte presencia de sujetos armados, de civil,
que actuaron contra edificios y pobladores, bajo la mirada de apoyo de la
Guardia Nacional, según se constata en varios videos que han circulado por las
redes sociales y filmados por los propios vecinos.
En
el resto del país, medios regionales registraron disturbios, cierres de vías y
algunos saqueos focalizados en Naguagua, municipio de Valencia, estado
Carabobo; Puerto Ordaz, Bolívar; Maracay, estado Aragua, entre otras
localidades.
En
el municipio Naguanagua de Valencia, la sede la Defensoría del Pueblo fue
saqueada e incendiada, así como al menos dos pequeños supermercados según
reportes del cabal VivoPlay. Manifestantes fueron dispersados por brigadas
antimotines de la Policía y la Guardia Nacional.
En
la avenida Bolívar fue saqueado al menos un comercio. Once sujetos fueron
detenidos, acusados de actos vandálicos, según el diario regional El
Carabobeño, que cita a la policía de Carabobo. En Maracay, la Federación de
Centros Universitarios denunció que civiles armados ingresaron al campus local
de la Universidad Central de Venezuela, violando la autonomía universitaria y
sembrando el terror entre los manifestantes.
El
bloqueo de calles paralizó parcialmente las actividades comerciales y escolares
en algunas zonas de Caracas y en varias otras ciudades, debido a que muchos
trabajadores y estudiantes no pudieron salir de sus casas.
“Un
proceso que no aparece en la constitución no puede ser aceptado por el pueblo”,
afirmó el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles y
ratificó en conferencia de prensa que la oposición seguirá adelante con las
acciones de calle para presionar la realización de elecciones regionales, la
liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el
respeto al Congreso. En medio del recrudecimiento de las protestas el ministro
de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la suspensión
del porte de armas por 180 días.
Maduro
instó la noche del lunes a sus seguidores a emprender una “gran batalla” para
avanzar en la elección de los candidatos que integrarán la Asamblea
Constituyente. Al explicar los alcances del proceso el mandatario dijo que se
buscará ampliar el sistema judicial, promover nuevas formas de “democracia participativa”
y garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
El
ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, expresó su
respaldo a la iniciativa del mandatario y dijo a la televisora estatal que el
proceso tendrá ?todo el apoyo? de la fuerza armada venezolana. El abogado
Hermann Escarrá, cercano al oficialismo, negó que el proceso implique una
sustitución de la constitución de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo
Chávez y planteó, en una entrevista en la televisora estatal, que se buscará
adecuar el texto constitucional a las “nuevas realidades”.
Escarrá
explicó que la Asamblea Nacional Constituyente estará dirigida por el
presidente de la comisión presidencial y actual ministro de Educación, Elías
Jaua, quien se encargará de consultar a todos los sectores en un plazo “no
mayor a 15 días” para presentar un documento que servirá de base para la
elección de los miembros de esa asamblea.
Pero
el abogado y académico José Ignacio Hernández dijo a The Associated Press que
de acuerdo con la “fraudulenta” interpretación que realizó Maduro de la
constitución, el Congreso y el resto de los poderes no podrán impedir ni
controlar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Hernández
indicó que esa situación será utilizada por el gobierno para consolidar la
“usurpación de funciones” del Legislativo.
El
académico agregó que este proceso le permitirá al gobierno diferir las
elecciones regionales, pendientes desde el año pasado, y cualquier otra
elección hasta que se apruebe una nueva carta magna, situación que podría
afectar también las elecciones presidenciales que están previstas para el
próximo año.
Maduro
adelantó que la Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por 500
miembros, de los cuales la mitad serán elegidos por los gremios de trabajadores
y las comunidades y el resto en estructuras territoriales que no precisó. La
oposición ha acusado a Maduro de utilizar a los poderes Judicial y Electoral
para postergar las elecciones y evitar una derrota ante el creciente
descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
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