Prensa.
AFP.
El recurso que la fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega, entregó al máximo tribunal contra la Asamblea
Constituyente del presidente Nicolás Maduro no sólo puede profundizar las
grietas en el gobierno, sino que también podría ayudar a tender puentes entre
chavistas críticos y la oposición.
Luisa Ortega, chavista confesa, solicitó
el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la Constituyente
que se votará el 30 de julio, por considerar que violenta la progresividad de
los derechos humanos, la democracia y el derecho al sufragio.
Este viernes, exfiscales, exjueces,
representantes de partidos opositores y otros políticos pretendían adherirse a
la acción legal, pero el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno-
amaneció cerrado y sus accesos militarizados.
¿Qué peso político tiene la acción de la
fiscal y qué posibilidades de prosperar?
“Oportunidad de oro”
Dirigentes
opositores, como el parlamentario Henry Ramos Allup, pidieron respaldar el
recurso. Algunos, como la diputada Delsa Solórzano, fueron directamente al TSJ este
viernes, pero lo encontraron cerrado.
Parte del chavismo crítico de Maduro
afirmó en una carta que se unirá a la propuesta. “Pretenden la realización de
una Asamblea Constituyente espuria y sin apoyo popular”, señala la misiva,
firmada entre otros por los exministros Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio y el
mayor general retirado Clíver Alcalá.
La fiscal, la oposición, y el chavismo
disidente rechazan la iniciativa de Maduro porque no contempla un referendo
previo para que los venezolanos decidan si desean reformar la Constitución,
como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez con la Constituyente de 1999.
“La fiscal ha puesto sobre la mesa un
elemento en el que todos coinciden: opositores radicales y blandos, disidencia
dura y blanda. Hay apoyo prácticamente unánime. Se ha tendido un puente para
que se unan los dos bandos”, dijo a la AFP el analista Félix Seijas.
Gonzalo Gómez, miembro de Marea
Socialista, partido chavista crítico de Maduro, cree que es prematuro hablar de
un frente común: “Puede haber coincidencias puntuales en algunas demandas, pero
los propósitos son muy distintos, los proyectos de país también”, aclaró a la
AFP.
Seijas afirmó que el recurso de la
fiscal también “es una oportunidad de oro” para quienes rechazan el proyecto de
Maduro. “La Constituyente dividió al chavismo. No tengo dudas de que se
evidenciarán nuevas grietas”, agregó.
La fisura se abrió cuando la propia
fiscal denunció la “ruptura del orden constitucional” por un fallo -luego
anulado- con el que el TSJ asumió las funciones del Parlamento, único poder
controlado por la oposición.
Por esa decisión estallaron el 1 de
abril las protestas que exigen la salida de Maduro del poder mediante
elecciones generales, que ya dejan 66 muertos.
¿Podrá frenarse la Constituyente?
El constitucionalista Juan Manuel
Rafalli considera poco probable que el recurso de nulidad presentado por la
fiscal tenga éxito. “El TSJ está controlado por el gobierno. Hasta ahora la
Sala Electoral -que recibió el recurso- no ha dado ninguna señal de cambio (…).
Debería admitirse la nulidad, porque las bases comiciales de la Constituyente
son inconstitucionales”, dijo.
La oposición rechaza el método de
elección pues -asegura- le permitiría al oficialismo ganar la mayoría de los
545 asambleístas que reformarán la Constitución.
Sectores del chavismo crítico son
optimistas. “Si el fenómeno político de la adhesión al recurso agarra magnitudes
muy elevadas, el gobierno tendrá que decidir qué hacer respecto al recurso y la
Constituyente”, indicó Gómez.
“Más allá de lo jurídico, la fiscal
entiende que el asunto tiene un fondo político. Inicia una etapa, comprende que
el gobierno la va a intentar cercar, por eso necesita y busca el apoyo
popular”, señaló a la AFP el constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
Jugadas del chavismo
Ya el gobierno dio una primera señal de
cómo enfrentará el recurso. “El chavismo va a bloquear esto jurídicamente. Van
a evitar que la gente se adhiera y las personas van a ser ahuyentadas del TSJ”,
afirmó Seijas, al referirse al cierre y la militarización de los accesos a la
corte.
Solórzano denunció que grupos afines al
gobierno agredieron a su equipo cuando se retiraba del máximo tribunal.
“Volvemos el lunes”, advirtió. “Pero aunque el TSJ cierre el paso, esto tiene
peso político: se deslegitima a la Constituyente antes de que ocurra”, agregó
Seijas.
“Aunque el gobierno trate de impedirlo,
se complica, porque está acumulando muchas acciones violatorias de la
Constitución: está desplumado políticamente, cada día pierde aliados y gana
enemigos”, acotó Gómez.