Prensa. CNP.
Ante las evidencias de torturas y tratos crueles
contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas,
Expresión Libre, Provea, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Colegio
Nacional de Periodistas y Una Ventana a la Libertad promovieron un comunicado
que ha sido suscrito por otras 28 organizaciones de la sociedad civil y
diversas personalidades, para exigir que organismos internacionales con
competencia en derechos humanos o temas humanitarios puedan constatar su
integridad física.
Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión
Libre y ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, explicó que se
tienen graves denuncias de violaciones a los derechos humanos de los presos de
conciencia, violaciones que arrancan desde la forma en que los ciudadanos son
detenidos sin haber cometido delito, hasta el encarcelamiento, incumpliendo el
debido proceso, el derecho a la defensa y presunción de inocencia y el derecho
de ser juzgados por los jueces naturales (Tribunales Penales Ordinarios),
recibiendo golpes, insultos, robos y todo tipo de vejámenes de los que el
gobierno está al tanto y no hace nada al respecto.
Hizo mención especial al caso de Carlos Julio
Rojas, periodista, luchador social y miembro de Expresión Libre, al que se le
sigue un procedimiento judicial en tribunales militares, lo que de por sí está
reñido con la constitución nacional y con los tratados internacionales
ratificados por Venezuela que prohíben el enjuiciamiento de civiles ante la
jurisdicción castrense.
Inti Rodríguez de Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (PROVEA), reivindicó el papel que han jugado los mecanismos
internacionales de protección de derechos humanos y ratificó que se acudirá a
las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano a exigir visiten a Venezuela.
Habló del grave retroceso en los últimos años en materia de derechos civiles y
políticos, y mencionó que entre el 01 de abril y el 30 de julio, de acuerdo con
el Ministerio Público, se dio un saldo de 128 personas asesinadas y 1.934
personas heridas, 5.051 detenciones arbitrarias, de acuerdo con lo indicado por
el Alto Comisionado de la ONU, 676 presos de conciencia de acuerdo con el Foro
Penal, además de las actuaciones inconstitucionales y violentas contra
viviendas de particulares, allanamientos sin orden judicial y robos de
funcionarios.
Carlos Cali, abogado de Espacio Público, anunció
que este comunicado se entregará a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y
ONU, ya que Venezuela ha suscritos los tratados de derechos humanos con estas
instancias y el país no está cumpliendo con ellos.
Por su parte, Mariaengracia Chirinos de IPYS, habló
de 35 detenciones de periodistas en los primeros seis meses de este año 2017.
Destacó que en el contexto de las protestas el Estado ha identificado a los
profesionales de la comunicación como objetivo para criminalizar la labor que
llevan a cabo para informar a los ciudadanos. Desde enero se han registrado 313
casos de violación a la libertad de expresión, indicando que en 259 de ellos
alguna instancia del Gobierno Nacional ha estado involucrado.
Por su parte el Presidente del CNP, Tinedo Guía,
expresó que todo proyecto de ley o reglamento que pretenda cercenar el derecho
a la libertad de expresión, de información y de opinión, tendrá el rechazo del
CNP y de las organizaciones de defensa de derechos humanos fundamentales.
Rechazó la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente que este martes 22
propuso un proyecto de ley contra el odio y la discriminación que busca impedir
que cualquier persona opine en las redes sociales, indicando, que el tema del
odio y del racismo, por el cual pretenden criminalizar delitos de opinión, es
muy subjetivo.
Aquí el comunicado:
Ante
tortura y malos tratos a los presos políticos sociedad civil venezolana
solicita presencia de organismos internacionales
Los gremios, organizaciones sociales y de derechos
humanos, así como las diferentes personas que suscribimos el presente
documento, exigimos que, ante las evidencias de torturas y otros tratos crueles
contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas,
organismos internacionales con competencia en derechos humanos o temas
humanitarios puedan constatar su integridad física.
La situación de ruptura del orden democrático y
constitucional en Venezuela, así como la profunda crisis económica y social
junto a los graves retrocesos en los últimos años en materia de derechos civiles y políticos,
originó durante el año 2017 un ciclo de manifestaciones entre el 01 de abril y
el 30 de julio, que arrojó el lamentable saldo de 128 personas asesinadas en
contexto de protestas y 1.934 personas heridas (Ministerio Público), 5.051
detenciones arbitrarias (Alto Comisionado ONU), 676 presos de conciencia (Foro
Penal) y miles de denuncias de viviendas atacadas con bombas lacrimógenas y
otras allanadas sin orden judicial, robos por funcionarios policiales y
militares, acoso laboral y despidos por razones políticas así como ataques por
parte de grupos de civiles armados que actuaban en coordinación con los cuerpos
de seguridad. Sin embargo, la violación masiva y sistemática de derechos
humanos no finalizó el 30 de julio. Actualmente 6 alcaldes han sido destituidos
ilegalmente y sometidos a órdenes de aprehensión, 2 de ellos en la clandestinidad,
tres se encuentran encarcelados mediante decisiones judiciales arbitrarias. La
Fiscal General Luisa Ortega Díaz también fue destituida de su cargo y su
esposo, el diputado por el PSUV Germán Ferrer, fue sometido a un proceso
judicial sin haberse cumplido el procedimiento constitucional de allanamiento
de su inmunidad parlamentaria. Ambos sufren persecución. Personas y
organizaciones que participaron o acompañaron las manifestaciones están siendo
sometidas a diferentes formas de persecución y hostigamiento.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos (ACNUDH) documentó la violación de la integridad de las personas
privadas de libertad por razones políticas. En un comunicado donde adelanta los
resultados de una investigación en curso sobre nuestro país afirma: “En varios
casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de
seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los
detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos
usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los
cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de
colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con
gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual-
a ellos y a sus familiares”.
La máxima autoridad a nivel mundial en materia de
derechos humanos ha constatado la alta probabilidad que las personas privadas
de libertad en Venezuela por disentir o expresar opiniones críticas al gobierno
sean víctimas de torturas y otros malos tratos. Las instituciones que deberían
evitar que esto suceda, la actual Fiscalía General de la República y la
Defensoría del Pueblo se han subordinado a una fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente, por lo que garantizan impunidad tanto para las violaciones como
para los violadores de derechos humanos.
Por estas razones exigimos a las instituciones
internacionales con competencia en derechos humanos (ONU y OEA), así como a
otros entes con trabajo humanitario (Vaticano, Comité Internacional de la Cruz
Roja), que presionen al Estado venezolano para que puedan constatar,
personalmente el estado en que se encuentren todas las personas privadas de
libertad por razones políticas y velar por su integridad. Pedimos la conformación
de una misión humanitaria, que genere confianza en todas las partes,
especialmente en los familiares de los presos de conciencia, para que pueda
visitar los diferentes centros de reclusión y cerciorarse del estado de salud y
la integridad física y emocional de las personas privadas de libertad por
razones políticas.
Mientras escribimos este comunicado y la opinión pública
internacional lo conoce, decenas de personas en Venezuela están siendo víctimas
de torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes por sus críticas a la
gestión de gobierno.
Adherimos la presente comunicación:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los
Derechos Humanos (México)
Aquí Cabemos Todos
Centro de Formación para la Democracia (CFD
Venezuela)
Centro para la Paz y los DDHH UCV
Centro de Derechos Reproductivos, Colombia
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo
Montes Mozo S.J.” (CSMM) / Ecuador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de
Ecuador
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía
CODEHCIU
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
(RTSP)
Confederación Sindical UNETE
Colegio de Enfermeras del Distrito Capital
Colegio Nacional de Periodistas
Convite AC
Espacio Público
Expresión Libre
Frente Amplio Social
Fundación Alberto Adriani
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados
Unidos
Fundación Aguaclara
Gente del Deporte
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela)
Instituto de Investigaciones de la Comunicación
ININCO-UCV
Laboratorio de Paz
Nueva Esparta en Movimiento A.C
Organización StopVIH
Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA)
Redes Ayuda
Ser Investigación y Comunicación
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Observatorio Ambiental Venezolano
Una Montaña de Gente
Una Ventana a la Libertad
Personas que apoyan
Andrés Raúl Páez
Antonio Pasquali, comunicador
Arnaldo Esté, filósofo en ética y educación
Carmelo Casale. Periodista. UCAB.
Francisco Alfaro, politólogo
Gloria Cuenca Herrera, periodista
Iván Briceño, Pdte Asociación de Profesores
Jubilados Upel Maracay (APROJUPEL MARACAY)
José María Cadenas, profesor universitario
José Virtuoso, rector Universidad Católica Andrés
Bello
Mayte Navarro Serrano, periodista
María Teresa Urreiztieta, psicóloga social
Margarita López Maya, historiadora
Marisol Decarli, periodista
Mireya Lozada, psicóloga social
Nelson Garrido, fotógrafo
Nixa E. Martínez N, Presidente del Colegio de
Nutricionistas y Dietistas de Venezuela (CNDV)
Luis Lander, director Observatorio Electoral
Venezolano
Luz Mely Reyes, periodista
Pablo A. de la Vega M., defensor de derechos
humanos (Ecuador)
Román J. Duque Corredor, Presidente de la Fundación
Alberto Adriani
Silvia Alegrett, periodista
Verónica Zubillaga, socióloga
Yasmín Esperanza Monsalve Reano, Periodista
Ivonne Andara Berrios
Cronología del caso del periodistas Carlos Julio
Rojas
Sobre Carlos Julio Rojas
Carlos Julio Rojas es venezolano portador de la cédula
de identidad: V-C.I: 17.385.752; periodista con destacada trayectoria en el área
de Prensa, Relaciones Públicas y Política. Además es el Coordinador del Frente
en Defensa del Norte de Caracas @Frente_NorteCcs (Candelaria-San Bernardino-La
Florida) y Asamblea de Ciudadanos de Candelaria @ACC_Candelaria que desde hace
más de 6 años se ha ocupado de los diversos problemas de los vecinos de esa
parroquia del centro de la capital (colectivos, expropiaciones e invasiones a
la propiedad privada, acciones vecinales, medidas de resguardo, afectaciones y
estadísticas sobre estas problemáticas, entre otros).
Cabe destacar que este comunicador egresado de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) trabajó en el programa Radar de los
Barrios y El Norte es Caracas, entre otros y se desempeña como defensor de los
derechos ciudadanos como líder social, así como es un activista en favor de la
Democracia desde las ONGS Expresión Libre y Periodistas y Punto en las que
forma parte de la junta directivo.
Formó parte del movimiento estudiantil en el año
2007, donde alzó su voz, contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Al mismo
tiempo, se dedicó al trabajo social en distintas comunidades caraqueñas, tarea
que realizó hasta cuando fue apresado por organismos de seguridad del Estado
mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta y al oficio periodístico,
siendo este su único sustento.
10 de enero de 2015:
El periodista es detenido por vez primera en el
ejercicio de su labor al filmar una cola en el Abasto Bicentenario de San
Bernardino producto del desabastecimiento en el país y transmitirlo en el
programa de televisión que conducía “El Norte es Caracas” para el canal digital
VerTV. Acá una muestra del formato: https://www.youtube.com/watch?v=09vDqERxh6k
Fue encañonado con una pistola en el pecho por un
efectivo de la Guardia Nacional y, al identificarse como periodista, la
respuesta fue: “¡Maldito periodista, si corres te mato!”.
Posteriormente, fue llevado a una comisaría de San
Bernardino, donde se presentó el para entonces Jefe de Gobierno del Distrito
Capital, Ernesto Villegas, quien ordenó que le solicitaran su carnet del CNP.
Rojas, que se encontraba hacinado en un pequeño calabozo con más de diez
detenidos, envió su credencial. Villegas se retiró del lugar y el colega quedó
detenido. Allí permaneció durante cuatro días, tras lo cual quedó en libertad
condicional con presentación cada 30 días.
El día antes de su detención, 9 de enero de 2015,
en su condición de ciudadano y luchador social del norte de Caracas, Rojas había
participado de una protesta frente al automercado Unicasa de La Candelaria. Esa
es la razón por la cual se sentía perseguido tanto por su labor comunitaria
como por el ejercicio profesional del periodismo, pues el tribunal no lo
aclara.
Tras su detención, el Ministerio Público y el
tribunal 36 de control se le acusó de instigación a delinquir y resistencia a
la autoridad durante los sucesos de protestas contra las colas acaecidos en el
Abasto Bicentenario de San Bernardino durante enero de 2015. Sometiendo al
comunicador a un régimen de presentación en el Palacio de Justicia.
El juicio permaneció paralizado durante un año y
fue reactivado tras un incidente en el cual Rojas fue golpeado junto con Jesús “Chuo”
Torrealba, coordinador de la MUD, durante una denuncia por apagones. En seis
oportunidades las audiencias fueron diferidas.
22 de febrero de 2017:
La juez 36 de Control, Elsa Aragoza, decidió
imputar un solo delito tras ser acusado de tres por presunta “alteración del
orden público” a Carlos Julio Rojas tras 25 meses de estar sometido a régimen
de presentación ante el Palacio de Justicia.
En ese momento la ONG Expresión Libre alertó a la
opinión pública sobre la marcada tendencia que se evidencia en las acciones del
gobierno nacional para criminalizar tanto el ejercicio del periodismo como la
protesta social, con el claro objetivo de intimidar a los venezolanos, hoy
agobiados por la tremenda crisis social que vive Venezuela en todos los ámbitos.
De igual manera, la decisión contra Rojas buscaba
coartar e impedir la labor de los comunicadores sociales que en cumplimiento de
su deber profesional reseñan estos hechos. En los que se cuentan por decenas
los casos de reporteros golpeados, vejados o detenidos por darle cobertura a
este tipo de manifestaciones, lo cual es, desde todo punto inaceptable y
condenable en una sociedad democrática.
6 de julio de 2017:
Fue detenido en San Bernardino de manera
arbitraria, ilegal e inconstitucional con una bolsa de papas y fue
responsabilizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol,
de “airadas y apresuradas acusaciones contra el comunicador y líder
comunitario, dejando ver la siembra de supuestos elementos conspirativos y la
intención de someterlo a la justicia militar”, tal como lo señalara el
Sindicato Nacional de Periodistas en un comunicado. Permaneció 96 horas entre
el SEBIN y la PNB, esposado y con presos comunes sin el debido proceso.
11 de julio de 2017:
Se le trasladó para su presentación ante el
tribunal militar segundo de control en Fuerte Tiuna, donde se le dictó
privativa de libertad por delitos castrenses: traición a la patria; contra la
integridad, independencia y libertad de la nación; rebelión militar y sustracción
de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Se le designó reclusión en la
prisión de Ramo Verde.
10 agosto de 2017:
Se conoció tras 15 días incomunicado en la prisión
militar de Ramo Verde que estuvo todos esos días sometido a torturas por ser
periodista. Sin poder ir al baño, ingerir agua, comida, amarrado y hacinado, el
comunicador social y líder vecinal permaneció en una celda de castigo de 2x2
metros llamada “El Tigrito”.
“A Carlos Julio se le encontró visiblemente
afectado con mucho menos peso y algunas marcas en su cuerpo. Durante esos días,
también le fueron robadas sus pertenencias: ropa, comida, dinero y hasta un
rosario que cargaba en el pecho”, relató su madre Sol Rojas.
Estas acciones violatorias de la normativa
establecida en la protección de los derechos humanos y los acuerdos internacionales se han
sistematizado en los últimos años en Venezuela hacia los ciudadanos y en
especial contra los presos políticos como en el caso de este periodista a quien
no bastó con forjarle cargos y sembrarle un bolso con 5 granadas como para
castigarlo injustamente y sin ningún motivo.
Torturarlo en “El Tigrito”, un espacio ínfimo de
aislamiento con gran cantidad de presos, sitio en el que a Rojas se le mantuvo
seis días sin poder ir al baño y dos días más sin ingerir agua ni comida
constituye otro atropello a la protección del derecho a la vida sin justificación
alguna. “Lo que le está empezando a comprometer su estado de salud físico y
mental”, refirió su progenitora.
21 de agosto de 2017:
Tras la visita de su madre a la prisión militar
donde está recluido el periodista se constata que él y el resto de los
"presos de conciencia" están en condiciones infrahumanas. Bajo el
testimonio de Rojas, su progenitora
relata que apenas se les dan 60 gramos de comida al día y en muchos casos dependiendo de su comportamiento
se la suministra o no los alimentos. Conviven en una sola celda 112 personas
hacinadas, que casi no pueden dormir, en una colchoneta se recuestan hasta 3
personas, otros permanecen de pie y ni siquiera se puede caminar en el espacio
de confinamiento.
El comunicador también relató que les tienen
prohibido acceder a la biblioteca o recibir visita alguna de cualquier
representante religioso.
Destacó también que comparte con presos de las
barriadas caraqueñas, del interior del país e incluso, indigentes todos
juzgados por rebelión militar, traición a la patria y que además son personas
que no han protestado por partidos políticos sino por hambre, inseguridad y
escasez ya que un gran porcentaje son de bajos recursos económicos. “A la mayoría
se nos está comprometiendo la salud tanto por las porciones y discriminación en
el suministro de comida en el penal, como por las limitaciones económicas de
nuestros familiares quienes no pueden
costear o llevarles más alimentos”, manifestó el luchador comunitario.
Fotos:
Oswaldo Cali, Espacio Público
Silvia Alegrett, Expresión Libre
Mariaengracia Chirinos, IPYS,
Inti Rodríguez,
PROVEA
Tinedo Guía, CNP