Prensa. efectococuyo.com
La destitución de los alcaldes Enzo Scarano (San
Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal) marcó un precedente sobre las acciones
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emprendido en contra de alcaldes
opositores. Para Alberto Arteaga, abogado penalista, “la Sala
Constitucional del TSJ se convirtió en un tribunal penal” al destituir y
condenar a prisión a varios mandatarios municipales, asumiendo la acción penal
que compete a la Fiscalía.
Arteaga explica que la Sala Constitucional del máximo
tribunal del país, al considerar que algunos alcaldes incurrieron en delito de
desacato a un amparo constitucional, debieron remitir tales casos al Ministerio
Público.
“En el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo
está consagrado el delito de desacato a un amparo constitucional, y sanciona
tal delito con prisión de 6 a 15 meses. Cuando se presentaban estos casos, la
Sala Constitucional tenía establecido remitirlos a la Fiscalía para que ella
instaurara la acción penal correspondiente”, explica el abogado.
Para Arteaga, “constitucionalmente estamos en un
Estado de derecho y de justicia, y por ello, ante este estas acciones del TSJ,
tendríamos que reclamar la aplicación de la ley y de la norma. Solo que, de
hecho, no existe Estado de derecho“. A juicio del abogado penalista, las acciones
emprendidas por la Sala Constitucional forman parte de “una fórmula política,
con apariencia jurídica, utilizada por la sala para destituir a los alcaldes
opositores”.
Además de Scarano y Ceballos, la Sala
Constitucional ha destituido y ha dictado privativas de libertad contra los
alcaldes Ramón Muchacha (Chacao), Carlos García (Mérida) y Gustavo Marcano
(Lechería), alegando que los mismos desacataron la medida cautelar emanada del
TSJ en la que se les ordena evitar obstrucción de vías públicas en sus
municipios.
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