Prensa.
Foro por la Vida.
La Coalición de organizaciones de
derechos humanos venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la
participación política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de
expresión, reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y los instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, exige a
los funcionarios de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de
adoptar iniciativas que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta
Soberana, prevista para el 16 de julio
de 2017.
La obligación de los funcionarios de los
distintos poderes públicos implica igualmente desarrollar medidas eficaces que
garanticen la vida, la integridad personal y los demás derechos de las personas
que participen en dicha actividad, y por tanto, impedir que grupos violentos
atenten contra las personas en general.
El 3 de julio de 2017 en las
instalaciones del Centro Cultural de Chacao, sectores de la sociedad civil
junto a líderes políticos suscribieron un documento titulado “Gran Acuerdo
Nacional” y “que sea el Pueblo quien decida”. El objetivo es convocar a una
consulta popular para conocer si la mayoría del pueblo rechaza o se aprueba la
Asamblea Nacional Constituyente. Los fundamentos constitucionales de esta
solicitud son, entre otros, los artículos 5, 53, 57, 70, 71, 333, 350 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 5 de julio de 2017, en medio del
asalto ocurrido a la sede del Palacio Legislativo Nacional por parte de grupos
violentos simpatizantes del gobierno, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría
el Acuerdo para realizar una consulta popular el próximo 16 de julio, en virtud
de la solicitud de diferentes sectores de la sociedad civil.
La Consulta Soberana es un proceso para
que las personas que decidan libremente participar, puedan expresar su opinión
afirmativa o negativa sobre temas de interés público y de carácter político. En
este sentido, la consulta incluye 3 preguntas: una relacionada con la
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente de la República;
una sobre las obligaciones de los funcionarios en relación a la Constitución
del año 1999; y una sobre la renovación de los Poderes Públicos 1.
El discurso político y sobre asuntos de
interés público es un tipo de expresión especialmente protegido por el derecho
internacional de los derechos humanos. El acto de Consulta Soberana es un
evento que posibilita la participación política libre de la sociedad, y
conlleva el ejercicio de los derechos a la reunión o asamblea y expresión.
Las organizaciones que integran el Foro
por la Vida y otras organizaciones de la sociedad civil asumimos y reiteramos
nuestro compromiso de acompañar, documentar y hacer seguimiento a todas las
posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, así como en los instrumentos
internacionales sobre la materia, que ocurran durante esta consulta, sus días
previos y consecutivos.
Desde el Foro por la Vida instamos a los
órganos y organizaciones internacionales de derechos humanos a observar y a
realizar su labor de veeduría internacional durante el desarrollo de la
consulta nacional convocada para el domingo 16 de julio.
Rechazamos todos los mecanismos de presión
a personas para participar o no en cualquier proceso de consulta o elección,
porque son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y la libre
participación en asuntos de interés público. Las amenazas en instituciones públicas
de despedir o sancionar a funcionarios por esta razón, constituyen una coerción
a la libre voluntad de las personas y deben ser castigadas por los funcionarios
responsables.
Exigimos a las autoridades encargadas de
garantizar el orden público la no intromisión, sabotaje, agresión o cualquier
otro medio de coacción ilegítima para interrumpir el normal desarrollo de la
consulta popular impulsada por la sociedad civil, representantes políticos y la
Asamblea Nacional.
Demandamos la protección, respeto y
resguardo de los centros de consulta popular por parte de las fuerzas del orden
público, tomando como precedente los hechos ocurridos el día 5 de julio en las
instalaciones del Palacio Legislativo. De igual forma instamos a las
instituciones responsables del orden público a actuar ante las posibles
agresiones a estos centros recordando que la omisión también constituye delito.
Vocería del Foro por la Vida
Espacio Público; Centro para la Paz y
los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de
Venezuela; y Vicaría de Derechos Humanos
de la Arquidiócesis de Caracas
Suscriben:
Acción Ciudadana contra el Sida
Acción Solidaria
Caritas de Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos
Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de
los Sucesos
de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)
Comisión de Derechos Humanos de Ayacucho
Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal
Comisión Justicia y Paz del Secretariado
Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
Espacio Público
Observatorio Venezolano de Derechos de
las Mujeres
Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis
de Caracas
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