El
presidente Nicolás Maduro enfrenta una creciente presión internacional y una
fuerte ofensiva de la oposición para obligarlo a suspender la elección de su
Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
Prensa.
AFP
En una sesión celebrada en una plaza del
este de Caracas, la oposición, mayoría en el Parlamento, designó a 33
magistrados de una corte paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que
acusan de servir al gobierno.
Este nuevo desafío de la oposición forma
parte de una estrategia lanzada tras el plebiscito simbólico que realizó el
pasado domingo, en el que asegura haber recaudado 7,6 millones de votos contra
la Constituyente.
Entre jueves y viernes realizó un paro
general de 24 horas para exigirle a Maduro que desista de la elección, el 30 de
julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna. Durante el paro,
que según la oposición fue cumplido en un 85%, ocurrieron choques entre fuerzas
de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y
367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.
Maduro difundió un video en redes
sociales en los que aparece manejando por Caracas, junto a su esposa Cilia
Flores, para demostrar, según él, el fracaso de la huelga. “Ni McDonald’s le
paró bola (prestó atención) a Freddy Guevara”, añadió con burla Maduro, refiriéndose
al vicepresidente del Parlamento.
Llamados internacionales
Maduro asegura que su Constituyente “va”,
especialmente -dijo- luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump,
amenazara con sancionar económicamente a Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis
Almagro, considera como “extremadamente positivas” sanciones estadounidenses
contra funcionarios venezolanos como presión “sobre el régimen”.
Gobiernos de América Latina, la Unión
Europa y Almagro le han pedido al mandatario que retire el proyecto. Durante su
cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) instó este viernes a Maduro a restablecer el orden
institucional y el Estado de derecho.
El gobierno calificó esa cumbre de “ilegal”
y consideró “alarmante” el uso “temerario” del bloque “al servicio de una política
de hostigamiento” contra Venezuela. En Estrasburgo, un grupo de expertos en
Derecho Constitucional del Consejo de Europa consideró que la Constituyente
podría poner en cuestión la “credibilidad democrática” en Venezuela.
“Es absurdo que el gobierno, en su empeño
por una Constituyente rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama
internacional”, comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis,
según la cual ese desacuerdo es del 70%.
¿Hacia un Estado paralelo?
El Legislativo quiere “señalar el camino
del cambio que pronto tendrá nuestro país, una justicia al servicio del pueblo
y no de una parcialidad política”, aseguró el presidente del Parlamento, Julio
Borges, al juramentar a los magistrados paralelos.
En ese momento, en la sede del TSJ, en
el centro de Caracas, la Sala Constitucional advertía que la designacion de
nuevos jueces constituía “usurpación de funciones” y “traición a la patria”,
castigada con prisión.
El presidente de la Sala Constitucional,
Juan José Mendoza, señaló que la juramentación de este viernes es “nula”, pues
el Congreso persiste en el “desacato” en el que lo declaró en enero de 2016,
cuando la MUD asumió su control. “Está en flagrancia permanente”, dijo.
Al igual que la oposición, la fiscal
general, Luisa Ortega, sostiene que los jueces del TSJ fueron nombrados
irregularmente a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Congreso,
poco antes de que los opositores tomaran el control tras un triunfo aplastante
en las parlamentarias.
Ortega, chavista devenida en fuerte crítica
de Maduro, acusa a los magistrados “ilegales” de romper el orden
constitucional, con fallos que socavaron el poder del Parlamento. Por ello, la
corte le abrió un proceso de destitución.
Para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez,
“Venezuela se encamina a la constitución de un Estado paralelo”. “Mediante la
Asamblea Nacional Constituyente el gobierno comienza un proceso de desmontaje
de las instituciones que lo adversan”, apuntó.
La MUD rechazó participar en la
Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema
electoral es un “fraude” con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo
de los militares y los poderes electoral y judicial.
“Tenemos un plan concebido para dar
respuesta a cualquier amenaza”, afirmó el ministro de Defensa, general Vladimir
Padrino, al desplegar el operativo que custodiará los centros de votación y el
material electoral.
La oposición asegura que la
Constituyente hará de Venezuela “otra Cuba” y empeorará la crisis económica,
que se caracteriza por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una
inflación que el FMI proyecta en 720% este año.
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