Prensa. EFE.
El Gobierno panameño concedió este miércoles asilo
político al magistrado venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la
embajada venezolana en Panamá Gabriel Pérez, por considerar que “corren peligro
en su país de origen”. “En solidaridad con su situación humanitaria, el
Gobierno panameño ha accedido a ambas solicitudes de asilo, en aras a
garantizar las libertades y garantías personales, que corren peligro en su país
de origen”, indicó la Cancillería en un comunicado.
Zamora, que es uno de 33 magistrados nombrados por
el Parlamento de mayoría opositora y cuya designación no fue reconocida por el
Gobierno de Nicolás Maduro, está en la embajada panameña en Caracas, junto a
otros dos integrantes del grupo de jueces que pidieron protección el pasado 4
de agosto, explicó la Cancillería. El diplomático Gabriel Pérez se encuentra
actualmente en Panamá, donde el pasado 28 de julio anunció su renuncia como
segundo secretario y cónsul adjunto de la embajada venezolana, en rechazo a la
Asamblea Constituyente instalada por el Gobierno de Maduro.
En el comunicado, el Gobierno panameño instó una
vez más al presidente venezolano a “respetar el orden democrático, los derechos
humanos y las libertades” y le urgió a “negociar una salida política en el
marco de la Constitución vigente”, de 1999.
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De
Saint Malo, dijo la semana pasada que el país está tramitando un “salvoconducto”
para sacar de Venezuela a los dos magistrados que pidieron asilo a principios
de mes, Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza. Al principio de la
reciente crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó
por el entendimiento, pero en las últimas semanas ha endurecido su discurso y
se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen
la nueva Asamblea Constituyente y piden elecciones libres.
De Saint Malo, de hecho, participó el pasado 8 de
agosto en la reunión de cancilleres convocada de urgencia en Lima para condenar
la situación en Venezuela y dijo recientemente que el país centroamericano no
descarta retirar a su embajador en Caracas. En un procedimiento urgente en diciembre de 2015,
el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a
decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las
legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara
a la nueva mayoría. El pasado 21 de julio, el parlamento, de mayoría opositora,
aprobó las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Supremo no reconoció
los nombramientos y advirtió a los 33 juristas que estaban incurriendo en “delitos
de traición a la patria”.