Prensa.
Varios Medios.
La denuncia contra Nicolás Maduro
recibida este miércoles por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, es
la cuarta que llega a ese organismo en tres años. Todas piden que se investigue
la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Esta nueva denuncia, de 56 páginas, está
firmada por 106 senadores de Colombia y de Chile, y se basa en los presuntos
delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro durante las protestas
opositoras que se iniciaron contra su Ejecutivo hace más de 100 días y en las
que han muerto más de 90 personas.
El escrito, dirigido a la fiscal Fatou
Bensouda, se basa en informes de organismos internacionales, como algunas
agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
estudios de ONG e información oficial, y acusa al sucesor de Hugo Chávez de
haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir
de 2008, cuando era ministro de Exteriores. Le atribuye también “la comisión de
crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido en 2013.
La Fiscal Fatou Bensouda recibió la
denuncia contra Maduro
La iniciativa, impulsada por el senador
colombiano del Centro Democrático Iván Duque, ha sido respaldada por
representantes de formaciones de distintos colores y busca que la Fiscalía de
La Haya abra, como primera medida, una observación en Venezuela, que firmó el
Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI. El
Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional:
genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
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pueden ser juzgados por tribunales venezolanos
Ocho acusaciones
Las acusaciones que formula la denuncia
son ocho. En primer lugar, “el crimen de asesinato por instigación directa e
indirecta. Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a
personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio
de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables
al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto, al que
ha tuvo acceso el diario El País, de Madrid.
En segundo lugar, los denunciantes le
imputan una “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la
privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción
de parte de una población”. Un delito que califican como “exterminio” y que
entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen
contra un gran número de personas”.
En tercer lugar, “deportación o traslado
forzoso de población”, algo que achacan al “uso de la fuerza física o a través
de amenazas”. Los otros cargos recogidos en el escrito, de 56 páginas, sin
incluir los documentos probatorios aportados, son encarcelación de opositores;
tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en
referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de personas” e
incluso “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos cometidos en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
Más allá de “las lindas formas”
“Yo espero que con todos los hechos que
están ocurriendo en Venezuela la Fiscalía diga primero que van a poner a
Venezuela en observación, que ya es un mensaje muy importante para advertir de
que lo que está ocurriendo es muy grave. Y el segundo objetivo es que la fiscalía
pueda abrir una investigación formal a Nicolás Maduro”, explica Duque. “Los
Gobiernos de América Latina se han quedado en las lindas formas de los salones
multilaterales, pero ninguno ha hecho ninguna acción”, agregó.
Por su parte el diputado chileno que
promovió la denuncia, Felipe Kast, antiguo ministro del conservador Sebastián
Piñera, asegura que la apoyaron ocho partidos políticos, desde la izquierda
hasta la derecha, pasando por el centro, con excepción del Partido Comunista y
el Socialista.
“Para Chile, esta realidad de Venezuela
es especialmente sensible. Cuando en Chile se violó la democracia, recibió
apoyo internacional”, prosigue Kast, quien espera que Parlamentos y autoridades
de otros países de la región se sumen a esta iniciativa.
Los casos anteriores
El primer caso contra Maduro en La Haya
fue introducido el 7 de abril de 2014 por 198 legisladores de 8 países
latinoamericanos, que pidieron investigar “la represión masiva, generalizada y
sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados” en Venezuela.
El segundo caso fue consignado el 2 de
septiembre de 2015 pasado por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez,
por ?la perpetración de crímenes de lesa humanidad? durante la deportación de
colombianos radicados en la frontera binacional.
El tercer caso fue el 11 de noviembre de
2015 cuando Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y el dirigente de
Voluntad Popular en el exilio, Carlos Vecchio, solicitaron una averiguación
contra ocho altos funcionarios del gobierno de Venezuela, encabezados por
Maduro. Los denunciantes indicaron a la prensa que presentaron evidencias de
una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales,
800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, ocurridos desde
febrero de 2014 hasta el momento de la denuncia.
Con información de EFE, El País y El
Nacional.
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