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En
la Universidad de Carabobo contabilizan seis casos de miembros de esa comunidad
que se encuentran detenidos por razones políticas y por ello acudirán ante
diversas instancias internacionales para buscar respaldo, informó el
vicerrector Administrativo de esa casa de estudios, José Ángel Ferreira
Ferreira
detalló que están tras las rejas el profesor Santiago Guevara, quien lleva casi
seis meses detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en
Caracas. Su condición de salud es delicada, tiene un problema digestivo que
amerita una dieta particular y un ambiente menos tenso. Desde su aprehensión,
su audiencia preliminar no se ha realizado. Ha perdido ya 22 kilogramos. A
Guevara lo presentaron ante un tribunal militar.
También
mencionó el caso de Julio García, profesor de la Escuela de Enfermería de la UC
y presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo que está en la cárcel
militar de Ramo Verde en Los Teques; y Rosmary Di Pietro, profesora de la
Escuela de Contaduría Pública y presidenta del Colegio de Contadores de
Carabobo, detenida en el Sebin (Helicoide) en Caracas.
En
similar situación está Rolman Rojas, profesor y director de Desarrollo
Estudiantil del campus La Morita de la UC en Aragua, y Carlos Morales, profesor
contratado de la Facultad de Ingeniería de la UC quien permanece en Ramo Verde.
De igual manera, Ferreira se refirió a la aprehensión de Simón Mora, esposo de
Yngrid Acosta de Mora, la actual decana de la Facultad de Odontología de la UC.
También se encuentra en Ramo Verde.
“A
nivel internacional hemos contactado a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) porque aquí hay un problema gremial; a la Secretaría de Educación
de la Organización de las Naciones Unidas y vamos a contactar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA) que pese a que estamos desafiliados del organismo todavía tenemos dos
años dentro de ella”.
De
igual manera precisó que acudirán ante la Unión de Universidades de América
Latina adonde llevarán estos casos sustentados para que las casas de educación
superior latinoamericanas conozcan lo que sucede con los ucistas detenidos y
sean solidarios con el proceso.
“Hay
un gran temor, una gran angustia porque efectivamente se ha procedido contra
miembros de la comunidad universitaria e inclusive se ha llegado a un proceso
de desmantelamiento de gremios profesionales. Esto hay que verlo con precaución
porque produce desesperanza”, aseveró.
“A
ninguno de ellos se les conoce procesos políticos de desobediencia en términos
del status quo actual. Nunca han ido en contra del Estado. Son opositores, con
criterios propios, pero jamás han ido en contra del estado de derecho
venezolano, jamás e les ha conocido posesión de armas ni posiciones violentas”.
Julio
García, Rosmary Di Pietro y Simón Mora estarían detenidos por averiguaciones
vinculadas con el asalto al Fuerte Paramacay en la 41 Brigada Blindada,
ocurrido el domingo 6 de agosto de este año. Todos han sido presentados ante
tribunales militares y acusados con delitos castrenses.
Carabobo
en cifras
De
acuerdo a las cifras que maneja el Foro Penal en esta entidad federal del
centro del país han ocurrido 657 detenciones por protestas. De ellos, 66
permanecen aún privados de libertad en distintos reclusorios: 19 están en la
cárcel militar de Ramo Verde; uno en el Internado Judicial de Carabobo; uno en
la cárcel 26 de julio de Guárico; 29 en Uribana en Lara; 12 con arresto
domiciliario y una en el Sebin, Helicoide, en Caracas.
A
principios del mes de mayo ocurrieron tres días de saqueos y actos vandálicos
en Carabobo. El gobierno nacional, junto al regional, desplegó el Plan Zamora y
desde allí se intensificó la aplicación de la justicia militar a civiles, esto
se ha mantenido a lo largo de este período de protestas contra el gobierno de
Nicolás Maduro.
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