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Prensa.  EFE.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) planea emitir este viernes una declaración sobre la crisis en Venezuela y no descarta adoptar “medidas” sobre el país caribeño, que ya ha sido suspendido del bloque suramericano. El pronunciamiento será en principio de los cuatro Estados parte de la unión (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), aunque abierto a la adhesión de los países asociados al bloque, precisó este jueves el vicecanciller argentino, Daniel Raimondi.

En una rueda de prensa en el marco de la cumbre semestral del Mercosur que se realiza en la ciudad argentina de Mendoza, Raimondi dijo que los cancilleres del bloque abordaron la “crisis social, política y humanitaria” que vive Venezuela.

Explicó que la idea es que en la cita presidencial de este viernes se emita una declaración condenando “los hechos de violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a las libertades civiles y políticas y a los derechos humanos”.

Además, en el pronunciamiento pedirán al Gobierno de Nicolás Maduro que desista de convocar a las elecciones previstas para el próximo día 30 para conformar una Asamblea Constituyente. Venezuela ya ha sido suspendida en diciembre pasado como miembro del Mercosur por incumplir los plazos previstos en el protocolo de adhesión plena al bloque para la incorporación de las normas de la unión a su legislación nacional.

“Lo que estamos considerando ahora es la posibilidad de aplicar medidas más en lo político por esta razón de que interpretamos que hay una ruptura del orden institucional”, señaló el vicecanciller argentino. Aclaró que esas medidas son las previstas en la cláusula democrática del denominado Protocolo de Ushuaia, suscrito por Mercosur en 1998.

El protocolo establece que “en caso de ruptura del orden democrático”, los socios “promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el estado afectado”. Si las consultas resultaren infructuosas, los demás estados partes “considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”.

Según el protocolo, las medidas, que deberán ser adoptadas por consenso, “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.

“No utilizaría la palabra sanciones. Aquí lo que se trata es de aplicar medidas que tiendan a volver al cauce del respeto del orden democrático. Cualquier medida que se adopte no debe afectar a la población venezolana”, aseguró Raimondi.

Aclaró que por ello de ningún modo se analiza aplicar sanciones comerciales, que las normas no prevén el extremo de una expulsión del bloque y que, en el caso más severo, se puede llegar a una nueva suspensión, ésta vez por razones políticas, diferentes a las consideradas para la suspensión resuelta en diciembre último.

“Ustedes me dirán que Venezuela ya está suspendida por una razón jurídica. No importa. Es una cuestión política en este caso y es muy relevante a nuestro juicio que una entidad regional pueda lograr un consenso y pronunciarse como grupo sobre esta situación”, indicó el vicecanciller argentino.

Raimondi confirmó a Efe que Venezuela ha solicitado en abril la apertura de un mecanismo de solución de controversias por la suspensión de diciembre, pero aclaró que ese proceso está en “fase inicial”, analizando si corresponde o no el arbitraje. Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado casi un centenar de muertos y más de 1.000 heridos.
 
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