Prensa. EFE.
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De
Saint Malo, dijo este jueves que el país está tramitando un “salvoconducto”
para sacar de Venezuela a los dos magistrados venezolanos que la semana pasada
acudieron a la residencia del embajador panameño en Caracas para pedir protección.
“Estamos en el trámite con el Gobierno de Venezuela de los respectivos
salvoconductos para que puedan salir de territorio venezolano e ingresar en
territorio panameño”, explicó a los periodistas De Saint Malo.
Los dos magistrados venezolanos, considerados por el
máximo tribunal de ese país “traidores a la patria”, ingresaron en la embajada
de Panamá el pasado 4 de agosto y desde entonces han permanecido allí, confirmó
la jefa de la diplomacia panameña. Se trata del magistrado suplente y abogado
de la Fiscal General de Venezuela, Gustavo Sosa Izaguirre, y del magistrado
suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
Manuel Antonio Espinoza Melet.
Sosa Izaguirre y Espinoza Melet son dos de los 33
magistrados nombrados por el Parlamento de mayoría opositora y cuya designación
no fue reconocida por el Gobierno de Nicolás Maduro. Algunos de sus compañeros
han pedido asilo en la embajada de Chile en Venezuela o han huido a Colombia.
Al principio de la crisis venezolana, el Gobierno
de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en los últimos
días ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos
internacionales que no reconocen la nueva Asamblea Constituyente.
De Saint Malo, de hecho, participó el pasado 8 de
agosto en la reunión de cancilleres convocada de urgencia en Lima para condenar
la situación en Venezuela y dijo recientemente que el país centroamericano no
descarta retirar a su embajador en Caracas.
En un procedimiento urgente en diciembre de 2015,
el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a
decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las
legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara
a la nueva mayoría.
El pasado 21 de julio, la oposición venezolana
aprobó las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Supremo no reconoció
los nombramientos y advirtió a los 33 juristas que estaban incurriendo en “delitos
de traición a la patria”. Maduro, por su parte, dijo que los 33 magistrados irán
presos “uno por uno” y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.