Prensa.
EFE.
El presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, firmó este lunes un decreto por medio del cual el Estado colombiano
otorga el beneficio de amnistía a 3.252 miembros de las FARC, con lo que ya son
7.400 los guerrilleros a los que le han resuelto su situación jurídica.
“Este es el tercer decreto de aplicación
de la amnistía de iure (por derecho)”, explicó hoy en un comunicado el
Ministerio de Justicia, e indicó que este beneficio se aplica “exclusivamente
para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes
militares, sedición y asonada”.
La información detalló que el decreto de
amnistía quedó establecido en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las
FARC del 24 de noviembre del año pasado y que se materializó en una ley
expedida el pasado 20 de diciembre por el Congreso.
Y la amnistía podrá ser concedida por vía
judicial, es decir, por los jueces ordinarios y por vía administrativa, a cargo
del presidente.
Según el ministerio, por decreto se ha
concedido la amnistía a 6.005 integrantes de las FARC, mientras que “por vía
judicial y la aplicación de las libertades condicionadas, también previstas en
la Ley de Amnistía e Indulto, ya han salido de la cárcel más de 1.400″
insurgentes.
“Entre la aplicación de las amnistías
presidenciales y las aplicadas a través de los jueces de la República, ya se ha
resuelto la situación jurídica a más de 7.400 miembros de las FARC, lo que los
prepara para el inicio de su proceso de reincorporación”, precisó la información.
El ministerio resaltó que dos semanas
después de la dejación de armas por parte de las FARC, que se selló el pasado
27 de junio con un acto simbólico en la localidad de Mesetas (centro), “el 95 %
de la organización completó su proceso de tránsito a la legalidad, acompañado
del compromiso de acudir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición”.
Para completar el proceso, los
beneficiados debieron ser plenamente identificados como integrantes de las
FARC, haber dejado sus armas individuales certificadas por parte de la ONU,
firmar un acta con el compromiso de no volver a alzarse en armas y acreditarse
ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
A juicio del ministerio de Justicia, el
colombiano es “un modelo a seguir para futuros procesos de paz en el mundo
frente a procesos que han consistido en desmovilizaciones globales con amnistías
generales”. El modelo colombiano “combina la
materialización de principios tan importantes para la superación de la
violencia como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación simbólica y
material para las víctimas y, el no menos importante, la garantía de no
repetición”, agregó.