Prensa. AP
El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó
el lunes la disposición de su gobierno de otorgar asilo a la destituida fiscal
venezolana Luisa Ortega Díaz, que llegó a Colombia el 18 de agosto con su
esposo, el diputado disidente del oficialismo, Germán Ferrer, después de que
autoridades de su país ordenaran su detención por presuntamente dirigir una red
de extorsión de la Fiscalía. Santos precisó a través de su cuenta de Twitter
que Ortega Díaz cuenta con la protección de su gobierno.
El fiscal Tarek William Saab reaccionó a esa
postura del gobierno de Colombia, catalogándola de “cínica”. Afirmó que se
trata de una medida que “protege la corrupción y el delito en Venezuela” y que
Bogotá se ha convertido en centro de “la conspiración contra la democracia y la
paz en Venezuela”.
La destituida fiscal y su marido, abandonó
Venezuela poco después de que la Asamblea Constituyente, integrada en su
totalidad por partidarios del presidente Nicolás Maduro, aprobara el
allanamiento de su esposo, el ex diputado oficialista Germán Ferrer y
autorizara al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo por presuntos delitos
que van desde extorsión hasta lavado de dinero.
El retiro de la inmunidad del legislador se
concretó horas después de que el máximo tribunal, también controlado por el
gobierno, ordenara la captura de Ferrer por supuestamente dirigir una red de
extorsión que operaría desde el Ministerio Público. La oposición consideró la
medida como una “escalada de la persecución” contra los sectores adversos al
gobierno.
Ortega Díaz no ha hablado desde su llegada a la
capital de Colombia, pero antes de abandonar su país declaró que las
acusaciones contra su marido eran una retaliación por su decisión de romper con
el gobierno, luego de acusar a Maduro de ser cada vez más autoritario y
denunciar la corrupción extendida entre los colaboradores más cercanos del
gobernante.
La destitución de Ortega Díaz por la Constituyente
ha sido denunciada por decenas de gobiernos extranjeros. El nuevo fiscal
general, Tarek William Saab, ha dicho que se presume que Ferrer encabezaba una “banda
de extorsión” —que incluía a otros funcionarios de la Fiscalía— vinculada con
delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.
Desde 2016 los involucrados habrían recibido más de seis millones de dólares de
empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.
La Constituyente, que se instaló a comienzos de
agosto, se ha declarado con poderes sobre todas las demás ramas del Estado,
incluida la Asamblea Nacional, y se ha atribuido facultades judiciales y
penales. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que
promuevan protestas contra Maduro.