Prensa.
Ipys Venezuela
El
gobierno de Nicolás Maduro ha cercenado las señales de 50 medios de
comunicación en lo que va del año. advirtió el Instituto de Prensa y Sociedad,
capítulo Venezuela. Esta ONG presenta, en claves, un análisis sobre la
situación de la libertad de expresión con esta política aplicada por el organismo
regulador de telecomunicaciones.
1.-
El espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra en una situación de
inseguridad jurídica, pues a las emisoras y los canales de TV se les niega la
renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ente regulador en el país.
El gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta situación para chantajear a los
medios y torcer su línea editorial para alinearla con la oficial.
2.-
Durante 86 días de protestas opositoras en Venezuela, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones cerró 23 medios radioeléctricos y una televisora en cuatro
estados del país. La actuación de los funcionarios fiscalizadores ocurrió sin
transparencia ni respeto al debido proceso. A lo largo del 2017, Conatel ha
cerrado un total de 41 emisoras comerciales y comunitarias, y una televisora
pública. Las sanciones administrativas han afectado el derecho de los
ciudadanos a saber y a estar informados en siete estados del país: Falcón (11),
Monagas (9), Yaracuy (7), Barinas (6), Cojedes (6), Nueva Esparta (2), Mérida
(1) y Distrito Capital (2).
3.-
Con el cierre de 11 emisoras en el estado Falcón, al menos la mitad de las
emisoras apagaron sus transmisores. La cartografía de medios de IPYS Venezuela
registraba 22 emisoras antes de la actuación de Conatel, por lo que el estado
se queda sin la mitad de su ecosistema radial. En Barinas, tras el cierre,
quedarían 12 emisoras. Monagas descendió de 33 emisoras a 18. Yaracuy pasó de
tener 16 diales a quedarse con 11, Cojedes de 16 se quedó con 10, y Nueva
Esparta pasa de 33 a 31.
4.-
En Mérida quedó en funcionamiento únicamente la Televisora Andina de Mérida,
tras la salida de ULATV.
5.-
El 14 de junio de 2017 Conatel cerró, luego de una inspección de más de 12
horas, el canal universitario ULATV, medio institucional con cobertura regional
de la universidad pública de Los Andes. Conatel alegó que el medio, con más de
20 años al aire, violó la ley de telecomunicaciones al no presentar la
documentación requerida. La directiva de ULATV sostiene que los documentos
demandados por Conatel han sido solicitados en reiteradas ocasiones al ente
público sin recibir respuesta alguna. La actuación administrativa y burocrática
castigó con el cierre a ULATV, canal que se mantenía cubriendo las
manifestaciones en la entidad y transmitiendo avances y discutiendo en espacios
de opinión la situación sociopolítica del país.
6.-
La política de regulación en materia de radiodifusión de Conatel desconoció la
sugerencia hecha por la CIDH, orientada a “remover todas las restricciones
desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los operadores de radio y
televisión, en todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con la misión
comercial, social o pública que tienen asignada”. Por el contrario, la
actuación restrictiva se ha superado en los últimos meses. El cierre de 41
emisoras y una televisora es inédito, sólo comparable con el cierre de 32
emisoras durante el 2009, cuando Diosdado Cabello presidía la institución.
7.-
Durante 2017 Conatel sacó de las parrillas de televisión por suscripción los
canales de noticias CNN en Español (EEUU), El Tiempo de Colombia, Todo Noticias
(Argentina), RCN (Colombia) y Caracol (Colombia).
8.-
Con las dos emisoras cerradas en Caracas (92.9 FM y 99.1 FM) el número de
emisoras y canales de TV cerrados en 2017 asciende a 50.
9.-
En 2016, tres estaciones de radio y televisión cerraron de manera forzada por
orden de Conatel. También aplicó tres sanciones y tres incautaciones de
equipos; emitió una orden de censura de contenidos en TV, y mandó a suspender
un programa de televisión de manera arbitraria. Con ello se vieron afectados 10
medios radioeléctricos, la mayoría de ellos de alcance regional y local.
10.-
Esto se debe al hecho de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suma
haberes sancionatorios por las acciones discrecionales, que ha tomado para
condicionar las libertades informativas y de opinión.
11.-
En 12 años, desde la entrada en vigencia del 2005 de la Ley Resorte-me, las
medidas administrativas y las sanciones de Conatel suman 92 cierres de
estaciones televisivas y radiales en el país, en medio de un contexto de
desinversión en el sector y restricciones políticas, técnicas y de seguridad,
que afectan el desarrollo de medios y contenidos para el entorno
radioeléctricos.
12.-
Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, Conatel acumuló 56 casos de
violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de
investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura
en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales.
13.-Más
de 90% de estas 92 decisiones han sido tomadas por directores que han tenido
una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela y han forzado
un giro en el ecosistema de medios radioeléctricos en el país. Las ventanas
para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales
hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las
coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones de Conatel.
14.-
En paralelo se construye un sistema que privilegia el secretismo como política
de Estado. Las órdenes para impedir de hecho el acceso a la información pública
a periodistas, la no publicación de estadísticas oficiales y la negativa de las
autoridades a rendir cuentas o declarar sobre asuntos de interés público
dificultan la recolección de datos e información a periodistas y ciudadanos,
viola principios de la gestión pública y la democracia, y promueve la
existencia de rumores e incertidumbre informativa.
15.--
En 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había hecho su
llamado de alerta ante el seguimiento excesivo que hace Conatel a los medios de
comunicación.
16.--
De igual forma, en el EPU Venezuela, el Alto Comisionado para los DDHH reflejó
preocupaciones sobre el control restrictivo de los medios de comunicación y la
discrecionalidad del marco normativo y de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, exigiendo al Estado adaptar sus leyes internas sobre la
materia a los estándares internacionales, para la existencia de medios
radioeléctricos independientes, plurales y diversos.
Ante
el panorama restrictivo que impulsa el Estado en clara oposición a las
recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional, IPYS
Venezuela recomienda:
-
Establecer un mecanismo de control y seguimiento a los compromisos adoptados
por el Estado en los foros internacionales en materia de libertad de expresión,
que permita medir las condiciones y garantías al ejercicio de la libertad en el
país.
-
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe realizar un trabajo técnico y
profesional independiente, apegado a los principios y estándares
internacionales sobre libertad de expresión y la progresividad de derechos
humanos. Conatel debe abstenerse de continuar emitiendo sanciones
discriminatorias y regresivas del derecho humano a la libertad de expresión y
acceso a la información.
-
Exhortar a las autoridades competentes a garantizar el debido proceso y el
derecho a la defensa de las emisoras de radio.
-
Reivindicar el derecho que tienen los radiodifusores privados afiliados a la
Cámara de Radio a solicitar y obtener la renovación de sus concesiones con
apego a las leyes.