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Entre el 28 y 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió sendas sentencias en las que anuló decisiones del parlamento, comprometió la inmunidad de sus miembros, y trasladó parte de las funciones legislativas al poder Judicial.
Prensa. Espacio Público.
El 31 de marzo la Fiscal General del país, Luisa Ortega Díaz, en el contexto de la presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio Público correspondiente al año 2016, afirmó que las decisiones emanadas del poder judicial constituían una ruptura del hilo constitucional1. Estas declaraciones fueron valoradas por el gobierno de Nicolás Maduro como un “impasse” entre la Fiscalía y el Tribunal.

En medio de una grave crisis económica que disminuye la calidad de vida de los venezolanos en sus necesidades básicas (alimentación, refugio y educación), agravada por el recrudecimiento de una crisis política, el gobierno también cerró las vías institucionales al negar procesos electorales obligatorios por ley y demandados por amplios sectores del país.

Frente a la situación, la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene más de 60 días convocando a distintas manifestaciones pacíficas en la calle, con una agenda orientada a cuatro objetivos: elecciones generales, restitución de la institucionalidad democrática, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos.

La respuesta del gobierno venezolano ha sido la criminalización y represión de la protesta pacífica, activación del Plan Zamora, extensión del decreto de Estado de Excepción y convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de forma inconsulta y con bases comiciales no representativas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido desde el 31 de marzo cinco comunicados, alertando al gobierno venezolano sobre situaciones contrarias a los estándares internacionales en materia de protesta social y libertad de expresión enfatizando que “cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio”.

Durante los dos meses de protesta, han sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300 trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.

Marco legal ilegítimo
El 18 de abril el presidente Maduro activó el Plan Zamora, un plan operativo especial diseñado para el mantenimiento y control de orden público interno del que sólo se conocen los detalles ofrecidos por funcionarios militares en sus declaraciones, entre ellos, la referencia a un plan “cívico-militar” destinado a mantener el orden interno mediante la acción militar de la Guardia Nacional, y el uso de la justicia militar como medida para procesar a personas detenidas en manifestaciones 2.

Informe completo:
http://espaciopublico.ong/dos-meses-protesta-represion-violaciones-los-ddhh/
 
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