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Prensa. efectococuyo.com
El Gobierno venezolano plantea reformar la República, mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), antes de celebrar las elecciones regionales que están vencidas desde el mes de diciembre de 2016.

Bajo la lógica de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, la elección de los gobernadores es perfectamente viable después de que se redacte una nueva Constitución, aunque en el nuevo texto se pueda incluso eliminar esta figura política si así lo deciden los constituyentes.

Sin embargo, la opinión de la rectora contrasta con la del consultor político y asesor de campañas electorales, Edgar Gutiérrez, quien opina que “el madurismo plantea estos comicios regionales como la manera de barnizar su política ante la comunidad internacional, pues envía el mensaje de que se convocan elecciones, pero el fondo del asunto es que es una trampa caza-bobos porque la instalación de una ANC en agosto se dedicará a reformar la estructura del Estado y a cambiar completamente las reglas de juego en las que seguramente quedarían sin efecto esos comicios regionales y locales”, manifestó.

La abogada y consultora política, Aime Nogal, coincide en que la convocatoria de unas regionales para el 10 de diciembre de 2017 es una “oferta engañosa”. “La modificación del texto constitucional implica que una vez aprobada la Carta Magna, todo reglamento va a pasar a ser preconstitucional”. Esto quiere decir que la Ley Orgánica de Procesos Electorales podría “chocar” con lo dispuesto en la nueva Constitución.

En un escenario hipotético en el que se apruebe un nuevo texto fundamental, la analista adelantó: “Lloverán recursos de interpretación para decidir cuáles artículos de cuáles leyes pueden ser aplicables y siguen vigentes”, señaló.

Mientras que para la politóloga Mariana Bacalao con las regionales, el Poder Electoral “subestima al adversario, al liderazgo opositor. Es la concha de mango de pensar que el apetito de los líderes por esos cargos regionales va a dejar pasar por debajo de la mesa la Constituyente. También subestiman la determinación de la gente, de las personas que llevan más de 50 días protestando para que se convoquen elecciones generales”, manifestó.

¿Cuáles son los riesgos de “acelerar” el proceso Constituyente?

El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, manifestó que el anuncio hecho por Lucena sobre la cantidad de constituyentes a elegir no se discutió ni se aprobó en el directorio de rectores y que “no es conveniente atropellar” un proceso de este tipo.

En este sentido, Gutiérrez manifestó que la “aceleración” de la convocatoria es un elemento inconstitucional que se agrega a una convocatoria ya “espuria”.

El analista se refirió específicamente a los criterios de votación que serán aplicados en el ámbito sectorial. “Desde la perspectiva constitucional moderna, este corporativismo que se plantea dice más de un proceso que está cooptado, que no es democrático y que en el plano político, es el comodín para erigirse en una mayoría constituyente que no está respaldada por una mayoría electoral”.

Sobre los subregistros que debe hacer el CNE para definir los electores de los ocho sectores propuestos por el Presidente, el analista opinó que “no son auditables y menos impugnables” y por eso los denominó “cajas negras”.

Sobre la votación territorial apuntó: “La municipalización es una estrategia sofisticada del madurismo para emparejar una elección que está abiertamente perdida. Este enfoque local lo que provoca es que las zonas más despobladas (en las que aún hay mayor control del Estado sobre la población), pesen más sobre los municipios con mayor población y de ese modo, le cuesta muchos más votos a la oposición escoger a un constituyentista que a los del oficialismo”, señaló.

Las parlamentarias de diciembre de 2015 son un ejemplo de esta afirmación; en el municipio Dabajuro de Falcón un diputado se escogía con unos 6.000 votos y en Carirubana, en la misma entidad, un diputado “costaría” aproximadamente unos 70.000 votos (casi 12 veces más), apuntó el experto.

Nogal agregó que aunque las autoridades electorales adelanten la ANC “los procesos sociales no pueden detenerse vía decreto. Si no fuese sido así, el status quo de 1999 hubiese podido impedir el ascenso de Hugo Chávez al poder (…) un gobierno no puede sostenerse con 18% o menos de respaldo y ya hay un cambio total que no podrán detener”, subrayó.

Bacalao concluyó afirmando que la ANC suma más incertidumbre al panorama político venezolano. “La ANC es un borrón y cuenta nueva. Es un cambio tan profundo que lo que venga después está en suspenso. Este proceso está signado por lo turbio y por las actuaciones previas de quienes dirigen el CNE y que no están asumiendo la majestad de sus cargos”, dijo.

 
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