Prensa.AP.
La comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el jueves un
proyecto de ley que ordenaría al Departamento de Estado trabajar con
organizaciones no gubernamentales para enviar alimentos, medicinas y asistencia
técnica a Venezuela.
La propuesta
legislativa será ahora remitida al pleno de la cámara para su votación, cuando
lo determine el liderazgo republicano. El proyecto de ley del congresista
demócrata Eliot Engel daría al Departamento de Estado 90 días para definir un
plan para distribuir la ayuda humanitaria.
El plan
describiría cómo Washington logrará el apoyo de donantes internacionales y
países en la región dispuestos a brindar ayuda técnica y financiera al país
sudamericano.
En el caso de
que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se oponga a distribuir la ayuda
humanitaria, la propuesta de ley dispone que el presidente Donald Trump
ordenaría a la embajada estadounidense en la ONU a buscar los votos para
aprobar una resolución que ordene a Caracas recibir la ayuda y distribuirla.
Hasta el
momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal humanitario
alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y medicinas
que aqueja a los venezolanos.
El proyecto de
ley también daría 180 días al Departamento de Estado para entregarle al
Congreso un reporte sobre la vinculación de altos funcionarios gubernamentales
venezolanos en actos de corrupción y narcotráfico.
Además
ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas
venezolanas con Rusia, China, Cuba e Irán.
Una versión similar del demócrata Ben Cardin solo cuenta con 13
patrocinadores desde su presentación en mayo en el Senado.
La agencia de
noticias Associated Press pidió una reacción a la embajada venezolana sin
obtenerla de inmediato. La comisión de la cámara baja adoptó el proyecto de ley
cuatro días después de que Washington impusiera restricciones migratorias a
funcionarios venezolanos.
En agosto, la
Casa Blanca impuso fuertes sanciones financieras que incluyen la prohibición a
los bancos estadounidenses de realizar nuevas transacciones con el gobierno y
la corporación Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las operaciones con bonos y
el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense
de la petrolera estatal venezolana.