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Prensa. CNP.
Ante las evidencias de torturas y tratos crueles contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas, Expresión Libre, Provea, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Colegio Nacional de Periodistas y Una Ventana a la Libertad promovieron un comunicado que ha sido suscrito por otras 28 organizaciones de la sociedad civil y diversas personalidades, para exigir que organismos internacionales con competencia en derechos humanos o temas humanitarios puedan constatar su integridad física.

Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre y ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, explicó que se tienen graves denuncias de violaciones a los derechos humanos de los presos de conciencia, violaciones que arrancan desde la forma en que los ciudadanos son detenidos sin haber cometido delito, hasta el encarcelamiento, incumpliendo el debido proceso, el derecho a la defensa y presunción de inocencia y el derecho de ser juzgados por los jueces naturales (Tribunales Penales Ordinarios), recibiendo golpes, insultos, robos y todo tipo de vejámenes de los que el gobierno está al tanto y no hace nada al respecto.

Hizo mención especial al caso de Carlos Julio Rojas, periodista, luchador social y miembro de Expresión Libre, al que se le sigue un procedimiento judicial en tribunales militares, lo que de por sí está reñido con la constitución nacional y con los tratados internacionales ratificados por Venezuela que prohíben el enjuiciamiento de civiles ante la jurisdicción castrense.

Inti Rodríguez de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), reivindicó el papel que han jugado los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y ratificó que se acudirá a las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano a exigir visiten a Venezuela. Habló del grave retroceso en los últimos años en materia de derechos civiles y políticos, y mencionó que entre el 01 de abril y el 30 de julio, de acuerdo con el Ministerio Público, se dio un saldo de 128 personas asesinadas y 1.934 personas heridas, 5.051 detenciones arbitrarias, de acuerdo con lo indicado por el Alto Comisionado de la ONU, 676 presos de conciencia de acuerdo con el Foro Penal, además de las actuaciones inconstitucionales y violentas contra viviendas de particulares, allanamientos sin orden judicial y robos de funcionarios.

Carlos Cali, abogado de Espacio Público, anunció que este comunicado se entregará a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y ONU, ya que Venezuela ha suscritos los tratados de derechos humanos con estas instancias y el país no está cumpliendo con ellos.

Por su parte, Mariaengracia Chirinos de IPYS, habló de 35 detenciones de periodistas en los primeros seis meses de este año 2017. Destacó que en el contexto de las protestas el Estado ha identificado a los profesionales de la comunicación como objetivo para criminalizar la labor que llevan a cabo para informar a los ciudadanos. Desde enero se han registrado 313 casos de violación a la libertad de expresión, indicando que en 259 de ellos alguna instancia del Gobierno Nacional ha estado involucrado.

Por su parte el Presidente del CNP, Tinedo Guía, expresó que todo proyecto de ley o reglamento que pretenda cercenar el derecho a la libertad de expresión, de información y de opinión, tendrá el rechazo del CNP y de las organizaciones de defensa de derechos humanos fundamentales. Rechazó la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente que este martes 22 propuso un proyecto de ley contra el odio y la discriminación que busca impedir que cualquier persona opine en las redes sociales, indicando, que el tema del odio y del racismo, por el cual pretenden criminalizar delitos de opinión, es muy subjetivo.

Aquí el comunicado:
 Ante tortura y malos tratos a los presos políticos sociedad civil venezolana solicita presencia de organismos internacionales

Los gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como las diferentes personas que suscribimos el presente documento, exigimos que, ante las evidencias de torturas y otros tratos crueles contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas, organismos internacionales con competencia en derechos humanos o temas humanitarios puedan constatar su integridad física.

La situación de ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela, así como la profunda crisis económica y social junto a los graves retrocesos en los últimos años  en materia de derechos civiles y políticos, originó durante el año 2017 un ciclo de manifestaciones entre el 01 de abril y el 30 de julio, que arrojó el lamentable saldo de 128 personas asesinadas en contexto de protestas y 1.934 personas heridas (Ministerio Público), 5.051 detenciones arbitrarias (Alto Comisionado ONU), 676 presos de conciencia (Foro Penal) y miles de denuncias de viviendas atacadas con bombas lacrimógenas y otras allanadas sin orden judicial, robos por funcionarios policiales y militares, acoso laboral y despidos por razones políticas así como ataques por parte de grupos de civiles armados que actuaban en coordinación con los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la violación masiva y sistemática de derechos humanos no finalizó el 30 de julio. Actualmente 6 alcaldes han sido destituidos ilegalmente y sometidos a órdenes de aprehensión, 2 de ellos en la clandestinidad, tres se encuentran encarcelados mediante decisiones judiciales arbitrarias. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz también fue destituida de su cargo y su esposo, el diputado por el PSUV Germán Ferrer, fue sometido a un proceso judicial sin haberse cumplido el procedimiento constitucional de allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Ambos sufren persecución. Personas y organizaciones que participaron o acompañaron las manifestaciones están siendo sometidas a diferentes formas de persecución y hostigamiento.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó la violación de la integridad de las personas privadas de libertad por razones políticas. En un comunicado donde adelanta los resultados de una investigación en curso sobre nuestro país afirma: “En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares”.

La máxima autoridad a nivel mundial en materia de derechos humanos ha constatado la alta probabilidad que las personas privadas de libertad en Venezuela por disentir o expresar opiniones críticas al gobierno sean víctimas de torturas y otros malos tratos. Las instituciones que deberían evitar que esto suceda, la actual Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo se han subordinado a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por lo que garantizan impunidad tanto para las violaciones como para los violadores de derechos humanos.

Por estas razones exigimos a las instituciones internacionales con competencia en derechos humanos (ONU y OEA), así como a otros entes con trabajo humanitario (Vaticano, Comité Internacional de la Cruz Roja), que presionen al Estado venezolano para que puedan constatar, personalmente el estado en que se encuentren todas las personas privadas de libertad por razones políticas y velar por su integridad. Pedimos la conformación de una misión humanitaria, que genere confianza en todas las partes, especialmente en los familiares de los presos de conciencia, para que pueda visitar los diferentes centros de reclusión y cerciorarse del estado de salud y la integridad física y emocional de las personas privadas de libertad por razones políticas.

Mientras escribimos este comunicado y la opinión pública internacional lo conoce, decenas de personas en Venezuela están siendo víctimas de torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes por sus críticas a la gestión de gobierno.

Adherimos la presente comunicación:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Aquí Cabemos Todos
Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Centro para la Paz y los DDHH UCV
Centro de Derechos Reproductivos, Colombia
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) / Ecuador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP)
Confederación Sindical UNETE
Colegio de Enfermeras del Distrito Capital
Colegio Nacional de Periodistas
Convite AC
Espacio Público
Expresión Libre
Frente Amplio Social
Fundación Alberto Adriani
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos
Fundación Aguaclara
Gente del Deporte
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela)
Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO-UCV
Laboratorio de Paz
Nueva Esparta en Movimiento A.C
Organización StopVIH
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Redes Ayuda
Ser Investigación y Comunicación
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Observatorio Ambiental Venezolano
Una Montaña de Gente
Una Ventana a la Libertad

Personas que apoyan
Andrés Raúl Páez
Antonio Pasquali, comunicador
Arnaldo Esté, filósofo en ética y educación
Carmelo Casale. Periodista. UCAB.
Francisco Alfaro, politólogo
Gloria Cuenca Herrera, periodista
Iván Briceño, Pdte Asociación de Profesores Jubilados Upel Maracay (APROJUPEL MARACAY)
José María Cadenas, profesor universitario
José Virtuoso, rector Universidad Católica Andrés Bello
Mayte Navarro Serrano, periodista
María Teresa Urreiztieta, psicóloga social
Margarita López Maya, historiadora
Marisol Decarli, periodista
Mireya Lozada, psicóloga social
Nelson Garrido, fotógrafo
Nixa E. Martínez N, Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela (CNDV)
Luis Lander, director Observatorio Electoral Venezolano
Luz Mely Reyes, periodista
Pablo A. de la Vega M., defensor de derechos humanos (Ecuador)
Román J. Duque Corredor, Presidente de la Fundación Alberto Adriani
Silvia Alegrett, periodista
Verónica Zubillaga, socióloga
Yasmín Esperanza Monsalve Reano, Periodista
Ivonne Andara Berrios

Cronología del caso del periodistas Carlos Julio Rojas
Sobre Carlos Julio Rojas

Carlos Julio Rojas es venezolano portador de la cédula de identidad: V-C.I: 17.385.752; periodista con destacada trayectoria en el área de Prensa, Relaciones Públicas y Política. Además es el Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas @Frente_NorteCcs (Candelaria-San Bernardino-La Florida) y Asamblea de Ciudadanos de Candelaria @ACC_Candelaria que desde hace más de 6 años se ha ocupado de los diversos problemas de los vecinos de esa parroquia del centro de la capital (colectivos, expropiaciones e invasiones a la propiedad privada, acciones vecinales, medidas de resguardo, afectaciones y estadísticas sobre estas problemáticas, entre otros).

Cabe destacar que este comunicador egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) trabajó en el programa Radar de los Barrios y El Norte es Caracas, entre otros y se desempeña como defensor de los derechos ciudadanos como líder social, así como es un activista en favor de la Democracia desde las ONGS Expresión Libre y Periodistas y Punto en las que forma parte de la junta directivo.

Formó parte del movimiento estudiantil en el año 2007, donde alzó su voz, contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Al mismo tiempo, se dedicó al trabajo social en distintas comunidades caraqueñas, tarea que realizó hasta cuando fue apresado por organismos de seguridad del Estado mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta y al oficio periodístico, siendo este su único sustento.

10 de enero de 2015:
El periodista es detenido por vez primera en el ejercicio de su labor al filmar una cola en el Abasto Bicentenario de San Bernardino producto del desabastecimiento en el país y transmitirlo en el programa de televisión que conducía “El Norte es Caracas” para el canal digital VerTV. Acá una muestra del formato: https://www.youtube.com/watch?v=09vDqERxh6k

Fue encañonado con una pistola en el pecho por un efectivo de la Guardia Nacional y, al identificarse como periodista, la respuesta fue: “¡Maldito periodista, si corres te mato!”.

Posteriormente, fue llevado a una comisaría de San Bernardino, donde se presentó el para entonces Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien ordenó que le solicitaran su carnet del CNP. Rojas, que se encontraba hacinado en un pequeño calabozo con más de diez detenidos, envió su credencial. Villegas se retiró del lugar y el colega quedó detenido. Allí permaneció durante cuatro días, tras lo cual quedó en libertad condicional con presentación cada 30 días.

El día antes de su detención, 9 de enero de 2015, en su condición de ciudadano y luchador social del norte de Caracas, Rojas había participado de una protesta frente al automercado Unicasa de La Candelaria. Esa es la razón por la cual se sentía perseguido tanto por su labor comunitaria como por el ejercicio profesional del periodismo, pues el tribunal no lo aclara.

Tras su detención, el Ministerio Público y el tribunal 36 de control se le acusó de instigación a delinquir y resistencia a la autoridad durante los sucesos de protestas contra las colas acaecidos en el Abasto Bicentenario de San Bernardino durante enero de 2015. Sometiendo al comunicador a un régimen de presentación en el Palacio de Justicia.

El juicio permaneció paralizado durante un año y fue reactivado tras un incidente en el cual Rojas fue golpeado junto con Jesús “Chuo” Torrealba, coordinador de la MUD, durante una denuncia por apagones. En seis oportunidades las audiencias fueron diferidas.

22 de febrero de 2017:
La juez 36 de Control, Elsa Aragoza, decidió imputar un solo delito tras ser acusado de tres por presunta “alteración del orden público” a Carlos Julio Rojas tras 25 meses de estar sometido a régimen de presentación ante el Palacio de Justicia.
En ese momento la ONG Expresión Libre alertó a la opinión pública sobre la marcada tendencia que se evidencia en las acciones del gobierno nacional para criminalizar tanto el ejercicio del periodismo como la protesta social, con el claro objetivo de intimidar a los venezolanos, hoy agobiados por la tremenda crisis social que vive Venezuela en todos los ámbitos.

De igual manera, la decisión contra Rojas buscaba coartar e impedir la labor de los comunicadores sociales que en cumplimiento de su deber profesional reseñan estos hechos. En los que se cuentan por decenas los casos de reporteros golpeados, vejados o detenidos por darle cobertura a este tipo de manifestaciones, lo cual es, desde todo punto inaceptable y condenable en una sociedad democrática.
6 de julio de 2017:
Fue detenido en San Bernardino de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional con una bolsa de papas y fue responsabilizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, de “airadas y apresuradas acusaciones contra el comunicador y líder comunitario, dejando ver la siembra de supuestos elementos conspirativos y la intención de someterlo a la justicia militar”, tal como lo señalara el Sindicato Nacional de Periodistas en un comunicado. Permaneció 96 horas entre el SEBIN y la PNB, esposado y con presos comunes sin el debido proceso.

11 de julio de 2017:
Se le trasladó para su presentación ante el tribunal militar segundo de control en Fuerte Tiuna, donde se le dictó privativa de libertad por delitos castrenses: traición a la patria; contra la integridad, independencia y libertad de la nación; rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Se le designó reclusión en la prisión de Ramo Verde.

10 agosto de 2017:
Se conoció tras 15 días incomunicado en la prisión militar de Ramo Verde que estuvo todos esos días sometido a torturas por ser periodista. Sin poder ir al baño, ingerir agua, comida, amarrado y hacinado, el comunicador social y líder vecinal permaneció en una celda de castigo de 2x2 metros llamada “El Tigrito”.

“A Carlos Julio se le encontró visiblemente afectado con mucho menos peso y algunas marcas en su cuerpo. Durante esos días, también le fueron robadas sus pertenencias: ropa, comida, dinero y hasta un rosario que cargaba en el pecho”, relató su madre Sol Rojas.

Estas acciones violatorias de la normativa establecida en la protección de los derechos humanos y  los acuerdos internacionales se han sistematizado en los últimos años en Venezuela hacia los ciudadanos y en especial contra los presos políticos como en el caso de este periodista a quien no bastó con forjarle cargos y sembrarle un bolso con 5 granadas como para castigarlo injustamente y sin ningún motivo.

Torturarlo en “El Tigrito”, un espacio ínfimo de aislamiento con gran cantidad de presos, sitio en el que a Rojas se le mantuvo seis días sin poder ir al baño y dos días más sin ingerir agua ni comida constituye otro atropello a la protección del derecho a la vida sin justificación alguna. “Lo que le está empezando a comprometer su estado de salud físico y mental”, refirió su progenitora.

21 de agosto de 2017:
Tras la visita de su madre a la prisión militar donde está recluido el periodista se constata que él y el resto de los "presos de conciencia" están en condiciones infrahumanas. Bajo el testimonio de Rojas,  su progenitora relata que apenas se les dan 60 gramos de comida al día y  en muchos casos dependiendo de su comportamiento se la suministra o no los alimentos. Conviven en una sola celda 112 personas hacinadas, que casi no pueden dormir, en una colchoneta se recuestan hasta 3 personas, otros permanecen de pie y ni siquiera se puede caminar en el espacio de confinamiento.

El comunicador también relató que les tienen prohibido acceder a la biblioteca o recibir visita alguna de cualquier representante religioso.

Destacó también que comparte con presos de las barriadas caraqueñas, del interior del país e incluso, indigentes todos juzgados por rebelión militar, traición a la patria y que además son personas que no han protestado por partidos políticos sino por hambre, inseguridad y escasez ya que un gran porcentaje son de bajos recursos económicos. “A la mayoría se nos está comprometiendo la salud tanto por las porciones y discriminación en el suministro de comida en el penal, como por las limitaciones económicas de nuestros familiares  quienes no pueden costear o llevarles más alimentos”, manifestó el luchador comunitario.

 Fotos:
Oswaldo Cali, Espacio Público
Silvia Alegrett, Expresión Libre
Mariaengracia Chirinos, IPYS,
Inti Rodríguez,  PROVEA
Tinedo Guía, CNP
 
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