Prensa. lanacionweb.com
Aunque manifestó
el apoyo a iniciativas como las
tiendas comerciales activadas por la
Gobernación del estado Táchira, en el marco de la Zona Económica
Especial Fronteriza, el presidente de la
Cámara de Industria y Comercio de Ureña, Isidoro Teres, expresó que “debe haber más claridad en el basamento jurídico de ese
proyecto”.
“Apoyamos
esa iniciativa porque va a favor del
desarrollo y engrandecimiento del
eje fronterizo, pero sin el basamento legal es muy difícil”, dijo. Teres agregó que la activación de las tiendas
de la ciudadela comercial, dentro de la
Zona Económica Especial Fronteriza, “es un proyecto de la Gobernación, de
vieja data, que viene impulsado por el
actual gobernador desde el principio de su mandato y hasta ahora lo que se ha
hecho es trabajar sobre posibilidades”.
Recordó que el
decreto-ley que creó la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio,
que data de diciembre de 2014, contempla la figura de la Ciudadela Comercial,
pero no se ha activado. “Aquí lo que se busca con la activación de las tiendas
es establecer ya en funcionamiento una parte de esa ley, lo cual es un poco complicado porque no hay
un sustento jurídico que ampare esa
figura en este momento legalmente”.
Añadió que ahí
es donde está la tranca, pues jurídicamente no hay nada establecido. “Lo único
que hay es el aval de la Gobernación del
estado. No se conoce el fundamento jurídico para eso. Es una
figura que va a recibir ingresos en monedas extranjeras, pero tampoco se conoce
que haya un régimen cambiario especial vigente. Sabemos que está en el
proyecto, pero no tenemos conocimiento que exista un fundamento jurídico que lo
avale”, expresó.
Según su
criterio, “se pueden debatir muchas cosas,
pero mientras no esté en las manos del inversionista, industrial o comerciante, el basamento legal,
será difícil concretar el funcionamiento”.
El vocero
del gremio de industriales y
comerciantes de Ureña dijo que se debe
entender que una cosa es la Zona Económica Especial Fronteriza, aprobada por
decreto ley de 2014, y otra el proyecto de la Gobernación sobre el tema. “Son
dos cosas diferentes. La primera no
tiene todavía la puesta en funcionamiento porque no se ha nombrado el Consejo
Gestor, y la segunda, que es un proyecto de la Gobernación que supuestamente
está en funcionamiento, pero no se conoce el basamento legal para que eso sea una realidad”.
Asimismo,
destacó que se ha planteado que los empresarios puedan vender los productos en divisas, pero
cómo hacen para el manejo de esas
divisas. Se ha dicho que a través de una
casa de cambio se va a poder recibir la divisa, pero tampoco está claro si lo
que recaude esa casa de cambio por medio
de la venta de unas tarjetas especiales electrónicas que el comprador
adquiriría, va a quedar en poder de la casa de cambio o esas divisas se las van
a trasladar a los comercios que estén acogidos a ese régimen de Zona Económica
Especial.
“Eso también
se debe aclarar porque, si después el comerciante se mete en eso, al final lo
que le van a decir es ‘mire señor, usted no va a recibir ni pesos ni dólares,
sino bolívares’, lo cual puede ser
frustrante. Hay mucha inquietud y
debe haber más claridad”, añadió.
Finalmente,
señaló que el proyecto promovido por la Gobernación no debe tener limitación en
cuanto a un número determinado de empresas participantes. Debe ser una figura
de aplicación general para todas las actividades económicas que se puedan
ajustar a lo que dicte el reglamento. No debe haber limitación, precisó.
José G.
Hernández