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efectococuyo.com
La
fiscal destituida Luisa Ortega Díaz dijo en Costa Rica que tiene pruebas de un
caso en el que el presidente Nicolás Maduro desvió del fisco entre 8 y 10
millones de dólares en efectivo. “Hay muchos funcionarios comprometidos con el
tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás
Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y
los pagó a una importante firma”, dijo Ortega Díaz.
Hermann
Escarrá, Jesse Chacón, Elías Jaua, Maximilien Sánchez Arveláiz y Diosdado
Cabello son los nombres de los otros funcionarios del Gobierno venezolano que
Ortega Díaz denunció en una rueda de prensa en Costa Rica ofrecida este lunes,
28 de agosto. Todos, aseguró, están vinculados con los expedientes de
corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y que maneja el Ministerio
Público.
Ortega
Díaz viajó a Costa Rica para reunirse con el fiscal general de ese país, Jorge
Chavarría Guzmán. Luego del encuentro, la extitular de la Fiscalía indicó que
entregará las pruebas de corrupción al gobierno de los Estados Unidos.
“Tengo
pruebas de Odebrecht que involucran al constituyente Diosdado Cabello. Me reuní
con fiscales de EEUU y se las entregué”, informó a los medios costarricenses.
Añadió que la empresa de un familiar del abogado y constituyente Hermann
Escarrá fue utilizada como fachada en el caso de la constructora brasileña.
Según
Ortega Díaz, para la “millonaria trama de corrupción” se ha utilizado “como
fachada a la empresa venezolana Contextus Comunicación Corporativa“, propiedad
de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de
Hermann Escarrá.
Hasta
la fecha, la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente ha
denunciado en distintos países de Latinoamérica la persecución en su contra y
casos de corrupción que involucran a altos funcionarios venezolanos. Entre los
países visitados figuran Colombia, Brasil y Costa Rica. “He visitado los países
para dejar las evidencias que tengo”, dijo. Advirtió que no va a poder visitar
todos los que quisiera “por cuestiones de tiempo o de dinero”.
Reiteró
que tiene información de que el Gobierno venezolano aún la persigue y que podía
contratar sicarios para acabar con su vida. Añadió que por esta razón va a
formalizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Denunció
que el Gobierno tiene una política de armar civiles que usa para dispersar las
protestas y dijo que el Ejecutivo propició más situaciones violentas al impedir
a la población expresar su descontento en las manifestaciones que iniciaron en
abril de este año.
Indicó
que si llega a regresar al país durante el gobierno de Nicolás Maduro sería
encarcelada, desaparecida y torturada. “Regresar a Venezuela significa la
muerte”, aseguró. También afirmó que las visitas que ha hecho a los países de
la región son para denunciar la situación que atraviesa los venezolanos. “Todo
esto que estoy haciendo es por ti Venezuela, por ustedes hermanos. No pierdan
la esperanza”, finalizó.