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Prensa. Varios Medios.
La denuncia contra Nicolás Maduro recibida este miércoles por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, es la cuarta que llega a ese organismo en tres años. Todas piden que se investigue la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

Esta nueva denuncia, de 56 páginas, está firmada por 106 senadores de Colombia y de Chile, y se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro durante las protestas opositoras que se iniciaron contra su Ejecutivo hace más de 100 días y en las que han muerto más de 90 personas.

El escrito, dirigido a la fiscal Fatou Bensouda, se basa en informes de organismos internacionales, como algunas agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de ONG e información oficial, y acusa al sucesor de Hugo Chávez de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir de 2008, cuando era ministro de Exteriores. Le atribuye también “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido en 2013.

La Fiscal Fatou Bensouda recibió la denuncia contra Maduro
La iniciativa, impulsada por el senador colombiano del Centro Democrático Iván Duque, ha sido respaldada por representantes de formaciones de distintos colores y busca que la Fiscalía de La Haya abra, como primera medida, una observación en Venezuela, que firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI. El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

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Ocho acusaciones
Las acusaciones que formula la denuncia son ocho. En primer lugar, “el crimen de asesinato por instigación directa e indirecta. Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto, al que ha tuvo acceso el diario El País, de Madrid.

En segundo lugar, los denunciantes le imputan una “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como “exterminio” y que entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.

En tercer lugar, “deportación o traslado forzoso de población”, algo que achacan al “uso de la fuerza física o a través de amenazas”. Los otros cargos recogidos en el escrito, de 56 páginas, sin incluir los documentos probatorios aportados, son encarcelación de opositores; tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de personas” e incluso “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.

Más allá de “las lindas formas”
“Yo espero que con todos los hechos que están ocurriendo en Venezuela la Fiscalía diga primero que van a poner a Venezuela en observación, que ya es un mensaje muy importante para advertir de que lo que está ocurriendo es muy grave. Y el segundo objetivo es que la fiscalía pueda abrir una investigación formal a Nicolás Maduro”, explica Duque. “Los Gobiernos de América Latina se han quedado en las lindas formas de los salones multilaterales, pero ninguno ha hecho ninguna acción”, agregó.

Por su parte el diputado chileno que promovió la denuncia, Felipe Kast, antiguo ministro del conservador Sebastián Piñera, asegura que la apoyaron ocho partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, con excepción del Partido Comunista y el Socialista.

“Para Chile, esta realidad de Venezuela es especialmente sensible. Cuando en Chile se violó la democracia, recibió apoyo internacional”, prosigue Kast, quien espera que Parlamentos y autoridades de otros países de la región se sumen a esta iniciativa.

Los casos anteriores
El primer caso contra Maduro en La Haya fue introducido el 7 de abril de 2014 por 198 legisladores de 8 países latinoamericanos, que pidieron investigar “la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados” en Venezuela.

El segundo caso fue consignado el 2 de septiembre de 2015 pasado por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por ?la perpetración de crímenes de lesa humanidad? durante la deportación de colombianos radicados en la frontera binacional.

El tercer caso fue el 11 de noviembre de 2015 cuando Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio, Carlos Vecchio, solicitaron una averiguación contra ocho altos funcionarios del gobierno de Venezuela, encabezados por Maduro. Los denunciantes indicaron a la prensa que presentaron evidencias de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, ocurridos desde febrero de 2014 hasta el momento de la denuncia.

Con información de EFE, El País y El Nacional.
 
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