Columna. Augusto
Guevara
Es
verdad que hay una notable diferencia cuantitativa entre un gran robo y un robo
pequeño, pero en los mandamientos de la ley de Dios, se habla solo de NO
ROBARÁS, sin establecer cuantificaciones y, como lo que Dios creó no puede ser
modificado por los hombres, los jueces de la tierra deberán castigar por igual
al ladrón de alto coturno y al simple roba gallina. La reflexión viene a cuento
por lo que narro a continuación.
En
Madrid
Desde
Bogotá y, en conferencia de prensa, nos cuenta la Fiscal General de la
República, doctora Luisa Ortega Díaz que la compañía brasilera Odebrecht le
transfirió a una empresa española, propiedad de unos venezolanos, la bicoca de
cien millones de dólares. Afirma además la Fiscal General que cuenta con copias
certificadas de los documentos que obran en el Ministerio Público en los que se
demuestra que los dueños de esa empresa española son testaferros del señor
Cabello. Lo dice la doctora Ortega Díaz, no yo, porque eso a mí no me consta.
Desde
México
También
nos cuenta la Fiscal General -advirtiendo otra vez que cuenta con las copias
certificadas de los documentos que respaldan sus afirmaciones- que la empresa
mexicana que vende las bolsas o cajas Clap al gobierno de Venezuela es
propiedad de unos familiares de Maduro. En éste, como en el caso narrado arriba,
debo decir que a mí eso no me consta y que me limito a transcribir lo que le
escuché a la doctora Ortega Díaz. Agrega dicha funcionaria que cada caja Clap
tiene un precio internacional de nueve dólares y que dichos dólares, por
tratarse de alimentos, son adjudicados al proveedor al precio preferencial de
diez bolívares por dólar y una simple operación aritmética nos dice entonces
que cada bolsa o caja Clap le cuesta al proveedor noventa bolívares y si a eso
le agregamos el costo de seguro y flete, tendríamos que el valor CIF por unidad
en puerto venezolano de cada unidad podría estar, exagerando los costos, en
unos ciento cincuenta a doscientos bolívares
y luego serían vendidas- según la misma fuente- a las humildes familias
de las barriadas venezolanas a entre dieciséis mil y veinte mil bolívares cada
una. Calificar de atraco a esa
operación sería dignificarla. Por mucho
menos Cristo los echó del Templo a latigazos. Pero, reitero, nada de eso me
consta y me limito a repetir lo dicho por la Fiscal General.
Desde
Caracas.
Lo
que sigue no se lo oí a la Fiscal y se trata más bien de una simple observación
mía: si ese grupete que se hace llamar Asamblea Nacional Constituyente (casi
nada), está cobrando algún sueldo o emolumento o cualquier otro tipo de
beneficio a la nación, tendrán que devolver ese dinero a la tesorería para que
ésta a su vez haga formal entrega del mismo a los legítimos y verdaderos
diputados a la Asamblea Nacional que elegimos catorce millones de venezolanos,
porque se trataría, en el caso de que lo estuvieran cobrando, nada más y nada
menos que de enriquecimiento sin causa. Pero como hay varios abogados en el
grupete, se puede suponer que no lo estarían cobrando. Ojalá que, por el bien
de todos, no hayan incurrido en ese estropicio.
@aguevaraanzola
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