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A través de audiencias públicas y bajo
el asesoramiento de un ex fiscal de la Corte Penal Institucional, la OEA
analizará la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en
Venezuela, dijo el secretario general, Luis Almagro, en una rueda de prensa.
El objetivo de las audiencias, que
comenzarán en septiembre y se extenderán por dos meses, es realizar un informe
con los países miembros de la OEA puedan denunciar al gobierno de Nicolás
Maduro ante la CPI, dijo el ex fiscal, Luis Moreno Ocampo.
En ellas, afirmó Moreno, se oirán tanto
a víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad como a miembros del gobierno
venezolano, siempre y cuando decida participar.
El martes, un día antes de que el
Consejo Permanente se reúna para tratar la crisis de Venezuela, el secretario
general se reunió con Moreno en la sede de la OEA en Washington D.C.
“Las prácticas de tortura, los
asesinatos de manifestantes, la interacción con agentes paramilitares ha sido
sostenida [en Venzuela]”, dijo Almagro. “Es evidente a los ojos de la comunidad
internacional que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad”, añadió.
Por sí misma, la OEA no tiene la
facultad de enviar un caso a la CPI, aclaró Moreno; esto solo lo pueden hacer
los estados que ratificar el Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de la
ONU o el mismo fiscal jefe de la corte.
La idea de las audiencias es que la OEA
recopile, organice y revise la información sobre los delitos de lesa humanidad
en Venezuela para que luego alguno de los 28 estados miembros de la OEA que son
también parte de la CPI denuncie al gobierno.
“Cualquiera de estos estados puede
enviar individualmente el caso; lo pueden hacer de a cinco, a uno o los 28
juntos”, dijo Moreno.
La Corte se ocupa de cuatro tipos de
crímenes: de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, de acuerdo
con el Estatuto de Roma. Se sospecha que en Venezuela se han cometido crímenes
del tercer tipo, que incluyen encarcelaciones, torturas, desapariciones y
persecuciones políticas.
Para que el caso de Venezuela vaya a la
Corte, dijo Moreno, no solo es necesario que se hayan cometido este tipo de
crímenes sino “que sean cometidos de forma organizada sistemática, por un grupo
organizado, con una política y que no haya juicios ni investigaciones en
Venezuela”. De ahí la importancia de que la OEA tenga las audiencias, recopile
y organice la información.
La Corte Penal Internacional se creó en
1987 con el Estatuto de Roma y es el primer tribunal internacional permanente
que se dedica a juzgar personas que hayan cometido crímenes de guerra,
genocidios y delitos de lesa humanidad.
La CPI tiene competencia para juzgar
este tipo de crímenes en los países que firmaron el Estatuto de Roma, entre
ellos Venezuela.
Bajo la dirección de Moreno, quien fue
el primer fiscal general, la CPI abrió investigaciones contra líderes políticos
africanos como Muamar Gaddafi, de Libia, contra quien presentó cargos de
crímenes contra la humanidad y el presidente de Sudán Omar Al-Bashir por el
genocidio en Bafur.
Antes de llegar al organismo
internacional, Moreno fue fiscal en su natal Argentina, donde obtuvo fama por
su participación como fiscal adjunto en el juicio de las juntas, donde se
juzgaron a militares de la dictadura por violaciones de derechos humanos.
El viernes pasado, Almagro declaró ante
reporteros después de salir de una conferencia académica en Washington D.C. que
planea denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a los
funcionarios de su gobierno involucrados en violaciones de derechos humanos
ante la Corte Penal Internacional.