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La crisis de Venezuela es sinónimo de violación de los Derechos Humanos, porque cuando no hay alimentos, ni medicinas, ni seguridad, se mata al pueblo de hambre y de decidía por un gobierno indiferente, que está de espalda a los problemas que aquejan a los venezolanos.
Prensa. AN.
Así lo manifestó la diputada Delsa Solórzano presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, durante su intervención en el debate sobre la persistente violación de los Derechos Humanos en el país, a propósito de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, que gira en torno a la grave crisis en Venezuela.

“El pueblo venezolano no se está muriendo de hambre, lo están matando de hambre y eso es violación de los Derechos Humanos, pero mucho más allá, cuando usted se atreve a pensar distinto, como el caso del compañero el concejal del Estado Apure Carlos García, quien murió luego de sufrir un accidente cardiovascular mientras se encontraba detenido injustamente en un calabozo del servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN) en dicha entidad federal, por falta de atención, esta es la punta del iceberg de la situación de salud que viven los venezolanos”.

Celebró que el mundo entero está consciente de que en Venezuela se violan todos los derechos humanos desde el derecho a la identidad, porque aquí se le niega al ciudadano una cédula o un pasaporte hasta el derecho a la vida.

“Cuando hablamos sobre el derecho a la vida no nos referimos solamente al tema de la seguridad, pese a que Venezuela es el país más violento del mundo, nos referimos a casos como el del concejal Carlos García que es un ejemplo de lo que le ocurre al venezolano de a pie y a muchísimos presos políticos, que están esperando a ser atendidos porque no hay medicinas ni en los hospitales. Al edil le fue otorgada una medida humanitaria para que fuera a morir a su casa y ni siquiera eso lo permitió el Sebin”.

En ese sentido solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional que se remita la transcripción de este debate, que trata el caso del Concejal apureño, al alto comisionado de derechos Humanos de la ONU, para que se conozca y engrose el expediente que por violación de derechos humanos hay en el país.

Hizo referencia el artículo 43 de la Constitución nacional que se refiere a que el derecho a la vida es inviolable, que ninguna ley ni autoridad puede ejercer la pena de muerte, que el estado protegerá la vida de las personas que se encuentre privadas de su libertad. Es decir que la responsabilidad de la vida de los privados de libertad, el caso de Carlos García no era una excepción, es del Estado Venezolano.

“El presidente Nicolás Maduro y su gobierno, el alto mando militar y los cuerpos de seguridad del Estado, son los responsables directos de la violación de Derechos Humanos que está ocurriendo en Venezuela. Así lo señala el informe del comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Sobre todo, durante las manifestaciones pacíficas donde fueron asesinados 137 jóvenes de este país. Por eso el mundo está estudiando la posibilidad de enjuiciar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos del venezolano”.

Subrayó finalmente que está claro que en vez de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, el gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado, utilizan “toda la fuerza y el poder para perseguir, asesinar y encarcelar a quienes piensan diferente”.
 
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