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Prensa. EFE.
El Gobierno panameño concedió este miércoles asilo político al magistrado venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la embajada venezolana en Panamá Gabriel Pérez, por considerar que “corren peligro en su país de origen”. “En solidaridad con su situación humanitaria, el Gobierno panameño ha accedido a ambas solicitudes de asilo, en aras a garantizar las libertades y garantías personales, que corren peligro en su país de origen”, indicó la Cancillería en un comunicado.

Zamora, que es uno de 33 magistrados nombrados por el Parlamento de mayoría opositora y cuya designación no fue reconocida por el Gobierno de Nicolás Maduro, está en la embajada panameña en Caracas, junto a otros dos integrantes del grupo de jueces que pidieron protección el pasado 4 de agosto, explicó la Cancillería. El diplomático Gabriel Pérez se encuentra actualmente en Panamá, donde el pasado 28 de julio anunció su renuncia como segundo secretario y cónsul adjunto de la embajada venezolana, en rechazo a la Asamblea Constituyente instalada por el Gobierno de Maduro.

En el comunicado, el Gobierno panameño instó una vez más al presidente venezolano a “respetar el orden democrático, los derechos humanos y las libertades” y le urgió a “negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente”, de 1999.

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo la semana pasada que el país está tramitando un “salvoconducto” para sacar de Venezuela a los dos magistrados que pidieron asilo a principios de mes, Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza. Al principio de la reciente crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en las últimas semanas ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen la nueva Asamblea Constituyente y piden elecciones libres.

De Saint Malo, de hecho, participó el pasado 8 de agosto en la reunión de cancilleres convocada de urgencia en Lima para condenar la situación en Venezuela y dijo recientemente que el país centroamericano no descarta retirar a su embajador en Caracas. En un procedimiento urgente en diciembre de 2015, el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara a la nueva mayoría. El pasado 21 de julio, el parlamento, de mayoría opositora, aprobó las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Supremo no reconoció los nombramientos y advirtió a los 33 juristas que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria”.
 
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