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Desde la muerte de Hugo Chávez, el 5 de
marzo de 2013, hasta hoy era correcto el término ‘chavismo’ para referirse a la
fuerza política que detenta el poder en Venezuela. Sobraba cualquier
aclaración.
Hechos recientes sugieren que esta
realidad ha cambiado. Que a partir de ahora, una cosa será hablar del chavismo
y otra del oficialismo, dado lo complejo que puede ser esbozar siquiera un
potencial madurismo. Los hechos en cuestión son los que han rodeado la
convocatoria de Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente.
Ocurre que la pretensión del actual
inquilino de Miraflores por conformar una asamblea que reforme la Constitución
actual, que data de 1999 y es la carta de navegación por excelencia de la
revolución bolivariana, no ha calado en las filas de los seguidores de Hugo
Chávez al nivel que Maduro hubiese querido.
La lista de chavistas –ya no maduristas–
que han tomado distancia del Presidente por este motivo la encabeza la fiscal
general, Luisa Ortega. Su caso es especial, dado que se trata de una
funcionaria en ejercicio y que ocupa no cualquier cargo. A su nombre le sigue
el de la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el fin de semana
pasado afirmó en un mensaje publicado en Facebook: “Ninguna asamblea puede
catalogarse como constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Sus
bases comiciales deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el
país”.
Este es justamente el principal reparo
de quienes se han parado en esta orilla crítica. Plantean que si bien a los 540
integrantes que tendría esta asamblea los elegiría el pueblo, la decisión de
convocar al constituyente primario no sería resultado de la voluntad popular
sino del criterio de Maduro. O de la desesperación de Maduro, en vista del
panorama crítico en materia económica y política. Y con 61 muertos en dos
meses.
Otras voces –incluidas las de la
oposición, que ha decidido no participar en un proceso que ha calificado, con
mucha razón, de ilegítimo– consideran que las reglas de juego para elegir a los
constituyentes están diseñadas a la medida del oficialismo, para que este pueda
asegurarse las mayorías.
Y es que territorios del país donde
todavía goza de respaldo amplio la revolución bolivariana están a todas luces
sobrerrepresentados. Así mismo, los aspirantes a las 168 curules reservadas
para el ‘ámbito sectorial’ serán escogidos por el Ejecutivo, en una práctica
que ha obligado a muchos a desempolvar los libros de historia y abrirlos en las
páginas que dan cuenta, por ejemplo, del régimen de Benito Mussolini en Italia
a comienzos del siglo XX.
Ante la presión, Maduro anunció el
jueves que la Carta Política que surja de la asamblea será sometida a
referendo. Se trata de una respuesta que, como es evidente, no satisface la
aspiración de quienes quieren, fieles al ideario chavista, que el pueblo sea el
determinador de la eventual reforma, no un notario de esta. Ello, asumiendo que
el anuncio llegue a concretarse. Lo cierto es que es tan compleja la
coyuntura en el país vecino que pedir a estas alturas algo tan elemental como que
sea el pueblo el que elija su destino ya tiene tintes de utopía.