Entre
el 28 y 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió
sendas sentencias en las que anuló decisiones del parlamento, comprometió la
inmunidad de sus miembros, y trasladó parte de las funciones legislativas al
poder Judicial.
Prensa.
Espacio Público.
El 31 de marzo la Fiscal General del
país, Luisa Ortega Díaz, en el contexto de la presentación de la Memoria y
Cuenta del Ministerio Público correspondiente al año 2016, afirmó que las
decisiones emanadas del poder judicial constituían una ruptura del hilo
constitucional1. Estas declaraciones fueron valoradas por el gobierno de
Nicolás Maduro como un “impasse” entre la Fiscalía y el Tribunal.
En medio de una grave crisis económica
que disminuye la calidad de vida de los venezolanos en sus necesidades básicas
(alimentación, refugio y educación), agravada por el recrudecimiento de una
crisis política, el gobierno también cerró las vías institucionales al negar
procesos electorales obligatorios por ley y demandados por amplios sectores del
país.
Frente a la situación, la oposición
organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene más de 60 días
convocando a distintas manifestaciones pacíficas en la calle, con una agenda
orientada a cuatro objetivos: elecciones generales, restitución de la
institucionalidad democrática, apertura del canal humanitario y liberación de
los presos políticos.
La respuesta del gobierno venezolano ha
sido la criminalización y represión de la protesta pacífica, activación del
Plan Zamora, extensión del decreto de Estado de Excepción y convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente de forma inconsulta y con bases comiciales no
representativas.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), ha emitido desde el 31 de marzo cinco comunicados, alertando al
gobierno venezolano sobre situaciones contrarias a los estándares
internacionales en materia de protesta social y libertad de expresión
enfatizando que “cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de
violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su
ejercicio”.
Durante los dos meses de protesta, han
sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por
actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300
trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de
expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por
televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.
Marco legal ilegítimo
El 18 de abril el presidente Maduro
activó el Plan Zamora, un plan operativo especial diseñado para el
mantenimiento y control de orden público interno del que sólo se conocen los
detalles ofrecidos por funcionarios militares en sus declaraciones, entre
ellos, la referencia a un plan “cívico-militar” destinado a mantener el orden
interno mediante la acción militar de la Guardia Nacional, y el uso de la
justicia militar como medida para procesar a personas detenidas en
manifestaciones 2.
Informe completo:
http://espaciopublico.ong/dos-meses-protesta-represion-violaciones-los-ddhh/
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