Prensa. El Tiempo de Colombia.
El
inventario más fresco de bienes de la desmovilizada guerrilla de las Farc,
detectado por la Fiscalía General, data apenas del 16 de julio pasado, reseñó
el diario colombiano. Ese día, investigadores de Policía judicial encontraron
27 predios de señalados testaferros de Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’, y
del frente 48. Fueron en total 14 fincas en Puerto Leguízamo, Putumayo; 5 en
Florencia y una hacienda en Cartagena del Chairá, Caquetá. Además, una lujosa
propiedad en Garzón, Huila; cuatro casas en Bogotá y cuatro más en Medellín y
en Bello, Antioquia.
Al
listado se unieron 17 propiedades de un comerciante ligado a la empresa
Multiservicios y Transporte La Dulzana S. A. S., en el Meta, a quien le
atribuyen nexos con el frente 40.
En
total, son más de 450.000 hectáreas de terreno, repartidas en 10 departamentos
y valoradas en más de un billón de pesos, que no figuran en el polémico listado
elaborado por las Farc, entregado a la ONU y revelado esta semana, desatando
una tormenta.
El
fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue el encargado de alertar de que
los activos entregados por la exguerrilla al gobierno Santos ni siquiera están
identificados catastralmente, lo que impide su localización y uso para
indemnizar a los cientos de víctimas.
Además,
reveló que incluyeron en el inventario de activos desde exprimidores de
naranjas hasta pocillos, platicos y sal de frutas, acto calificado como una
burla por algunos sectores.
Y
si bien hay total consenso de que las Farc cumplieron a cabalidad con el cese
unilateral de hostilidades y con los acuerdos de concentración y desarme, la
información que entregaron sobre su fortuna, inicialmente negada, tiene en un
terreno fangoso ese punto del acuerdo de paz.
La
controversia surge en la antesala de su lanzamiento como partido político, una
apuesta que le costará al país 39.688 millones de pesos y en la que se medirá
el compromiso de los jefes de esa organización con la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
Sobre
el papel, las reglas están claras: el que mienta o trate de quedarse con la
plata que debe ir a las víctimas perderá los beneficios de pena alternativa.
De
hecho, el Gobierno se apresuró a anunciar la expedición de un decreto en el que
creará una comisión adicional para verificar el listado de bienes entregado por
las Farc.
Y
la exguerrilla también reaccionó. Pastor Alape calificó de mentirosas las
declaraciones del fiscal Martínez, a quien acusó de hacer una presentación
amañada del inventario y de omitir que hay más de un billón de pesos en la
relación de activos, incluido oro y efectivo. Según dijo, su listado incluye
datos de 606 fincas, 42 casas, 292 medios de trasporte. Así mismo, de 20.724
cabezas de ganado, 587 caballos. También, 2.500 millones de pesos en efectivo y
450.000 dólares.
Contabilidad
perdida
“El
inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible. No hemos sido una
persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden
existente (…); la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información,
mucha de ella a manos del adversario”, dijo el exjefe guerrillero.
En
efecto, en manos de la Fiscalía hay miles de tera-bytes de información
desencriptada de los computadores de varios jefes guerrilleros, recuperados en
operaciones militares.
Por
esa vía, la fiscalía 30 especializada en extinción, en un trabajo conjunto con
la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ejército Nacional, ha logrado
ubicar bienes de la red de apoyo del bloque Oriental y del bloque Sur.
Incluso,
ya se trabaja en la desarticulación financiera de los frentes disidentes
primero y séptimo, y el frente internacional, del que muy poco se habla.
En
ese terreno, la Fiscalía tiene información sobre activos de la exguerrilla en
los estados de Barinas y de Apure, en Venezuela, donde solían refugiarse sus
jefes. Además, empresas en Panamá, Ecuador y Costa Rica.
De
hecho, desde ese país centroamericano, y gracias a un acuerdo de colaboración
con Estados Unidos, se rastrean giros a Suecia y a Suiza, a través de un
extranjero que llegó al país en la época del Caguán con pasaporte diplomático.
Con
él como puente, ya están documentados movimientos en oro y divisas a través de
empresas en Zúrich. Ómar Zabala, conocido como ‘Lucas Gualdrón’, miembro de la
llamada Comisión Internacional de las Farc, es la clave.
En
cuanto a Costa Rica, el abatido Raúl Reyes tuvo allí uno de sus centros de
operaciones como jefe del frente internacional. Y en ese país están refugiados
familiares de jefes guerrilleros, entre ellos los de Pablo Catatumbo.
De
hecho, en una sola operación y gracias a la colaboración de sus autoridades,
Colombia recuperó 480.000 dólares (suma idéntica a la del listado de Alape), de
cuya existencia dio cuenta el famoso computador de Raúl Reyes.
A
eso se unen los testimonios de desmovilizados y seguimientos a operaciones en
sectores como la construcción, la ganadería y hasta la minería de coltán.
“Estamos
rastreando también las marcas de hierro que traen las reses encontradas que
están supuestamente ligadas a las Farc. A través de ellas se realiza una
búsqueda masiva de bienes de los propietarios de esas marcas”, explicó el
superintendente de Notariado, Jairo Mesa Guerrero.
Las
trampas
La
Superintendencia de Notariado identificó seis tipos de trampas a través de las
cuales miembros de las Farc se apropiaron de 150.143 hectáreas en San Vicente
del Caguán, Caquetá.
Entre
otras, hallaron suplantaciones de campesinos que aparecen vendiendo, falsedad
documental de escrituras, modificaciones ilícitas de áreas y la adjudicación de
bienes baldíos de la nación a ganaderos y comerciantes millonarios,
identificados por pobladores como testaferros de las Farc.
La
dimensión de ese comercio ilegal de tierra bajo el manto revolucionario la dan
las cifras de bienes listos para extinción: solo entre el 2016 y lo que va del
2017, la Fiscalía ha ocupado bienes por 1,7 billones de pesos de señalados
testaferros de las Farc. Y hay 15 órdenes de trabajo en similar sentido y
cuantía.
Hace
menos de un mes, se ocuparon predios tasados en 9.000 millones de pesos a
nombre de Jaime Cuítiva Quintero y su núcleo familiar. Las propiedades están en
San Vicente del Caguán (Caquetá), Cali y Tuluá (Valle del Cauca), así como en
Bogotá, y el hombre asegura que los compró con dinero que cayó de una avioneta
que sobrevolaba su finca en el Caguán.
La
versión que dieron varios desmovilizados era bien diferente: los predios, en
realidad, se compraron con plata de secuestros y narcotráfico de la columna
‘Teófilo Forero’, cuyo jefe es Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el
Paisa.
Los
expedientes ya iniciados tienen 3.961 propiedades, de las cuales hay 1.726 en
el Meta, 809 en Cundinamarca, 629 en Caquetá, 262 en el Valle, 98 en Antioquia,
98 en Arauca y 60 en el Quindío.
Son
en total 118 procesos: 23 ya tienen sentencia de extinción de dominio, hay 13
en juicio y los demás están en fase inicial.
Lo
que muestran las investigaciones son inversiones y propiedades originadas en la
explotación ilegal de tungsteno y coltán, en Guainía, de las que no se hablan
en el inventario oficial. De hecho, más de cinco millones de dólares fueron
lavados a través de una empresa minera, American Mineral World S. A. S., que
también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio.
Caletas,
pendientes
Y
hay millonarias inversiones en el sector de la construcción, en casas de cambio
y en estaciones de gasolina en los departamentos del suroriente del país.
Otra
veta de la riqueza de las Farc que no se refleja en la relación de bienes
entregada a la ONU es la de las caletas. La exguerrilla habla allí de 19.000
millones de pesos, y según Alape, se trata de dinero ya incautado por el
Estado. Pero lo que muestran los computadores va mucho más allá de esos datos.
Cada frente de las Farc manejaba un programa de Excel con gastos e ingresos
denominado Contabilín.
En
el 2015, cuando una quirúrgica operación de la Fuerza Pública acabó con el
‘Becerro’, jefe del frente 57, considerado uno de los grandes narcos de la
guerrilla, también cayó su computador personal. Solo el frente 57 tenía una
docena de caletas y se sabe que los frentes más ricos eran los de los bloques
Sur y Oriental.
En
la pestaña denominada ‘Caletas’ se reseña el origen de la plata, la cantidad
exacta de billetes, la denominación en pesos o dólares y el ‘caletero’ o
guerrillero que conoce la ubicación del entierro.
En
noviembre del 2014, ya en pleno proceso de paz, estas eran las cuentas del
‘Becerro’: por lo que el frente 57 llamaba ‘caso Pichindé’, se relacionaban
1.050 billetes de 100 dólares (US$ 105.000), 11.800 billetes de 20 dólares (US$
221.600) y 1.400 billetes de 50 dólares (US$ 70.000). En esa sola caleta había
casi 400.000 dólares, casi lo mismo que reporta ahora toda la organización en
su relación de bienes, además de 355 millones de pesos en efectivo.
Por
el caso ‘Salinas Truandé’, la caleta tenía 6.368 billetes de 20 dólares (US$
127.500) y 1.881 billetes de 100 dólares (US$ 188.100), además de 260 millones
de pesos en billetes de 50).
A
esos millonarios pendientes de las caletas se le une una polémica adicional. En
el inventario en manos de la ONU figuran supuestos bienes ‘incautados a la mafia’,
activos que claramente salen desde ya del mapa de la reparación de las
víctimas. Igual sucede con los 210.000 millones de pesos que, según las Farc,
vale el armamento entregado, y otros 196.000 millones que supuestamente costó
la construcción de carreteras y puentes en sus zonas de influencia.
“Requerimos
que a la mayor brevedad designen unos delegados que se encarguen del proceso de
entrega material previa identificación e individualización; verificación de la
concordancia entre su descripción y el inventario; en relación con todos y cada
uno de los bienes anunciados en el inventario aludido”, le escribió a Rodrigo
Londoño Echeverry, jefe de las Farc, el secretario de Casa de Nariño, Alfonso
Prada.
Y
tanto el país como la comunidad internacional esperan una respuesta.
Cerca
de la mitad del inventario no puede usarse para reparar a las víctimas
La
entrega de bienes para reparar a sus víctimas fue, de lejos, el compromiso más
incumplido por los paramilitares que firmaron la paz con el gobierno de Álvaro
Uribe en la década pasada.
Mientras
el Estado colombiano ha invertido 8 billones de pesos en la reparación
administrativa para las víctimas, los ‘paras’ han entregado, en los 12 años que
lleva vigente la Ley de Justicia y Paz, bienes por un valor de 303.003 millones
de pesos.
La
mitad de esos bienes, además, sigue teniendo hoy líos legales, por lo que no se
han podido destinar a compensar a los afectados por la violencia de las
Autodefensas.
Impedir
que esa historia se repita es, precisamente, uno de los grandes retos del
proceso con las Farc. De hecho, hay alarmas encendidas porque en el inventario
que entregó la guerrilla la mayor parte de propiedades no puede usarse para
restituir a las víctimas.
Esos
bienes, según las cuentas de las Farc, valen casi un billón de pesos. Pero, de
facto, hay que descontar aproximadamente la mitad, porque corresponde a activos
que no sirven para indemnizar a las víctimas: armas, infraestructura vial e
inversión social.
Además,
de acuerdo con la Fiscalía, la mayoría de los predios rurales relacionados son
baldíos, es decir, son propiedad de la Nación. La guerrilla declaró que sus
inmuebles tienen un valor de 441.503 millones de pesos. Pero, según la
Superintendencia de Notariado y Registro, de las 275.000 hectáreas que dicen
tener las Farc, al menos 240.000 están en zonas protegidas y no pueden ser
adjudicadas a campesinos.
Identificar
el ganado será otro problema, pues, de acuerdo con el ente investigador, de las
20.724 reses presentadas una mínima parte –no más de 150– están claramente
identificadas por su hierro y ubicación.
Por
otra parte, 21.311 millones de pesos equivalen al valor de los ‘equipos y
enseres’, uno de los temas que más levantó ampolla sobre el inventario, pues
fueron incluidos desde uniformes hasta enseres como exprimidores de naranja,
pocillos y platos.
Frente
a las críticas, las Farc se defendieron y en un comunicado señalaron que “el
inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando
condiciones excepcionales y únicas”.
UNIDAD
INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA