Un
recurso de amparo contra la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente,
introdujo este lunes, el Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia
ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Prensa.
Asamblea Nacional.
El coordinador nacional de esa
instancia, Ricardo Combellas, explicó que con esta acción se pretende paralizar
el llamado a elecciones de los constituyentes que ha realizado el Consejo Nacional
Electoral (CNE), por considerar que se lesionan los derechos fundamentales de
los ciudadanos como es el voto universal, directo y secreto.
“Consideramos que la universalidad del
voto se ha violentado con esta convocatoria a elecciones, y con esta sectorización
que se nos pretende imponer, donde se ha seleccionado arbitrariamente a unos
sectores en detrimento de otros”, expresó el abogado. Así mismo señaló que “se
rompe el principio del pluralismo político que contempla la Constitución y
violenta el principio de la no discriminación entre personas y sectores”.
Se trata de una acción judicial que
requiere un pronunciamiento perentorio de la Sala Constitucional, “porque a
medida que pasa el tiempo, se lesionan más los derechos; deben suspender los
efectos de la convocatoria, mientras se resuelve el fondo del asunto”, agregó.
El recurso de amparo fue suscrito además por José Elías Torres, secretario
general (E) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Douglas
León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV); Freddy
Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) y Luís
Obregón, Colegio de Abogados del Distrito Capital.
A juicio del máximo representante de la
central obrera, la sectorización del voto es “para tratar de ayudar al Gobierno
a mantenerse en el poder y no para solucionar los grandes problemas que están
afectando al trabajador y a la familia venezolana”. Es por ello que, junto a
los demás gremios apoya esta iniciativa en defensa de la democracia.
El Frente para la Defensa de la
Constitución y la Democracia, es una instancia constituida en todo el país, con
la participación de la sociedad civil; y tiene como propósito defender los
principios y valores de la Carta Magna de 1.999.