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Prensa. Transparencia Venezuela.
Los recursos de que dispondrá el Poder Popular Electoral se incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40.900.178.373, convirtiéndose en uno de los organismos públicos con la mayor modificación en su presupuesto anual en términos porcentuales hasta la fecha

Caracas, 14 de junio de 2017. Transparencia Venezuela identificó que en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.299 de fecha 16 de mayo de 2017, se le asignó vía crédito adicional Bs. 20.691.849.765 al Consejo Nacional Electoral para la realización de elecciones y/o consultas este año.

Cabe destacar que a sólo 14 días de publicados los decretos presidenciales N° 2.830 y N° 2.831 en los que se realizó la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente se asignen tal cantidad de recursos al Poder Electoral, después de que esgrimieron limitaciones financieras para posponer las elecciones de gobernadores y alcaldes, que de acuerdo con la Constitución y a fin de garantizar la alternabilidad en el poder y la vigencia de los periodos de mandatos debieron realizarse el último trimestre del año pasado.

El llamado para la próxima elección de la ANC, desde un punto de vista financiero, refleja una gran alteración al presupuesto asignado al CNE, que según el decreto de presupuesto de la Nación fue Bs. 15.576.794.550 para 2017. Sin embargo, con la aprobación de este crédito adicional, los recursos a manejar por la institución se incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40.900.178.373, convirtiéndose junto al Ministerio de Poder Popular del Desarrollo Minero y Ecológico, en los organismos públicos con las mayores modificaciones en sus presupuestos anuales en términos porcentuales hasta la fecha.

Transparencia Venezuela señala que las irregularidades van desde la misma convocatoria a una ANC que no está establecida en la Constitución, a un cronograma para las elecciones de las máximas autoridades regionales que pospone aún más el lapso establecido por ley hasta la asignación de recursos vía crédito adicional, aprobados fuera del marco legal establecido en la Carta Magna.

 
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