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Opositores y chavistas denunciaron la
situación de la violación a los derechos humanos en Venezuela. Desde distintas
perspectivas, el asunto fue abordado ante diputados de la región en la segunda
Audiencia Pública del Parlamento del Mercosur. En esta oportunidad diversas ONG’s,
víctimas de violación a los DDHH, diputados chavistas y opositores, entregaron
informes a la diputada de Argentina Cecilia Britto, presidenta de la Comisión
de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur para que sean llevados al pleno
del organismo.
“Es un compromiso no con facciones
políticas sino con los derechos humanos”, señaló al iniciar la sesión en el
salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, mientras que en el hemiciclo
se votaba una moción de censura en contra del ministro del Interior, Néstor
Reverol, acusado por la oposición de ser el responsable de la violación de
derechos humanos e incluso muertes causadas por la represión por parte de las
fuerzas de seguridad del Estado a las manifestaciones opositoras de las últimas
dos semanas.
Britto antes de comenzar las
presentaciones, señaló que la sesión tendría “legitimidad en la medida en que
se puedan escuchar las dos voces”. Además de los representantes de la Unidad
ante el Parlasur estaban los del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)
del Parlasur, Saúl Ortega, Yul Yabour y Carlos Gamarra.
El asunto establecido en la agenda era
tratar “el papel de los cuerpos de seguridad del Estado, la represión desmedida
y aplicación de la justicia militar a ciudadanos civiles y hechos de violencia
durante los meses Abril, Mayo y Junio 2017”. Luis Emilio Rondón, presidente del
Bloque Parlamentario de Venezuela del Mercosur, dijo que en Venezuela se está
luchando por lograr lo que reza el lema de la Revolución Francesa (1789):
“Libertad, igualdad y fraternidad”.
“Tenemos la obligación de evitar una
guerra civil. Que se induzca una circunstancia de violencia”, expresó el
diputado. El primer informe consignado fue el de la ONG Foro Penal. Su
presidente, Alfredo Romero, señaló que desde el 4 de abril, ha habido 3.105
arrestos durante las protestas opositoras. “Hay un importante número de
torturas y civiles juzgados en tribunales militares”.
Señaló que 370 personas han sido
presentarse en estos tribunales de las cuales 167 tienen medidas privativas de
libertad. “Hoy durmieron en las cárceles 1.351 personas”. Mencionó casos de
torturas y tratos crueles e inhumanos y aunque dijo que se ha reducido el
número de arrestos en este mes con respecto a mayo, “han aumentado los
asesinatos”.
“Van 49 asesinatos en las protestas,
aunque hay un total de 69 fallecidos bajo otras circunstancias”. De la misma ONG, Gonzalo Himiob,
denunció el uso de la justicia militar para privar de libertad a civiles.
“En poco más de dos meses, 370 civiles
han sido llevados a estos tribunales. 204 han sido privados de libertad y están
esperando juicio”. Añadió que se le atribuyen delitos como ataque al centinela
y traición a la patria. Por su parte, Luis Durán del Comité de víctimas de la
Guarimba, padre de Elvis Duran que murió degollado en las protestas de 2014
producto de una guaya en Boleita, señaló que los casos como el de su hijo “han
aumentado”. Acusa a la oposición de la muerte.
“No podemos vivir a un país sin ley” y
acusó al Ministerio Público de no dar respuestas ante el caso de su hijo. A su
vez, Edwin Márquez de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de
abril (Asovic) señaló que el 11 de abril de 2002 salieron más de 100 personas
heridas, entre ellos él.
“Recibí un disparo de la Policía
Metropolitana. Quiero que se lleven la impresión, porque después de 15 años
solo hemos logrado justicia para dos de las personas asesinadas. En las
palabras se esconde la serpiente”, le dijo a los diputados extranjeros. Entre
estos estaban Luis Sarubbi (Paraguay), Sebastián Sabine (Uruguay) Álvaro
Dastugne (Uruguay), María Luisa Storani (Argentina) y Amanda Núñez (Paraguay).
Márquez sostuvo que aunque las demás
ONG’s hablan de muertes y violación a los DDHH, “omiten que tres cuarteles de
la Guardia y seis de la Policía Nacional han sido atacados”. “No indican que la
mayoría de los muertos han sido porque iban pasando por las zonas de las
protestas. Esa es una realidad”, señaló.
Cosa que no coincide con las versiones
de Foro Penal y de los diputados venezolanos que alegaron que en Venezuela de
67 asesinados en protestas, más de 46 han sido producto de la represión por
parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
De Provea habló Inti Rodríguez. Mostró
una lámina en la que ilustraba cómo luego del 6 de diciembre cuando la
oposición ganó la mayoría en la AN, el gobierno ha buscado instaurar un modelo
que debilitara el voto.
Mencionó que en los últimos tres años,
la pobreza ha superado el porcentaje de 1997. “En 1997 había 12 millones de
personas en pobreza y aunque el presidente Hugo Chávez hizo esfuerzos por
mejorar esa situación, (el presidente Nicolás) Maduro, desde 2013, ha convertido al país en una fábrica de pobreza”.
Citó cifras del Instituto Nacional de
Estadíticas (INE). “40% de la población está en pobreza. Se trata de 14
millones y medio de venezolanos”.
Aseguró que el estado de excepción y
emergencia económica impuesto por Maduro ha sustituido a la Constitución y dijo
que el “Plan Zamora no es de políticas públicas sino el uso de jueces militares
para penalizar a manifestantes así como el uso de armas por parte de los
funcionarios. Es militarizar el territorio”.
Con ese Plan se supone que el Gobierno
extremaría las medidas de vigilancia, control y patrullaje con mayor presencia
de la Policía y de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza
Armada pero los funcionarios son acusados, no solo de reprimir manifestaciones,
sino de matar y robar.
Rodríguez advirtió que con la
Constituyente propuesta por el Presidente “se busca continuar en este deterioro
de la democracia y del estado de Derecho”. Invitó al Parlasur a que apoye la
visita de las comisiones de DDHH de organización como la Organización de
Naciones Unidas.
También habló un representante del
municipio los Salías en San Antonio de los Altos, estado Miranda, cuyo hijo ha
sido víctima de una detención arbitraria y maltratos por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado.
Arístides López señaló que el 15 de mayo
hubo manifestaciones en su localidad y que el domingo siguiente arreciaron” La
guardia comenzó a lanzar bombas hacia los apartamentos. Llegó un comando de
funcionarios encapuchados vestidos de negro y yo les abrí porque estaban
reventando las puertas. Me apuntaron con siete armas. Se querían llevar a mi
hijo detenido y le dije a mi esposa que me iría con él”.
López denunció que su hijo lleva 17 días
detenido. “Él no participaba en las manifestaciones, se quedaba jugando Fifa”,
relató. “A mi hijo no lo imputó la
fiscal pero la juez le dictó una sentencia de presentación con representantes
fiadores”.
Igualmente, una abogada defensora del
dirigente del partido político Voluntad Popular, Sergio Contreras, también
denunció su caso. Señaló que fue detenido durante una concentración en la
avenida Vollmer, sector La Candelaria en Caracas, por portar un megáfono.
Acotó que en 30 días no le han dado
acceso a sus expedientes.
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