Prensa. EFE.
El Mercado Común del Sur (Mercosur)
planea emitir este viernes una declaración sobre la crisis en Venezuela y no
descarta adoptar “medidas” sobre el país caribeño, que ya ha sido suspendido
del bloque suramericano. El pronunciamiento será en principio de los cuatro
Estados parte de la unión (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), aunque
abierto a la adhesión de los países asociados al bloque, precisó este jueves el
vicecanciller argentino, Daniel Raimondi.
En una rueda de prensa en el marco de la
cumbre semestral del Mercosur que se realiza en la ciudad argentina de Mendoza,
Raimondi dijo que los cancilleres del bloque abordaron la “crisis social, política
y humanitaria” que vive Venezuela.
Explicó que la idea es que en la cita
presidencial de este viernes se emita una declaración condenando “los hechos de
violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas,
el respeto a las libertades civiles y políticas y a los derechos humanos”.
Además, en el pronunciamiento pedirán al
Gobierno de Nicolás Maduro que desista de convocar a las elecciones previstas
para el próximo día 30 para conformar una Asamblea Constituyente. Venezuela ya
ha sido suspendida en diciembre pasado como miembro del Mercosur por incumplir
los plazos previstos en el protocolo de adhesión plena al bloque para la
incorporación de las normas de la unión a su legislación nacional.
“Lo que estamos considerando ahora es la
posibilidad de aplicar medidas más en lo político por esta razón de que
interpretamos que hay una ruptura del orden institucional”, señaló el
vicecanciller argentino. Aclaró que esas medidas son las previstas en la cláusula
democrática del denominado Protocolo de Ushuaia, suscrito por Mercosur en 1998.
El protocolo establece que “en caso de
ruptura del orden democrático”, los socios “promoverán las consultas
pertinentes entre sí y con el estado afectado”. Si las consultas resultaren
infructuosas, los demás estados partes “considerarán la naturaleza y el alcance
de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación
existente”.
Según el protocolo, las medidas, que
deberán ser adoptadas por consenso, “abarcarán desde la suspensión del derecho
a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración,
hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
“No utilizaría la palabra sanciones. Aquí
lo que se trata es de aplicar medidas que tiendan a volver al cauce del respeto
del orden democrático. Cualquier medida que se adopte no debe afectar a la
población venezolana”, aseguró Raimondi.
Aclaró que por ello de ningún modo se
analiza aplicar sanciones comerciales, que las normas no prevén el extremo de
una expulsión del bloque y que, en el caso más severo, se puede llegar a una
nueva suspensión, ésta vez por razones políticas, diferentes a las consideradas
para la suspensión resuelta en diciembre último.
“Ustedes me dirán que Venezuela ya está
suspendida por una razón jurídica. No importa. Es una cuestión política en este
caso y es muy relevante a nuestro juicio que una entidad regional pueda lograr
un consenso y pronunciarse como grupo sobre esta situación”, indicó el
vicecanciller argentino.
Raimondi confirmó a Efe que Venezuela ha
solicitado en abril la apertura de un mecanismo de solución de controversias
por la suspensión de diciembre, pero aclaró que ese proceso está en “fase
inicial”, analizando si corresponde o no el arbitraje. Desde el pasado 1 de abril Venezuela
vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de
las cuales se han tornado violentas y han dejado casi un centenar de muertos y
más de 1.000 heridos.