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La Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, reveló que dentro del Tribunal Supremo de Justicia “circula una
decisión” para poder restarle “titularidad” de la acción penal al Ministerio
Público. Ante esto, aseguró que sería “otro retroceso en los Derechos Humanos”
y que además produce “un alto costo político” al Ejecutivo.
Entrevistada en Unión Radio por Vladimir
Villegas (conversación que salió después de una transmisión en cadena nacional
que interrumpió la tertulia), Ortega Díaz indicó que “no existe una forma
válida de retroceder a un proceso legal distinto”, es decir, del pasar del
“modelo acusatorio”, alcanzado con la Constitución de 1999, a uno
“inquisitivo”, que estuvo vigente en la Carta Magna de 1961.
“El proceso penal acusatorio es
exclusivo del Ministerio Público”, subrayó y dijo que los venezolanos esperan a
que el TSJ pueda garantizar “la vigencia de la Constitución”, así como estima
que le brinden seguridad jurídica. A su juicio “esto va a exacerbar los ánimos
y aumentar la conflictividad”.
Calificó de “aventura” esta probable
sentencia y espera que el TSJ “conserve la majestad”, con lo que pueden
preservar que los ciudadanos sientan una identificación con las sentencias que
dictan. Agregó que las instituciones deben prestar atención a los problemas
para evitar alejarse de la gente, ya que sin ellos, no tiene sentido una
instancia.
Respecto a las declaraciones recientes
del diputado oficialista, Diosdado Cabello, en la que afirmó que a través de la
Asamblea Nacional Constituyente, Ortega Díaz aseveró “no estar aferrada a
ningún cargo” y subrayó que “todos los que ostentan cargos públicos deberían
tener ese criterio”, debido a que dichos puestos “no son inherentes ni
hereditarios”.
“No puede ser que pretendas destruir al
Estado. Si tienes una diferencia con el funcionario, debes aclararla y dirimirla.
No puedes atacar la institución”, manifestó.
Aclaratoria de sentencias ante el TSJ
La
fiscal afirmó que sí está capacitada para pedirle al Tribunal Supremo de
Justicia una aclaratoria sobre la sentencia que emitió en relación a la
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
A su juicio se ha evidenciado una
“violación progresiva de los Derechos Humanos” en el país, por lo que calificó
de “retroceso” la realización de la ANC y destacó que “con más razón” debe
preguntarse en la actualidad a los venezolanos si quieren llevar a cabo el
proceso, gracias a los “tantos derechos” que están estipulados en la
Constitución.
”Estoy plenamente facultada para la
solicitud que hice, una de las atribuciones del Ministerio Público es actuar en
representación del interés general”, dijo. Junto a esto cuestionó que cómo se
puede entender que el pueblo “transfiere” su soberanía a los poderes
constituidos, a lo que afirmó que el pueblo “bajo ninguna circunstancia” puede
traspasar su soberanía.
“Pareciera que los poderes constituidos
tuvieran más poder que el pueblo”, puntualizó.
Exhortó al Poder Judicial a dar
respuesta lo más pronto posible sobre las aclaratorias que introdujo “sobre
todo como se ha venido dando el proceso de la ANC”. Según su opinión, elementos
como la participación “protagónica” del pueblo y los principios de la
“democracia participativa” no estarían presentes en esa sentencia, a lo que
indicó que “volvimos a 1961″.
Responsablidad como Fiscal
Luisa Ortega Díaz aseveró no tener
parcialidades políticas en su gestión, sino más bien “una responsabilidad de
Estado”. “Mi preocupación es el país, el respeto a los Derechos Humanos, el
bienestar de la colectividad”.
Es de la opinión de que todos los
funcionarios públicos deben tener tal preocupación. “Con respecto a mis
funciones, debo preocuparme por la investigación penal, la administración de
justicia y que se sancionen a los responsables”. Destacó que con su línea de
trabajo le es imposible “tutelar los conflictos y las agresiones”, por lo que
está enfocada en “resolver y dar respuesta a la ciudadanía”.
Aseguró que durante las protestas, el
Ministerio Público “por cada una de las denuncias que hemos recibido”, la
Fiscalía ha iniciado investigaciones penales y dado su “mayor esfuerzo” para
que exista una solución del problema.
“Lo que no ocurre es que la
investigación esté sesgada. No se va a condenar a alguien por razones políticas
(…) Que resulte condenado por las pruebas y no por tal o cual tendencia”, dijo.
Reprochó tajantemente la violencia
registrada en las manifestaciones de los últimos 62 días y recalcó que siempre
ha hecho un llamado a la paz en el país. “Si alguien ha llamado a la paz en
este país, he sido yo (…) no solo desde la mente, sino también del corazón. No
se puede llamar a la paz desde la agresión. No puede ser que haya ese
discurso”.
También rechazó el llamado “escrache” en
contra de exfuncionarios del Estado e insistió en que también lo hace “cuando
le pasa a la oposición”, con lo que dejó claro que es “la fiscal de todos los
venezolanos” y “no de un grupo”.
“Debo abrirle las puertas de la
institución a todos. Sino, ¿a qué institución van a acudir? Eso de negar el
derecho ajeno para anteponer el aniquilamiento del otro o la destrucción de
bienes materiales, lo fustigo, lo repudio”, manifestó.
Reveló que la Defensoría del Pueblo
“nunca ha participado” junto a la Fiscalía en las investigaciones y señaló que
será el pueblo quien evalúe si su despacho “está a la altura de las
circunstancias”.
Resaltó no ser adversaria del presidente
Nicolás Maduro y le exhortó que “en el marco que lo que ocurre en el país,
echara para atrás la Constituyente, que el CNE adelantara las elecciones
regionales y que siga insistiendo en el diálogo. Que busque otros voceros
internacionales, no se quiénes, pero que busque otros”.
“Cuando uno tiene estos cargos, uno no
duerme tranquilo (…) Es imposible dormir y tranquilo”, aunque agregó que su
conciencia está tranquila.
Señaló además que si existen fallas,
“las corregiremos”.
Casos de fallecidos en protestas
Ortega
Díaz dijo que hasta el momento van 63 personas fallecidas, aunque atribuyó 19
de estas a los cuerpos de seguridad que actúan en la contención de las
manifestaciones.
Destacó que la Fiscalía ha solicitado
aprehender a 19 uniformados y que esto no se ha materializado porque los
señalados no han sido puestos a la orden del Ministerio Público (MP).
Asimismo, destacó que al menos 422
personas han sido privadas de libertad por los hechos violentos que han
derivado de la ola de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril y,
remarcó, que de ese total hay 28 personas privadas de libertad por violar
derechos fundamentales.
La fiscal precisó que el MP ha abierto
3.390 investigaciones por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación
social y política que ha dejado además, según dijo, 1.189 heridos y 35 órdenes
de captura pendientes por ejecutar.
Reiteró que la Guardia Nacional “no
puede ejecutar funciones militares” en estos escenarios, ya que en los manuales
de seguridad se estipula que cuando participan en las manifestaciones, “son
unos policías más”.
Dijo que el CICPC es “una de las mejores
policías científicas de la región”, pero dejó entrever que a veces son
subutilizados al ser empleados en labores de patrullaje. En las
investigaciones, resaltó que han tenido su colaboración “en muchos de ellos”,
al igual que de la Guardia Nacional.
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