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Columna. Augusto Guevara
Es verdad que hay una notable diferencia cuantitativa entre un gran robo y un robo pequeño, pero en los mandamientos de la ley de Dios, se habla solo de NO ROBARÁS, sin establecer cuantificaciones y, como lo que Dios creó no puede ser modificado por los hombres, los jueces de la tierra deberán castigar por igual al ladrón de alto coturno y al simple roba gallina. La reflexión viene a cuento por lo que narro a continuación.

En Madrid
Desde Bogotá y, en conferencia de prensa, nos cuenta la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz que la compañía brasilera Odebrecht le transfirió a una empresa española, propiedad de unos venezolanos, la bicoca de cien millones de dólares. Afirma además la Fiscal General que cuenta con copias certificadas de los documentos que obran en el Ministerio Público en los que se demuestra que los dueños de esa empresa española son testaferros del señor Cabello. Lo dice la doctora Ortega Díaz, no yo, porque eso a mí no me consta.

Desde México
También nos cuenta la Fiscal General -advirtiendo otra vez que cuenta con las copias certificadas de los documentos que respaldan sus afirmaciones- que la empresa mexicana que vende las bolsas o cajas Clap al gobierno de Venezuela es propiedad de unos familiares de Maduro. En éste, como en el caso narrado arriba, debo decir que a mí eso no me consta y que me limito a transcribir lo que le escuché a la doctora Ortega Díaz. Agrega dicha funcionaria que cada caja Clap tiene un precio internacional de nueve dólares y que dichos dólares, por tratarse de alimentos, son adjudicados al proveedor al precio preferencial de diez bolívares por dólar y una simple operación aritmética nos dice entonces que cada bolsa o caja Clap le cuesta al proveedor noventa bolívares y si a eso le agregamos el costo de seguro y flete, tendríamos que el valor CIF por unidad en puerto venezolano de cada unidad podría estar, exagerando los costos, en unos ciento cincuenta a doscientos bolívares  y luego serían vendidas- según la misma fuente- a las humildes familias de las barriadas venezolanas a entre dieciséis mil y veinte mil bolívares cada una. Calificar  de atraco a esa operación  sería dignificarla. Por mucho menos Cristo los echó del Templo a latigazos. Pero, reitero, nada de eso me consta y me limito a repetir lo dicho por la Fiscal General.
Desde Caracas.

Lo que sigue no se lo oí a la Fiscal y se trata más bien de una simple observación mía: si ese grupete que se hace llamar Asamblea Nacional Constituyente (casi nada), está cobrando algún sueldo o emolumento o cualquier otro tipo de beneficio a la nación, tendrán que devolver ese dinero a la tesorería para que ésta a su vez haga formal entrega del mismo a los legítimos y verdaderos diputados a la Asamblea Nacional que elegimos catorce millones de venezolanos, porque se trataría, en el caso de que lo estuvieran cobrando, nada más y nada menos que de enriquecimiento sin causa. Pero como hay varios abogados en el grupete, se puede suponer que no lo estarían cobrando. Ojalá que, por el bien de todos, no hayan incurrido en ese estropicio.

@aguevaraanzola
 
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