Prensa.
EFE /
Cristina García Casado
Un panel de juristas independientes determinará en
octubre si hay base para que algún Estado miembro de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y
otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La Organización de los Estados Americanos (OEA) no
puede enviar un caso al Tribunal de La Haya como institución, pero sí
cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del
Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte. En los 15 años de la
CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico
que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.
“Esta puede ser la primera vez en la historia de la
CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo
es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los
expertos que diga hay que hacerlo”, explica a Efe Luis Moreno Ocampo, el primer
fiscal jefe de la CPI (2003-2012).
El abogado argentino está a cargo de las audiencias
que comenzaron esta semana en la OEA para recabar información sobre posibles
crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La Secretaría General de la OEA, que encabeza el
excanciller uruguayo Luis Almagro, elaborará un informe con el contenido de las
cuatro sesiones y el material enviado por 50 organizaciones. Sobre la base de
ese documento, el panel de expertos determinará si hay o no fundamento para
llevar el caso a la CPI.
“Si este proceso que se abre en la OEA sirve para
hacer incidencia en algún país o países para que denuncien a Venezuela, ese
sería el gran éxito de estos foros”, indica a Efe Carlos Ponce, director para
Latinoamérica de Freedom House, organización independiente que promueve la
democracia y la libertad en el mundo.
Si ningún país diera ese paso, Almagro podría
simplemente “enviar la información”, como ya han hecho senadores de Colombia,
Chile, Perú y Argentina, quienes declararán en las audiencias de la OEA de
octubre.
“Lo que pasa es que eso no abre una investigación,
eso permite a la fiscal (de la CPI) actuar de oficio, pero un Estado que lo
envía abre una investigación casi automáticamente”, explica Moreno Ocampo.
Es decir, si lo hacen uno o varios Estados, tendría
más impacto, ya que no se trataría de una mera “comunicación” (algo que puede
presentar cualquier persona o institución) sino de una “referencia” (exclusivas
del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de
Roma).
Por el momento, ningún Estado americano ha expresado
su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las
delegaciones de la OEA ha dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias,
una iniciativa de Almagro y no de los países miembros. En las dos audiencias celebradas esta semana en la
sede de la OEA en Washington, apenas se vieron embajadores titulares y la mayor
parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos
(Cuba no participa) estuvieron vacías.
“Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15
delegaciones”, apunta Moreno Ocampo, que resta importancia al hecho de que
ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los
denunciantes en las sesiones. Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el
resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere “validar”
una actividad que considera “ilegal”, según explicaron fuentes de esa legación
a Efe.
Los representantes venezolanos pidieron que se
aclare cómo se financia la actividad, a lo que la Secretaría General de la OEA
respondió que se trata de “fondos externos y voluntarios” que se detallarán al
término de las audiencias. El país que más ha apoyado esta iniciativa
públicamente es Canadá, incluso con un comunicado de su ministra de Exteriores,
Chrystia Freeland.
Además, junto a Costa Rica (cuyo embajador estuvo en
las dos audiencias) y Argentina, dio el beneplácito al nombramiento de un
ciudadano del país como experto del panel sobre Venezuela. El grupo lo integran el exministro de Justicia de
Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de
la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH. Ellos
dirimirán si hay base para que la CPI investigue crímenes de lesa humanidad en
Venezuela.
Según el Estatuto de Roma, se considera “crimen de
lesa humanidad” hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación,
tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan “como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento
de dicho ataque”.