Organismos internacionales y varios Gobiernos de América y Europa
reafirmaron hoy su apoyo al Parlamento venezolano y su rechazo a la
Constituyente, integrada solo por oficialistas, luego de que esta decidiera
asumir competencias para legislar, lo que consideran que ahondará la crisis en
el país.
Prensa. EFE
Tras la decisión de la Asamblea Constituyente,
diplomáticos de doce países visitaron hoy la sede del Parlamento venezolano, de
mayoría opositora, para expresarle su respaldo. A la sede acudieron
representantes de las embajadas de España, Holanda, Chile, Italia, Alemania,
Austria, Argentina, Polonia, México, Francia, Reino Unido y Portugal, que se
reunieron con la directiva del Parlamento, poco antes de que este celebre una
sesión para adoptar una resolución ante la medida tomada el viernes por la
Constituyente.
En un comunicado conjunto, doce Gobiernos de América
expresaron que el acto de la Constituyente “de usurpar las competencias y
facultades legislativas” ratifica “la ruptura del orden democrático y
constitucional en Venezuela”.
Además, reiteraron “el no reconocimiento de la
Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que emanen” de ella y
reafirmaron su pleno apoyo al Parlamento y su decisión “de intensificar
consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”.
El comunicado fue firmado por Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Perú, llamado el Grupo de Lima tras la declaración suscrita por sus
cancilleres hace diez días para denunciar una “dictadura” y el “quiebre democrático”
en Venezuela.
El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida indefinidamente, también condenó
la decisión “de usurpar las atribuciones” del Parlamento, elegido “democráticamente
por la mayoría de los venezolanos” y que ven como “único y exclusivo titular
del Poder Legislativo en ese país”.
Para el bloque, esto agrava los conflictos en
lugar de buscar el “necesario restablecimiento de la democracia”.
La medida fue tomada por la Constituyente luego de
que la directiva del Parlamento no acudiera a una reunión a la que había sido
convocada por ese órgano, que los opositores tildan de “fraudulento” y ven como
un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en
el país.
En un decreto, la Constituyente aprobó “asumir las
competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a
garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema
socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los
derechos de los venezolanos”.
Tras el anuncio del decreto, el secretario general
de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo definió como “la
disolución fraudulenta” del Parlamento y dijo que es la “profundización del
golpe de Estado en Venezuela”.
El Parlamento fue elegido “por el pueblo soberano
por sufragio directo. Su disolución es ilegitima e inconstitucional”, agregó
Almagro al insistir en su llamado para celebrar un Consejo Permanente
extraordinario de la OEA sobre la crisis venezolana.
Venezuela ha sido escenario de manifestaciones que
se incrementaron cuando Maduro convocó a la Constituyente, compuesta solo por
miembros afectos al Gobierno.
“Esta toma de poderes está diseñada para suplantar
la Asamblea Nacional democráticamente elegida por un comité autoritario que
opera por encima de la ley”, afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.
Mientras el Ejecutivo español señaló que es una
decisión que “no contribuye a la reconciliación ni al futuro democrático de
Venezuela” y que demuestra “un grave desconocimiento de la voluntad del pueblo
venezolano”.
Autoridades parlamentarias de nueve países
iberoamericanos -España, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México,
Panamá y Perú- también condenaron la “ruptura del orden democrático”, exigieron
la aplicación de la Carta Democrática y ratificaron que la vía electoral “es la
única salida a la crítica situación”.
Panamá expresó que “la disolución de la Asamblea
Nacional Venezolana” se hizo “a través de un decreto de la ilegítimamente
constituida Asamblea Constituyente” y calificó la medida de “irrespeto a los
principios democráticos”.
Mientras el canciller chileno, Heraldo Muñoz,
rechazó que la “Constituyente de Venezuela haya asumido facultades de Asamblea
Nacional elegida democráticamente” y Costa Rica expresó su respaldo al
Parlamento venezolano.
El constituyente Diosdado Cabello advirtió que el
Parlamento debe reconocer a dicha Asamblea si quiere volver a ejercer sus
competencias y en respuesta el titular del Legislativo, el opositor Julio
Borges, denunció que ese organismo es “un poder de facto” que “pretende
perpetuar” a Maduro en el poder.