Prensa.
AFP.-
La fiscal general de Venezuela, Luisa
Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se
mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un
juicio planteado por el oficialismo.
“Voy a mantenerme firme en mi cargo para
defender la democracia”, dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina
Radio Con Vos, tras calificar de “ilegítimos” a los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ).
El TSJ, acusado de seguir los dictados
del gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la
audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de
mentir en afirmaciones contra los magistrados.
El mismo día de la audiencia en su
contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a
Katherine Haringthon, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos
bajo cargos de violación de derechos humanos.
Ortega rompió con el gobierno en medio
de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93
muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.
Su suerte es decidida en una semana de
intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de
una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal
rechaza por considerarla violatoria de la democracia.
- Plebiscito y Constituyente -
El
gobierno realiza toda esta semana actos de campaña para promocionar a sus
candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un
suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición
busca imponer un “régimen al estilo Cuba”.
“A los traidores no los quiere nadie, no
sé cómo pueden dormir pensando que los que te ayudaron le das una puñalada por
la espalda”, dijo Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, aludiendo a
la fiscal y a chavistas críticos que se oponen a la Constituyente.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en
mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca
perpetuarse en el poder.
El diputado oficialista Pedro Carreño,
quien solicitó el antejuicio contra la fiscal, presentó el lunes un recurso de
nulidad de la consulta popular convocada por la oposición, porque se hará sin
el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de oficialista.
“Ese plebiscito sólo tiene la intención
de echar a andar un plan golpista. Es inconstitucional porque no está en la
Carta Magna y porque el ente rector es un poder público y lo están
desconociendo”, aseveró el diputado.
- Guerra abierta -
Para Ortega, abogada de 59 años, la
decisión de la corte está “cantada” y rechazó asistir a la audiencia por
considerarla un “circo” e “ilegítimos” a los magistrados, nombrados por el
anterior Parlamento chavista.
Desde ese día, no obstante, aceleró una
serie de imputaciones y resoluciones contra funcionarios civiles y militares,
atizando aún más el enfrentamiento con el gobierno, acusado por sus adversarios
de la devastación económica que sufre el país.
El Parlamento, de mayoría opositora, tenía
previsto debatir la tarde de este martes sobre el proceso de destitución contra
la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al
denunciar “restricciones” que impuso la militarizada Guardia Nacional.
Ésta iba a ser la primera sesión del
Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de
chavistas que hirió a siete diputados y mantuvo bajo asedio el palacio
legislativo durante unas nueve horas, según los diputados con la anuencia y
complicidad de la Guardia Nacional.
En su guerra abierta con el gobierno, el
Ministerio Público imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos
al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir
Lugo, a quien citó para el jueves.
Poco después, abrió una investigación
contra 43 militares por supuestamente haber “despojado de distintas
pertenencias” a manifestantes en las protestas, y citó a dos empresarios
cercanos al gobierno por supuestos “sobreprecios” en la compra de suministros
para la petrolera estatal PDVSA. La posible destitución de Ortega desataría
otra lluvia de críticas contra el gobierno, como la que recibió la semana
pasada por la agresión a los parlamentarios.